Con 70 votos a favor y 47 en contra, las bancadas de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aprobaron en lo general, en el pleno del Senado de la República, el dictamen de la Ley Orgánica de Fiscalía General de la República.
Mientras que los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra del dictamen, el cual, consideraron, no asegura la autonomía del fiscal del presidente en turno, ya que no contempla reformas al artículo 102 de la Constitución.
La iniciativa de la Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
El documento señala que la Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía y la ejecución de la planeación estratégica de transición.
Por su parte, el colectivo #FiscalíaqueSirva rechazó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador, por considerar que pone en crisis el sistema de procuración de justicia y echa por tierra los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma.
“El involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ello los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana”, informó a través de un comunicado.
El colectivo indicó que a pesar de que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la LSI, la política de seguridad anunciada por el presidente electo pretende reformar la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas.
Pero no así para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos, abundó el colectivo.
