A diez días del estallido a huelga por el Sindicato de Burócratas, los habitantes de Tecate han tenido que enfrentar la falta adecuada de vigilancia policiaca, servicio de bomberos y de recolección de basura, mientras que para los trámites de registro civil apremiantes, como las actas de defunción, tienen que trasladarse a Tijuana a requerirlos. Con ese caos, la alcaldesa optó, una semana después de tomado su gobierno, a buscar el apoyo del gobierno del estado y federal
A diez días de paralizado su gobierno la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González, inició un acercamiento con el Sindicato de Burócratas que desde la mañana del 13 de noviembre estalló en huelga y tomó oficinas, impidiendo así el desarrollo de cualquier actividad administrativa.
Durante una semana la Policía Municipal y Bomberos operaron sólo con unos cuantos elementos, aun con todo y que el índice de criminalidad e incendios se agudizaron durante el mes de noviembre.
La recolección de basura se paralizó, lo que comenzó a provocar focos de infección en algunos puntos del Pueblo Mágico, municipio que a diario genera alrededor de 90 toneladas de desechos. Sin buscar una negociación con los sindicalizados la alcaldesa convocó a la sociedad para que apoyara con la colecta de basura. Los particulares se sumaron solventando de manera parcial el problema.
Los huelguistas no cedieron en su postura. Contrario a ello, a la demanda de aumento de un 6% al salario y canasta básica, así como de un 5% a previsión social, decidieron exigir por la vía penal la retención de casi siete millones de pesos de cuotas sindicales y apoyos funerarios que el Ayuntamiento de Tecate les ha descontado durante las tres últimas administraciones municipales, contando la de Nereida Fuentes, y que no ha reportado al Sindicato de Burócratas. La demanda la presentaron el lunes 19 de noviembre.
Ello provocó que al día siguiente la alcaldesa que había dejado plantado al Sindicato de Burócratas en la audiencia conciliatoria convocada por el Tribunal de Arbitraje de Baja California el jueves 8 de noviembre, se decidiera atender la crisis de su administración, recurriendo al auxilio del gobierno federal el miércoles 21 de noviembre.
En el trance del gobierno de Nereida, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid tuvo que entrar al quite como intermediario para lograr un acercamiento entre el Sindicato de Burócratas y la administración de XXII Ayuntamiento de Tecate, logrando reunirlos en Tijuana la mañana de este jueves 22 de noviembre, diez días después de que el Pueblo Mágico se ha mantenido sin gobierno.
Al adeudo que el gobierno de Tecate enfrenta con los trabajadores de base, se suma la deuda histórica que desde 2010 tiene rezaga con ISSSTECALI, la cual asciende a 796 millones 390 mil 958 pesos… y contando.
EL ESTALLIDO
A primera hora del martes 13 de noviembre, con el aval del Tribunal de Arbitraje de Baja California, los 454 empleados sindicalizados tomaron los 25 puntos donde el gobierno municipal de Tecate ofrece atención al público, sitios en donde colgaron banderas rojinegras, colocaron candados e instalaron carpas donde, divididos en grupos, se mantienen en un plantón permanente.
Nereida Fuentes González primero fue acusada ante el Tribunal “de incumplimiento a las condiciones generales de trabajo” por el Sindicato de Burócratas de Tecate que dirige Serafín Ferreyra Magaña.
El Tribunal convocó a ambas partes a una reunión conciliatoria el jueves 8 de noviembre, pero la alcaldesa tomó la decisión de no acudir, bajo el argumento de que no estaba en posibilidades de otorgar los aumentos demandados por los trabajadores de base; respecto al cumplimiento de acuerdos y cuotas, sostuvo que “existe el cumplimiento de las condiciones vigentes”, mencionando la entrega de anillos y uniformes, entre otros, pero sin mencionar la no devolución de cuotas sindicales y apoyos funerarios retenidos durante su administración y no reportados en forma completa al Sindicato “lo que suma un adeudo de 825 mil pesos”, anotó Ferreyra Magaña.
Esta postura de la alcaldesa derivó la paralización de labores el 13 de noviembre, mismo día que tanto él como dirigente de los burócratas de Tecate, así como Arturo Gutiérrez Vázquez, secretario general de los Burócratas de Baja California, se dijeron “a la espera de conciliar la situación”.
Diez días después, al cierre de esta edición la huelga y toma del gobierno de Nereida Fuentes se mantenía de manera permanente por parte de los empleados de base, lográndose apenas una primera reunión entre el secretario y Tesorero del Ayuntamiento de Tecate, Magdaleno Montiel Blancas y Juan Manuel Durán Morales, respectivamente y el Sindicato de Burócratas.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ALCALDESA
Desde el inicio del XXII Ayuntamiento de Tecate, Nereida Fuentes González se negó a cubrir un adeudo pendiente de 6 millones de pesos que sus antecesores, los ex alcaldes Javier Urbalejo y César Moreno, quedaron debiendo al Sindicato de Burócratas por cuotas retenidas a los 454 empleados sindicalizados.
A decir de Serafín Ferreyra Magaña, la alcaldesa se negó a asumir esa deuda por no haberse originado durante su administración. A cambio “se comprometió a ir al corriente con las aportaciones al Sindicato y no cumplió”, señaló Serafín Ferreyra.
El líder sindical acusó a la administración de Nereida de retener en cuatro ocasiones un día completo de salario a los trabajadores de base, derivado del fallecimiento de cuatro de sus compañeros.
Explicó que el Sindicato tiene un acuerdo con el municipio de que al fallecer un trabajador de base se descuente vía nómina un día de salario a cada sindicalizado, dinero que debe ser entregado al Sindicato para que éste a su vez lo entregue a los deudos.
Esa retención, sumada al cobro de cuotas retenidas a través de la nómina y no reportadas al Sindicato sumaron la cantidad de 1 millón 100 mil pesos, de los cuales el gobierno sólo reportó una cuarta parte, quedando pendiente por cubrir 825 mil pesos.
Es por esta cantidad y lo acumulado por el XX y XXI Ayuntamiento de Tecate lo que llevó al Sindicato a presentar una denuncia penal “por el delito de abuso por retención en perjuicio del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California”, querella registrada bajo el Número Único de Caso 0203-2018-05631.
“Decidimos denunciar porque a este gobierno le queda menos de un año y no queremos que deje deudas pendientes con el Sindicato que el nuevo gobierno que entre no quiera asumir, como sucede actualmente”, acotó Serafín Ferreyra.
Juan Manuel Durán Morales, Tesorero municipal, reconoció el adeudo por la retención de “un día de haber” como se le denomina a esa cuota para deudos, añadiendo que “tenemos un acuerdo de pagar a plazos cuyo término se venció hace dos semanas que no hemos podido cubrir por el estallido a huelga”.
EL CAOS
Falta de recolección completa de las 90 toneladas de basura generadas a diario en el Pueblo Mágico, así como la emisión de un promedio de 350 actas de defunción, matrimonio y nacimiento a en promedio se emiten cada día en el Registro Civil de Tecate, son las principales afectaciones que los tecatenses enfrentan desde la toma de oficinas del Sindicato de Burócratas.
A ello se suma la muerte de dos perros por falta de atención, cachorros que eran resguardados en las instalaciones del antirrábico de Tecate.
La falta de mantenimiento de espacios públicos como parques y jardines son las menores de las afectaciones registradas a diez días del estallido a huelga de los trabajadores sindicalizados.
Algunos habitantes de Tecate, afines al gobierno de Nereida Fuentes, coadyuvan con vehículos y personal para la recolección de basura, como el caso de Gerardo Quezada, representante por Tecate ante la Comisión Interdisciplinaria de los Centros de Rehabilitación en el Estado.
Como estrategia, se determinaron puntos para que los habitantes coloquen su basura de donde es colectada en camionetas de particulares, sitios que el Sindicato de Burócratas catalogó como “basureros a cielo abierto”. Mientras que el diputado por Tecate, Benjamín Gómez, advirtió que la falta de recolección regular de basura “ya hizo crisis en Tecate”.
Para realizar trámites de actas, incluyendo la de defunción, los residentes del Pueblo Mágico se han visto obligados a trasladarse a Tijuana para realizar esas diligencias.
En cuanto al servicio de vigilancia policiaca, desde el inicio de la huelga el Sindicato acordó dejar a 15 policías, de 150 que conforman la plantilla, para la realización de tan importante labor, mientras que cinco bomberos, de 80, se mantienen en guardia.
Ante ello, la alcaldesa recurrió al auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la realización de operativos de vigilancia hasta el miércoles 21 de noviembre, día en que los 150 policías retornaron a sus labores, derivado de una orden del Tribunal de Arbitraje de Baja California.
DESORDEN ADMINISTRATIVO
Con un presupuesto anual de 690 millones de pesos el XXII Ayuntamiento de Tecate se declaró sin viabilidad financiera para incrementar el gasto de servicios al personal de base, por lo que no aceptó incrementarles el salario en un 6% para 2019, como lo demandó el Sindicato de Burócratas.
Peor aún, sin solvencia económica ni siquiera para cumplir con el gasto corriente del último trimestre del 2018 tuvo que recurrir a un crédito a corto plazo de 30 millones de pesos.
El financiamiento, expuso Nereida Fuentes, es la única manera de garantizar el pago de catorcenas, bonos, y aguinaldos en tiempo y forma “en este momento de crisis financiera de nuestro municipio”.
Además del pago de nómina, el nuevo empréstito “posibilita el equipamiento de las áreas de servicio y seguir haciendo frente al derecho a la seguridad social de los trabajadores”, anotó.
Al nuevo compromiso financiero se suman los 796.3 millones de pesos que Tecate adeuda a ISSSTECALI desde 2010, con todo y que la actual administración ha tratado de cumplir en la parte que le ha correspondido. “Hemos aportado a ISSSTECALI 40 millones por retenciones de cuotas sindicales y aportación patronal”, precisó el tesorero Juan Manuel Durán Morales.
En forma adicional, el Instituto se tomó la facultad de retener las participaciones estatales, lo que sumado a lo cubierto por la administración municipal, ha cobrado al actual gobierno un total de 51 millones de pesos.
Adicional, enfrenta la deuda pública de 160 millones de pesos que a largo plazo contrajo César Moreno, cuyo pago se garantizó con recursos de las participaciones federales.
A esa cadena de compromisos financieros se suma la obligación de tener que cubrir 16 millones de pesos por 14 demandas laborales perdidas en tribunales y que ya causaron ejecución.
“No tenemos para cubrir esos compromisos, menos para cubrir los aumentos demandados por el sindicato”, concluyó Durán Morales.