“La sangre sirve para lavar las manos a los ambiciosos”.
George Gordon
El pasado 12 de diciembre se cumplieron 12 años de que dio inicio durante la vigencia del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.
Fue una apuesta por una estrategia de seguridad basada en la confrontación directa de los grupos delictivos por medio de las fuerzas armadas (Ejército, Marina, y Fuerza Aérea) y que ha arrojado una de las consecuencias más graves en la historia de nuestro país de más de 200 mil personas muertas.
Más de 35 mil personas desaparecidas y más de 300 mil personas desplazadas a casa de la violencia y de esta terrible “Guerra contra el Narcotráfico”.
Desde hace algún tiempo distintas voces han exigido un cambio definitivo en la estrategia de seguridad, la verdad es que su impacto en el curso de la política de guerra ha sido mínimo. También es cierto que la crisis sobre la Seguridad Nacional ha permitido abrir un debate sobre las posibles alternativas con el fin de romper la inercia bélica de esta guerra inútil, que ha tenido como fruto más desgracias que aciertos.
A pesar de los desafíos que enfrentan el combate a la delincuencia organizada y que seguirá enfrentando en el futuro se debe de aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa algunas dimensiones de las políticas de seguridad y de justicia que, si bien hasta ahora habían sido tratados en forma marginal, suponen elementos imprescindibles para una estrategia de pacificación de la vida nacional. Precisamente en este marco se inserta el de la política de la reinserción social de las personas liberadas. Hace aproximadamente un mes y medio se celebró en la Ciudad de México el Encuentro Latinoamericano por la Reinserción Social, este evento estuvo dedicado a estudiar y analizar los retos y oportunidades que enfrenta la región en esta materia.
A partir de los elementos vertidos por los ponentes participantes, me parece interesante ofrecer tres conclusiones sobre el papel de la reinserción social para un proceso alternativo de seguridad y serían los siguientes, a saber:
1.- Reinserción es prevención: Debe de entenderse que la reinserción social es una parte esencial para la construcción de un programa de prevención de la delincuencia y consiste en una serie de acciones orientadas hacia las personas que han cometido un delito para que éstas adquieran las capacidades y oportunidades que les permitan regresar a la sociedad cuando han cumplido su sentencia penal y de esta manera evitar que vuelvan a delinquir.
Es decir, que la reinserción social debería ser utilizada como una herramienta para romper los ciclos delictivos y de violencia al destituir los derechos de las personas liberadas y así propiciar la reconstrucción del tejido social.
En este foro internacional se analizó el caso colombiano ya que durante los últimos 15 años Colombia puso en operación una política de construcción de paz que contemplaba un programa de reintegración de las personas desmovilizadas por el conflicto armado y el programa incluía un enfoque integral hacia las capacidades de las personas para apoyarlos a superar sus condiciones de vulnerabilidad. Este proceso es tres veces menos costoso que el encarcelamiento y ha logrado reducir la cantidad de personas víctimas de conflicto armado de 866 mil 266 a 809359 en 2017.
Este es un caso que muestra que aun en condiciones extremas de violencia se debe apostar a los mecanismos de reinserción integrales y puede ser clave para los procesos de pacificación de manera altamente efectiva.
Una segunda vertiente es que “no se puede resolver con la justicia penal la injusticia social” como equivocadamente la nueva administración federal pretende de manera equivocada aplicarla en México.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A.C.
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