Los dos menores asaltantes que fueron detenidos y consignados al Ministerio Público, a escasas 36 horas estaban de vuelta en las calles de El Sauzal. “Estamos de vuelta, bro” se jactó uno de ellos en redes sociales; la situación de las familias mexicanas con poca capacidad económica deriva en impunidad, aunado a que el sistema garantista permite casos judicializados en los que menores no pisan las celdas
Con apenas 15 años de edad, el jueves 8 de noviembre, Fabián cometió su primer delito al participar en un asalto en contra de una mujer mayor de 60 años.
Su estreno no fue como esperaba y, en vez de conseguir dinero, los vecinos que lo detuvieron infraganti en la delegación de El Sauzal en Ensenada, le propinaron una golpiza que le desfiguró la cara.
“Si no llega la Policía Municipal me lo matan, no podía ni comer y tiene la cabeza con heridas por las patadas”, narró su tía, encargada de realizar trámites para la liberación junto con el padre del menor.
Su condición de participar por primera ocasión en un acto delictivo tipificado en el Código Penal de Baja California, eximió al joven de la prisión y, por ser menor de edad, le permitieron regresar con su familia, que habita en una invasión localizada en la parte alta del poblado.
El otro compañero menor fue identificado como Daniel, de 17 años, quien de acuerdo a versiones de testigos, es la tercera ocasión que delinque en la zona y “a ese sí le tenemos miedo”.
Ambos pasaron 36 horas detenidos y, para poder liberarlos, la víctima retiró los cargos tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y la familia de los atacantes.
A través de su página de Facebook, Daniel mandó un mensaje a los pobladores, quienes manifestaron a ZETA, lo consideran amenazante: “Listos para dar acción, Krnalito-stupid”.
Por años, residentes de la delegación El Sauzal han vivido bajo un ambiente de homicidios, violencia y drogadicción, y piden se castigue a los menores con el peso de la Ley.
Los hechos ocurrieron a unos metros de altamente custodiada vivienda del alcalde Marco Antonio Novelo Osuna, a las nueve de la noche. La víctima regresaba de su trabajo en transporte público cuando fue atacada por los dos muchachos.
NIÑOS PURGAN CONDENAS EN LIBERTAD
El Centro Correccional de Menores en Ensenada apenas tiene diez adolescentes recluidos. El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) también resultó alentador para que éstos gocen su pena en libertad.
En las primeras dos semanas de noviembre de 2018, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvo por diferentes motivos -en su mayoría faltas administrativas- a 48 adolescentes, de los cuales cuatro fueron consignados al Ministerio Público.
Durante 2017 y 2018, 46 menores de edad fueron turnados al Ministerio Públicos por distintos delitos. Otros 49 casos fueron judicializados, no todos recibieron la pena de prisión. De acuerdo con la estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la mayoría de los casos judicializados de adolescentes son por narcomenudeo, abuso sexual a menores de 14 años o incapaces, violación equiparada y daño a propiedad ajena.
MENORES NO SON REDITUABLES AL GOBIERNO
Si bien, existen tratados y protocolos internacionales que protegen a los menores de edad, se conjuga con la presencia de un sistema penal garantista que genera impunidad, opina José Ángel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados en Ensenada, Asociación Civil.
El experto en materia penal definió la situación de los menores como un esquema donde lo ideal es que los padres respondan por el daño patrimonial de éstos, sin embargo, hipotéticamente, la situación de las familias mexicanas con poca capacidad económica deriva en impunidad, “es un tema que los abogados no hemos volteado a ver porque los menores por desgracia son un mercado muy limitado, y por otro lado, los ofendidos son doblemente victimizados, tienen que contratarnos para una asesoría y luego para que les reparemos el daño”, detalló el consultado.
Para los abogados es un problema administrativo, ya que la PGJE carece de personal para ayudar a los ofendidos no sólo en materia de orientación para exigir civilmente la reparación del daño, sino el daño moral causado.
Bustamante consideró que el Estado no ha apostado lo suficiente al tema, por no tratarse de fines recaudatorios; políticamente es dinero que no se ve.
“Este gobierno hace oídos sordos a la procuración de justicia porque no es un servicio público que reditúe hacia el mismo gobierno, y tenemos muchos temas rezagados”, apuntó el penalista.
VECINOS HACEN JUSTICIA POR PROPIA MANO
Sobre el arresto de los menores Fabián y Daniel, el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jorge Íñiguez Díaz, expresó que conforme al reglamento los detuvieron la noche del jueves 8 de noviembre; posteriormente fueron trasladados a las celdas para menores y de inmediato consignados al Ministerio Público.
Pero poco antes, los policías municipales llegaron a tiempo para evitar una tragedia en las calles Francisco I. Madero y Primera del poblado donde encontraron a la multitud que golpeaba al menor Fabián, mientras que el otro corrió sin rumbo fijo.
Sobre las calles Isla San Marcos y Cuarta, los elementos intervinieron a Daniel cuando trataba de huir y también lo arrestaron. Los vecinos lo señalaron como quien junto con otro muchacho había robado el bolso a una mujer.
REGRESAN A LAS CALLES SIN VIGILANCIA
A versión de la familia, ni Fabián ni Daniel fueron sometidos a una sanción correccional y regresaron a las calles, sin embargo, al no haber supervisión de los padres o tutores, hay altas posibilidades de que reincidan.
La PGJE informó que hay sanciones establecidas a cumplir por mayores de 15 años, como regresar a la escuela, prestar servicio social en favor de la comunidad, de las víctimas o instituciones de beneficencia pública o privada.
O bien, tener un trabajo, oficio, arte, industria o profesión en el plazo que el juez determine; esto de no contar con medios propios de subsistencia, siempre y cuando su edad lo permita.
En caso de hechos tipificados como delitos sexuales, destaca la obligación de integrarse a programas de educación sexual que incorporen la perspectiva de género, amén de participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones.
Menores reclusos piden trabajo en prisión
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el Informe de Supervisión ISP-6/2018, dirigido al gobernador del Estado de Baja California Francisco Vega de Lamadrid.
Se trata de factores que pueden derivar en casos de tortura o maltrato a personas internas en el Centro de Tratamiento para Adolescentes en Ensenada, como condiciones deficientes en instalaciones, no tener áreas de ingreso, protección, sancionados, talleres, visita familiar e íntima.
De igual forma, malas condiciones de mantenimiento en el dormitorio de mujeres, carencia de iluminación y ventilación, además de grietas y filtraciones, con un solo inodoro.
Los adolescentes entrevistados calificaron de mala la calidad, preparación y presentación de los alimentos, lo que transgrede el derecho humano a la alimentación nutritiva.
En cuanto al trato recibido a su ingreso, la mitad afirmó que en materia de reinserción social falta personal para el área laboral y deportiva, no hay trabajo remunerado y las visitas son en un pasillo denominado “yarda”.
Tampoco hay teléfonos públicos para uso de las personas privadas de la libertad y, de incumplir una medida disciplinaria, les suspenden las actividades del Programa Personalizado de Ejecución.
Para concluir, se estableció que en el Centro de Tratamiento para Adolescentes faltan programas y protocolos para prevenir o atender homicidios, suicidios, evasiones, riñas, huelgas de hambre y motines, así como rampas para el desplazamiento de personas con discapacidad física.
