Por lo menos hay tres casos de corrupción que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaría indultando a su antecesor, Enrique Peña: la “Casa Blanca”, los sobornos a Odebrecht y la Operación Zafiro que desvió recursos de siete estados al PRI en las campañas de 2015 y 2016. Analistas estiman que muchos de los votos obtenidos por AMLO fueron para que acabara con las prácticas corruptas y la impunidad. Otros casos de ineptitud o complicidad como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la fuga del “Chapo” Guzmán marcaron el sexenio de EPN
La fecha llegó y Enrique Peña Nieto entregó el poder. Aunque cordial, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, fustigó con dureza las gestiones y malos resultados de los últimos gobiernos neoliberales. Entre ellas, la peor, la del mexiquense, a quien le zumbaban los oídos ese primero de diciembre de 2018 en el Palacio de San Lázaro. Sólo algo podía consolar al ex mandatario en su triste despedida: el indulto a la corrupción cometida en su sexenio.
En su discurso de toma de protesta, López Obrador refrendó que no perseguirá a los funcionarios corruptos del pasado “porque no es mi fuerte la venganza, y porque no hay cárceles suficientes para castigarlos”. Pero advirtió a los servidores públicos de la nueva administración que será implacable con ellos.
Por lo menos en tres casos visibles se presume la mano de Peña Nieto en cuanto a corrupción, de acuerdo a lo que han expresado expertos en el tema como Daniel Kerner, analista político de Eurasia Group, y el periodista Raúl Olmos, especializado en investigar redes de corrupción e integrante del grupo de comunicadores internacionales Investiga Lava Jato, ambos entrevistados por ZETA.
FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM.- Peña Nieto
Kerner recordó. “Desde la ‘Casa Blanca’, el caso Odebrecht, cuestiones de obra pública, más muchas otras cosas, que en un contexto donde la justicia no avanza y no hay instituciones independientes que permitan investigar, están ahí. Y además del tema de derechos humanos, que claramente las denuncias de violaciones se hicieron muy extendidas”.
Olmos coincide y agrega la Operación Zafiro. implementada en 2015 y 2016 para desviar recursos de por lo menos siete estados de la República Mexicana para el financiamiento electoral de campañas del Partido revolucionario Institucional (PRI).
A los dos investigadores no les pareció nada correcto que López Obrador anunciara la exoneración de Peña Nieto y otros funcionarios de ese sexenio sin previa denuncia e investigación; es decir, sin que sea el Ministerio Público quien determine alguna presunta responsabilidad, y menos aún, se turne alguna carpeta de investigación ante un juez, autoridad encargada de la impartición de justicia.
Raúl Olmos calificó de lamentable el perdón anticipado: “Eso no debería de tolerarse, como sociedad deberíamos ser exigentes. Sí él ha alegado y dicho en forma constante que el pueblo es el que manda, la sociedad deberíamos exigir para evitar que estos hechos de corrupción queden impunes. El mensaje que le está dando a la sociedad, y peor aún a los corruptos, es que se puede delinquir y sin castigo. Y en este caso no debe tolerarse, porque además es un contrasentido del discurso que vino dando en toda su campaña de que iba a combatir la corrupción, y una de las primeras decisiones que toma aun antes de que tomara el cargo, es que va a otorgar perdón político a los corruptos para no desestabilizar al país, cuando lo que queremos es que se castigue”.
Por su parte, Daniel Kerner, autor del libro “Aplauso Perdido”, advirtió que un alto porcentaje de mexicanos que votaron por AMLO no votó para que hiciera “borrón y cuenta nueva”, sino “para que se terminara hacia adelante la corrupción, pero también para que los culpables de muchos de los problemas que hoy existen pagaran los costos, porque finalmente, digo, un ciudadano común si comete un crimen y lo cacha la Policía, lo va a pasar mal”.
LA “CASA BLANCA”
El 9 de noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones de MVS destaparon el escándalo sobre un inmueble propiedad de Enrique Peña Nieto en el fraccionamiento Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, un complejo multimillonario de tres construcciones. Un mes y medio antes había ocurrido la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Ese domingo, la nota se difundió en la revista Proceso y en la página web de Aristegui Noticias. La residencia valuada en 7 millones de dólares, localizada sobre la calle Sierra Gorda número 150, estaba registrada a nombre de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, SA de CV, filial de Grupo Higa, beneficiado en diversas obras por Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México.
López Obrador
Ese mismo día, una hora después, la Presidencia de la República emitió una versión que señalaba que la mansión era propiedad de la esposa del Presidente, Angélica Rivera, quien nueve días después, presionada por su consorte, difundió un video en el que -molesta por la crítica- aseguró que el inmueble efectivamente era suyo y lo había adquirido con el producto de sus años de trabajo como actriz en Televisa.
La solida investigación periodística estaba sustentada en documentos y se extendió posteriormente para demostrar que en diversas obras se benefició a la propia constructora y algunas otras empresas “favoritas” de Peña Nieto y su gabinete.
CASO ODEBRECHT
Otro escándalo se conoció cuando en Estados Unidos se reveló la corrupción que la empresa constructora brasileña Odebrecht practicó en por lo menos doce países, a cuyos representantes de gobierno sobornó con más de 430 millones de dólares. México figura en esa lista desde tiempos de Felipe Calderón, relación que continuó con Enrique Peña Nieto, presuntamente desde que era candidato a la Presidencia de la República y cuya campaña habría recibido fondos provenientes de dicha compañía.
En el país hay por lo menos dos investigaciones en la Procuraduría General de la República. Una está abierta en la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales; y la otra, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Luchando contra la opacidad gubernamental, el periodista Raúl Olmos, autor del libro “Gigante de Lodo”, expone el caso Odebrecht y la historia de corrupción en México.
“En el caso de la FEPADE es muy claro, se trata de un presunto financiamiento electoral de esta empresa en la campaña del PRI de 2012 que involucraría necesariamente al Presidente de la República, al saliente, a Enrique Peña Nieto”, indicó a ZETA.
En la investigación de Olmos, la punta de la madeja son las transferencias de fondos que dio Odebrecht por más de 3 millones de dólares en el curso de la campaña electoral de 2012; la segunda indagatoria tiene que ver con los sobornos pagados por contratos celebrados de la firma carioca con Petróleos Mexicanos (Pemex).
El periodista ha tenido que salir del país a investigar por medio de otros colegas en Perú y Brasil. Los sobornos iniciaron, dice, desde los tiempos de Felipe Calderón, “cuando obtuvo un primer contrato muy cuantioso para la refinería de Minatitlán. Luego tuvo más contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y éstos, todos, sin excepción, fueron por asignación directa, lo que nosotros llamamos coloquialmente por dedazo. Para obtener estos contratos fue que se acercó con políticos mexicanos, primero con la gente de Veracruz, luego con Emilio Lozoya, y así como fue que empezaron a gestionar beneficios a lo largo de los últimos años”, expuso.
Los expedientes de Odebrecht están reservados hasta 2023, a pesar de una resolución del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información que ordenaba a la Procuraduría General de la República hacer pública la información.
OPERACIÓN ZAFIRO
Instrumentada por actores del PRI en las elecciones que se realizaron en 2015 y 2016 para la difusión de las campañas y compra del voto, implicó el desvío de recursos públicos de siete estados del país para presunto financiamiento electoral de ese organismo político.
El caso fue desatapado por el diario The New York Times en 2017, recuerda el periodista Raúl Olmos, quien ha dado seguimiento en un intento de documentar que esos recursos desviados originalmente en el Estado de Chihuahua no se quedaron solamente ahí, sino que trastocó a otras entidades.
“Involucró a Sonora, Durango, Colima, Estado de México, el Congreso de Morelos y la alcaldía de Milpa Alta en Ciudad de México. Siete estados que desviaron por lo menos 650 millones de pesos para empresas fantasma, 12 empresas fantasma, que formaban parte de la red de Operación Zafiro, que según delatores y testigos protegidos de Chihuahua, tenían como objetivo financiar campañas en 2016 para el PRI”, señala Olmos.
Las autoridades federales se han abocado casi exclusivamente a investigar el caso Chihuahua, donde el gobierno local logró la aprehensión del ex
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secretario general del PRI, conocido como “La Coneja”. El gobernador Javier Corral ha establecido, por datos de la fiscalía, que la red de corrupción va más allá de este personaje y estima que estaría implicado Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente priista, e incluso Enrique Peña Nieto.
Ante esta situación, a finales de octubre de 2018, tanto el ex Presidente de México como miembros de su gabinete, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para blindarse contra eventuales investigaciones penales del gobierno de Chihuahua. La controversia fue admitida y a los quejosos les fue otorgada la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento.
Otra investigación que fue conocida como “La Estafa Maestra” involucró a diversos funcionarios del gabinete federal, de por lo menos once dependencias, en el desvío de más de 3 mil 433 millones de pesos derivados de contratos celebrados por 7 mil 670 millones de pesos con 186 compañías y universidades. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación advirtió que 128 de las empresas no reunían los requisitos para recibir recursos públicos, algunas de las cuales resultaron “fantasma”.
