A través del Movimiento Defensa Jubilación Dinámica, el magisterio presentó una denuncia de juicio político en contra de Javier Meza López, director de ISSSTECALI, así como de los funcionarios que resulten responsables, tanto de ese instituto como del gobierno del estado de Baja California.
La solicitud del juicio político se hizo este jueves 1 de noviembre ante la mesa directiva de la XXII Legislatura del Congreso del Estado que preside la diputada Rocío López Gorosave, por parte de Viviana Leticia Guerrero Díaz, Susana Rangel, Sofía Bolaños, Salvador Espinoza y Ramón Orozco, integrantes del movimiento magisterial recientemente conformado.
El argumento para tal petición es la omisión en la que, señalan, incurrieron tanto las autoridades de ISSSTECALI como del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid de no cumplir con el pago a los pensionados del magisterio que esta semana no recibieron su pago, situación que los dejó “en estado de incertidumbre”, se lee en el documento también depositado en la Dirección del Instituto.
El no pago a los pensionados “provocó la molestia del magisterio Estatal y de toda la ciudadanía al manifestarse masivamente ante las autoridades públicas por el incumplimiento de sus obligaciones financieras y sociales”, se expuso.
La protesta de los maestros en activo, en apoyo a los docentes en retiro, causó “afectación a los padres de familia, alumnos, a la calidad educativa y al interés superior de miles de niños y jóvenes en todo el estado”, se subrayó en la denuncia.
En la solicitud de juicio político se pidió dar parte a las autoridades del Ministerio Público correspondiente, el incumplimiento en el que incurrió el gobierno de Baja California de no cumplir el 30 de octubre con el pago de la nómina de los pensionados, sin haber cumplido con la normatividad vigente, la cual establece que antes de una medida de esa naturaleza, la autoridad correspondiente debe primero notificar a la parte afectada.
La autoridad no solo no notificó a los maestros en retiro del no pago, se subrayó en la denuncia, sino que tampoco buscó alternativas para poder cumplir con esta obligación contractual previamente etiquetada en la nómina y, por ende, preestablecida en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado.
