Juzticia
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La justicia retardada es injusticia, y esa es la razón por la que el legislador constitucional federal plasmó en el artículo 17 que: “La justicia debe impartirse en los plazos y términos que fijen las leyes y debe ser de manera pronta, completa, imparcial y gratuita”.
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La división de poderes tiene fundamentales razones siendo la principal el constituir contrapesos recíprocos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ello los juzgadores no pueden ser iguales o lo mismo que los diputados o cualquier integrante de los poderes Legislativo o Ejecutivo.
No obstante lo anterior, algo está pasando con la vocación para impartir justicia, se está deteriorando pues hasta en el Poder Judicial Federal, que es un poder notoriamente caro para el Estado, los Jueces de Distrito ocupan parte de su tiempo en busca de causas de improcedencia del amparo y los Tribunales Colegiados buscan omisiones formales de las autoridades, ambos evadiendo resolver el fondo de los juicios a pesar de que ese es el objetivo de los que demandan, es un desperdicio y una lástima que suceda eso.
Adicionalmente a las características propias de un juzgador, a ellos, al personal de los Juzgados, de las Juntas de Trabajo y de los Tribunales en general les son aplicables las reglas de los Servidores públicos establecidas en los artículos 109 fracción III de la Constitución Federal y 92 fracción III de la Constitución Local, dispositivos en los que se exige que los servidores públicos desempeñen sus funciones dentro de la legalidad, con honradez, con lealtad, con imparcialidad y sobre todo con eficiencia. No cualquiera puede ser juzgador, no cualquiera tiene los conocimientos, el criterio y la vocación de servicio para desempeñar esa función.
A nivel local, y no obstante que el sector productivo integrado por los empresarios y los trabajadores es el que da la vida económica, los Tribunales en los que se dirimen sus diferencias que son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tradicionalmente han sido el patito feo presupuestal de los gobernantes, en la actual administración gubernamental la problemática en dicho renglón no tiene comparación.
El Gobernador Francisco Vega, al inicio de su sexenio concesionó la administración e impartición de justicia laboral por un pago electoral, concesión que tuvo resultados notoriamente negativos, al menos en Tijuana, siendo el caso que a la fecha no se ha reparado el daño causado no obstante que ya hubo cambio de autoridades laborales y suponemos ya se saldó la deuda.
La lentitud e ineficacia en los procesos laborales en Tijuana generados principalmente por el incumplimiento reiterado en las notificaciones y emplazamientos, se ha traducido literalmente en una negativa de justicia para patrones y trabajadores que están sometidos a la incertidumbre de sus intereses en juego.
Es obvio que con interés y voluntad política y administrativa se puede afrontar y resolver la problemática de la administración de justicia laboral en Tijuana, sin embargo dicho interés y voluntad se han tardado al igual que la lentitud en los procesos.
Es tal la irregularidad, la irresponsabilidad y la ineficiencia en los emplazamientos y notificaciones, que algunos pensamos que pudieran estar incurriendo los actuarios en los delitos de Abuso de Autoridad y Administración de Justicia establecidos en los artículos 293 y 323 del Código Penal del Estado.
La lentitud desesperante en los procesos produce diversos perjuicios a las partes involucradas en los juicios; la ciudadanía puede tener problemas en sus fuentes de trabajo, en las instituciones educativas o en las políticas económicas, pero no puede ni debe tener problemas o retrasos en la impartición de justicia.
Sería injusto omitir la existencia de servidores públicos que son un ejemplo de vocación de servicio y que ojalá contagiaran de su entusiasmo y vocación a los demás, pero no son muchos y no podemos esperar que la suerte nos favorezca y nos toque que nos atienda.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
