A raíz de que una sala de la Suprema Corte de Justicia aceptó para su análisis la ley de remuneraciones, se ha abierto un enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial. El Senado ha impugnado la resolución del ministro que la aceptó para su estudio y solicita que el Pleno resuelva. Este es un problema inédito. Hay que ser prudentes, el medio de solución es la política y las instituciones del sistema constitucional. A nadie conviene la confrontación.
Hay un viejo debate sobre el papel de los jueces en la política. Durante muchos años los jueces mexicanos evitaron participar en asuntos políticos. Pero todo cambió a partir de la Reforma de 1994, reforma que buscó que la Suprema Corte abandonara su rol tradicional para tratar de convertirse en un tribunal constitucional, pues esta reforma creó el recurso de inconstitucionalidad y también la acción de inconstitucionalidad. Dos temas eminentemente políticos, para resolver conflictos de poder o de leyes anticonstitucionales.
Ahora bien, es de la naturaleza del sistema de pesos y contrapesos que estableció nuestra República desde 1824, que un poder controle al otro y evite ejercicio abusivo de cualquiera. Si el Ejecutivo, encargado de aplicar la ley que aprueba el Legislativo, rebasa sus atribuciones constitucionales, el Poder Judicial al emitir sentencia los ajusta a lo plasmado en la Constitución. Lo mismo sucede con el Legislativo, si éste realiza un acto o crea una ley contraria a la Constitución, nuevamente el Poder Judicial lo obliga a actuar conforme a sus atribuciones.
Cuando los jueces violan la Ley o la Constitución, el Consejo de la Judicatura, órgano que administra y disciplina al Poder Judicial, los sanciona. Pero además existe el Juicio Político, a través del cual los ministros y jueces pueden ser quitados de su cargo por las cámaras, por violar la Ley. Como dijo el ideólogo Montesquieu, se trata de la división del poder: “que el poder detenga al poder” Así que no hay que asustarse de estas diferencias entre poderes.
En realidad está funcionando el sistema, no puede haber normas que en perjuicio se apliquen retroactivamente. Es decir, los sueldos de los próximos ministros, magistrados y jueces sí se podrían ajustar a esa Ley, pero no los actuales. Los ministros, magistrados y jueces son independientes en su ejercicio y dicha independencia se garantiza a través de dos instituciones constitucionales. La inamovilidad, a los ministros es por 15 años, a los magistrados y jueces, si son ratificados por un segundo periodo, el primero es de seis años, se considerara inamovible, sólo hasta su jubilación o por causales de remoción arriba señaladas. La otra garantía de independencia es su salario. La Constitución en su artículo 94 establece que no podrá ser disminuido durante el periodo de su encargo.
Ahora bien, ¿esto significa que el Poder Judicial podrá darse los sueldos que quiera? Claro que no. El Ejecutivo y el Congreso tienen también controles, pues el presupuesto es una iniciativa presidencial, que es aprobada por la Cámara de Diputados. Desde esta perspectiva, basta que la Cámara les apruebe un presupuesto más bajo del que piden, para que ellos mismos se ajusten los salarios, así no habría ningún ataque a su independencia, pero claro que se ajustarían al sistema nacional de austeridad.
Ahora bien, como abogado, creo en el Poder Judicial federal. En términos reales éste ha sido imparcial. La Corte lo fue hace algunos años, hasta que el Senador Emilio Gamboa y el PRI y el PAN nombraron puros incondicionales. Yo creo que es tiempo de cambiar, de transformar a esta Corte, crear un verdadero Tribunal Constitucional, con juristas imparciales, honorables y reconocidos. Algunos de los actuales no cumplen con este perfil, como Medina Mora, panista, salinista y peñista, quien no reunía los requisitos para ser ministro, pero lo pusieron ahí, como a otros, para que les cuidara las espaldas a los políticos corruptos (Léase mi artículo del 9/3/2015. “¿Un violador de derechos humanos en la Suprema Corte?).
Sí, este debe ser el camino: un nuevo tribunal constitucional, despedir a los actuales, no porque todos sean corruptos o solapadores de corruptelas, sino porque sería necesario borrón y cuenta nueva, un nuevo reinicio, una nueva filosofía, nombrar otros, transformar el Consejo de la Judicatura, quitándole el control al Presidente de la SCJ, modernizar el fuero, establecer como forma de ingreso y ascenso al Poder Judicial, un examen riguroso, teórico y práctico, incorporar más mecanismos de control, como la verificación anual de los bienes de jueces y magistrados. Es mi opinión.
¿Ustedes qué opinan?
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriguezlozano@yahoo.com
