Destaca la desincorporación del sector de seguridad, prisiones y protección civil de la Secretaría de Gobernación. La nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá bajo su mando al CISEN. Se crean las delegaciones para Programas de Desarrollo en cada entidad y oficinas de Representación del Gobierno Federal. La Secretaría de Salud incorporará establecimientos de medicina tradicional complementaria a los esquemas existentes. En educación se materializa la eliminación de la evaluación punitiva de docentes y se fomentará la lectura en todo el país
Con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que quita la carga de algunas facultades a la Secretaría de Gobernación, y el cambio de nombre de otras dos secretarías de Estado, algunas variantes en estructura y funciones del resto de dependencias, la Administración Pública Federal que encabezará el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se declara lista para iniciar su sexenio.
Enmarcada en cuatro líneas estratégicas, la visión de gobierno 2018-2024, se sustenta en: Gobernabilidad Democrática y Seguridad Pública; Política de Bienestar; Eficiencia, Transparencia y Combate a la Corrupción; e Impulsar el Crecimiento Económico y la Equidad Social.
A través de la reforma, adición y supresión de diversas disposiciones de 27 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se determinó que serán 19 secretarías de Estado (una más que en la gestión de Enrique Peña Nieto) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, las que conformen la espina dorsal del periodo de López Obrador.
Las secretarías que cambian de nombre son la de Desarrollo Social (Sedesol), que ahora será Secretaría de Bienestar; y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que a partir del 1 de diciembre de 2018 será simplemente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Entre los principales cambios en la estructura del Poder Ejecutivo de la Unión se tendrá la Oficina de Presidencia, que con la intervención de la Secretaría de Gobernación, a través de unidades administrativas, dictará la política de comunicación social. También definirá las políticas de gobierno digital y se encargará de difundir y proyectar el derecho a la Memoria de la Nación, además de dirigir las delegaciones, locales y regionales, de Programas para el Desarrollo.
En otro punto, se sustituyen las oficialías mayores de las dependencias por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados y removidos por el secretario de Hacienda y Crédito Público, exceptuándose las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con una Oficialía Mayor que consolidará las compras y la administración de las Unidades Administrativas, además de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público e integrará un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la administración pública federal, con el propósito de realizar su verificación e identificar concurrencias o duplicidades.
REPRESENTACIÓN Y DESARROLLO
Como ya se había anticipado, el gobierno de López Obrador realizará una revisión integral de las actuales 2 mil 300 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas de Representación de dependencias y entidades federales existentes, que deberán presentar los resultados de la revisión integral ante el Ejecutivo Federal. Aquellas Delegaciones que actualmente existen y no sean consideradas útiles y resulten onerosas, será suprimidas.
Con cambio de nombre, subsistirán las oficinas que atienden trámites y procedimientos que requieran algunas Secretarías de Estado o dependencias de la administración, las cuales ahora se llamarán “Oficinas de Representación”.
Lo que habrá ahora serán nuevas Unidades Administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, de las que existirá una por cada entidad federativa. Sus funciones serán coordinar las acciones entre las autoridades estatales, municipales y el Ejecutivo Federal para verificar las acciones estratégicas en materias prioritarias. Deben efectuar la supervisión del cumplimiento en las prestaciones de servicios y trámites a cargo de las dependencias en los estados y desarrollar tareas de concertación y actividades para promover planes y programas del Gobierno Federal.
Los Titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, serán designados y dependerán jerárquica y funcionalmente del Coordinador General de Programas para el Desarrollo y contarán con las facultades que señale el Reglamento de la Oficina de Presidencia.
Las Oficinas de Representación atenderán las necesidades del Titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo respectiva, únicamente para efecto de enlace las entidades federativas y la autoridad federal.
Se establece un periodo de transición de 180 días, contados a partir de la publicación del Reglamento respectivo, a efecto de que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo quede constituida y otro, de igual duración, a efecto de que las dependencias presenten al Ejecutivo Federal un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y vialidad de mantener determinadas Oficinas de Representación.
DE SEGOB A SEGURIDAD
A partir del 1 de diciembre, la Secretaría de Gobernación será reestructurada en tres subsecretarías: Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; Derechos Humanos, Migración y Población; y, Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos, sin que tales cambios supongan un impacto presupuestal. Se desliga de las tareas de Seguridad Pública, Seguridad Interior, Seguridad Nacional y Protección Civil.
Las atribuciones en las materias referidas ahora se incorporan a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cuyas facultades destacan las obvias de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, además de proponer al Ejecutivo federal, la política criminal a seguir para coadyuvar en la prevención del delito.
Desde luego que la SSPC ejercerá el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, proponiendo acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tendrá bajo su mando a la Policía Federal.
Asimismo, se estableció que además de proponer políticas, acciones y estrategias en materia de prevención del delito y política criminal al Consejo Nacional de Seguridad Pública, también deberá efectuar estudios (en coordinación con la Fiscalía General de la República) sobre los actos delictivos no denunciados (la llamada “cifra negra”) e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito.
Una novedad más es que la SSPC tendrá bajo su organización, dirección y supervisión al aún Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), que se transformará en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del que no se da mayor detalle. El esquema de la ejecución de penas por delitos federales y la administración del Sistema Penitenciario Nacional y de Justicia para Adolescentes, también se incorpora a esta secretaría.
Otra de las tareas de Seguridad y Participación Ciudadana será proporcionar a la Secretaría de Gobernación la información para que ésta publique y actualice una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mismas.
La SSPC auxiliará al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República, cuando así lo requieran; coordinará la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal con el debido intercambio de datos entre autoridades competentes; otorgará las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad y supervisará su funcionamiento; presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente de la República; y encabezará la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en la cual nombrará a su secretario técnico, al igual que a quien titulará la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. De igual forma, propondrá el nombramiento del comisionado general de la Policía Federal al Presidente de la República.
Como si no bastaran las funciones policiales, de inteligencia, información de seguridad nacional, política criminal, prisiones, desaparecidos, seguridad privada, corresponderá a la SSPC conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre. Deberá coordinarse con todo tipo de autoridades y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo.
OTRAS SECRETARÍAS
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le otorgará la administración y operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), que desde 2006 corría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, transfiriéndose así los recursos materiales, financieros e informáticos actualmente asignados a esta última.
A la aún Sedesol, cuyo nombre se modifica por el de Secretaría de Bienestar, le serán incrementadas sus facultades para participar en la políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. Gestionará la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social, el empleo en el ámbito rural y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la pobreza y desarrollo humano, entre otras.
Por su parte, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá la regulación y vigilancia de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, así como la protección de las cuencas alimentadoras y la ejecución de obras de corrección torrencial. También, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy Sagarpa), organizará y manejará la explotación de los sistemas nacionales de riego e impulsará acciones que garanticen el acceso al agua para el sector productivo y energético, a través del otorgamiento de concesiones.
La Secretaría de Energía será potencializada en sus facultades para que realice y apoye estudios e investigaciones en materia energética, promueva medidas que garanticen el abasto de petróleo y gas, y establezca políticas de estímulos y promoción al uso de energías renovables.
La Secretaría de Economía tendrá por atribuciones formular y conducir la política nacional en materia minera, y promover en zonas de producción minera la construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado. También -junto con otras dependencias- llevará a cabo la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.
La flamante Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá por asignatura asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las secretarías de Economía, y de Bienestar, bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales, contribuyendo con ello a la seguridad alimentaria.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora tendrá a su cargo la coordinación, autorización e instrumentación de la normatividad aplicable en materia de acceso y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (conocidas como TIC). Será la encargada de vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital y definir las de gobierno abierto y datos abiertos del Gobierno Federal en términos de las disposiciones aplicables.
Los recursos para el funcionamiento de los Órganos Internos de Control de las entidades y dependencias, así como las Unidades Administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quedarán adscritas presupuestalmente a la Secretaría de la Función Pública, de la cual continuarán dependiendo jerárquica y funcionalmente.
En cuanto a la Secretaría de Educación Pública, se le dotará de competencias esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a otros bienes sociales, por lo que se deroga la evaluación punitiva. En la reforma a la LOAPF se destaca que la SEP establecerá en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema destinado a obtener, transformar y poner al alcance de la sociedad, información sobre el sistema educativo nacional.
Destaca el fomento a la lectura en todo el país, especialmente entre la niñez y la juventud, así como crear repositorios en bibliotecas, tanto físicas como digitales, dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria histórica y cultural nacional, regional, local y comunitaria.
La Secretaría de Salud tendrá la facultad para crear y administrar establecimientos de medicina tradicional complementaria y para la formación de recursos humanos en salud. También podrá diseñar y conducir políticas tendientes a garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes, así como la producción nacional de medicamentos.
Las entidades descentralizadas Liconsa, SA de CV y Diconsa, SA de CV, quedarán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Vivienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
