El INE nombró a los nuevos consejeros electorales de BC
con evidentes lazos y filias partidistas. Los encargados de
organizar las próximas elecciones están marcados por la
sospecha, los afectos políticos, e incluso el conflicto de
intereses. Alberto Aranda, ex funcionario de gobiernos
del PAN, por ejemplo, mantuvo una demanda contra el
Instituto por más de 15 mdp y hoy será parte los que
toman las decisiones dentro
El Consejo del Instituto Estatal Electoral seguirá teniendo miembros vinculados a los intereses de los partidos políticos, especialmente del que gobierna el Estado de Baja California, el Partido Acción Nacional.
El pasado jueves, 1 de noviembre, tres nuevos consejeros tomaron protesta como integrantes del Instituto Electoral en el Estado: Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda y Olga Viridiana Maciel Sánchez, estos dos últimos plenamente identificados con Acción Nacional y con el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.
El árbitro con el que se jugarán las elecciones del 2019, tiene un color predominante que podría beneficiar a quien gobierna desde el Poder Ejecutivo y sus candidatos. La certeza del proceso comienza bajo sospecha.
Los cambios legales que trajo la reforma política del 2014-2015 establecieron –entre otras reglas electorales– que por primera vez, los integrantes de los Consejos Electorales en los Estados del país, serían elegidos por medio de un proceso de evacuación establecido desde el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aquellas normas constituyeron los lineamientos del proceso de selección, es decir, que los aspirantes al consejo deberían de aprobar a una serie de evaluaciones técnicas y de conocimientos. De tal suerte para evitar que quienes obtuvieran el cargo electoral mostraran conocimientos y no respondieran a los partidos políticos.
Anteriormente, los consejeros eran elegidos por la Cámara de Diputados locales, en donde, por acuerdos de las fracciones de los partidos y en base a los acuerdos y negociaciones, cada partido se repartía un número de consejeros electorales. Y en teoría, la reforma acabaría con las cuotas y las representaciones partidistas de facto en el árbitro electoral local.
Pues, evidentemente, en contra del espíritu de la norma jurídica y la imparcialidad, el INE aprobó el nombramiento de los tres nuevos integrantes, con simpatías y relaciones claras con los partidos y corrientes políticas en el Estado.
Estos tres espacios otorgados, habían sido los mismos que, desde septiembre, dejaron acéfalos los consejeros Bibiana Maciel, Helga Casanova López y Rodrigo Martínez Sandoval a quienes en 2015 se les nombró por un periodo de tres años.
Desde aquel mes, el Consejo Electoral había trabajado incompleto, solamente con cuatro integrantes: Clemente Custodio Ramos Mendoza, su presidente, Graciela Amezola Canseco, Gabriela Soberanes y Daniel García García, a excepción de éste último, todos con vínculos con los gobiernos del PAN, sobre todo, Amezola y Soberanes.
LOS NUEVOS BAJO LA SOMBRA DE LOS PARTIDOS
Jorge Alberto Aranda Miranda es el más claro ejemplo que a pesar de los filtros de los exámenes, de las entrevistas y análisis curricular organizado por el INE, una figura con cuestionables relaciones panistas puede llegar a sentarse al Consejo Electoral.
Alberto Aranda forjó la mayor parte de su carrera profesional en los gobiernos panistas de Baja California, siendo cercano de ex gobernadores y secretarios de Estado, incluso, obviamente, siendo su subordinado.
Tan sólo con decir que el recién nombrado consejero fue por cinco años subsecretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado en las administraciones panistas, tanto en el periodo del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther como en la de José Guadalupe Osuna Millán, cargo que se otorga tradicionalmente a cuadros de confianza que manejan los padrones de beneficiarios públicos y que terminan siendo las bases electorales de los gobiernos en turno.
Pero el hoy consejero fue un hombre de confianza para los mandatos del PAN, pues también fue nombrado director en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Baja California y director de los Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En el 2013 fue uno de los consejeros electorales abiertamente propuesto por los entonces diputados del PAN, principalmente por Cuauhtémoc Cardona.
Sin embargo, la historia de Aranda Miranda en los gobiernos del PAN es larga pues también colaboró en el gobierno de Ernesto Ruffo Appel. De ahí pasó como director del Registro Estatal de Electores.
De acuerdo a denuncias formales, en 2014 Aranda fue señalado por tener militancia panista junto con otra consejera, por ello se le solicitó al Instituto Nacional Electoral su destitución inmediata.
Además, Aranda mantenía una denuncia laboral contra el Instituto Electoral por su despido, en la cual solicitaba su reinstalación y el pago correspondiente superaba los 15 millones de pesos de acuerdo del denunciante, el abogado, Joel Anselmo Jiménez Vega.
Ninguno de estos datos fue materia en las entrevistas que realizaron los consejeros del INE para elegir entre 10 finalistas a Aranda como consejero electoral de Baja California.
TAMBIÉN PARA EL PRI
Con solamente dos participaciones profesionales en materia electoral, Olga Viridiana Maciel Sánchez es otra de las recién consejeras. A pesar de que en la entrevista con los consejeros del INE se le preguntó si mantenía algún vínculo con algún partido político, Maciel lo negó.
Sin embargo, en 2013 formó parte de un grupo de “profesionistas” que hicieron público su apoyo al entonces candidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, quien encabezó la coalición del PRI.
En aquellos comicios el PRI perdió la gubernatura, pero ganó la alcaldía de Tijuana. Así que la abogada que se sumó a la campaña apareció en la nómina del ayuntamiento como coordinadora de recepción de quejas en la sindicatura municipal.
Sin renunciar a su cargo en el gobierno del PRI, Olga Viridiana, fue nombrada como presidenta de un consejo Distrital en las elecciones del 2016 en donde el Colegio de Abogados en Materia Electoral, asociación cercana a la hoy consejera, apoyó la candidatura a la alcaldía de Tijuana de René Mendivil.
“No tenía la calidad de directora, no estaba impedida. Mi cargo era compatible… no hubo mayor problemática en cuanto a eso…”, respondió en su entrevista con los consejeros al ser cuestionada por su doble función pública.
EL CONSEJERO #YOSOY132
Alfredo Abel Muñoz Pedraza es el otro nuevo consejero. De perfil académico y sin vínculos directos con algún partido político. Su último cargo fue la titularidad de la unidad técnica del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero, en el Instituto Electoral de Guanajuato en donde actualmente reside.
Alfredo Abel Muñoz Pedraza tiene un doctorado, es originario de Mexicali pero estudió en Tijuana. En su entrevista con los consejeros dijo que le gustaría impulsar “varias temáticas” como la de “género y violencia política” hacia la mujer.
