Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, acordó reabrir la causa que la Sala de lo Penal de la misma institución archivó hace dos años, de la investigación sobre Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal con el Cártel de los Zetas.
Según informó el diario español El País, basado en fuentes judiciales, la reapertura de la investigación se derivó del testimonio de dos testigos en San Antonio, Texas, que señalan al político mexicano en un supuesto blanqueo con sus empresas.
El juez dictó este miércoles un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria, o de auxilio judicial, a San Antonio, Texas, para interrogar a las dos personas que acusan al también ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra a México para que se investiguen las sociedades del político.
Moreira Valdés fue detenido el 15 de enero del 2016, en Madrid, para ser puesto en libertad una semana después. Luego, el 25 de mayo de ese mismo año, la la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó archivar la causa en contra del ex gobernador, en un auto firmado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen González y Juan Francisco Martel.
La decisión del magistrado Pedraz, señal el País, tiene lugar después de que la Fiscalía Anticorrupción española aportó al juez los nuevos indicios que se desprenden de la declaración de los dos testigos en el marco de una investigación sobre blanqueo y narcotráfico que se sigue en contra de Moreira Valdés en Estados Unidos.
Fuentes judiciales citadas por el rotativo español señalan que en función de las pruebas que se aporten en las dos comisiones rogatorias, se continuará o no con la investigación. Asimismo, los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa presentaron una querella criminal contra el también ex gobernador de Coahuila por su presunta relación con Los Zetas.
La iniciativa partió después de que recibieran información del Departamento de Aduanas de Estados Unidos que implicaba al ex presidente del PRI. Los dos fiscales anticorrupción españoles viajaron a San Antonio, Texas, donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadounidense que apuntaron a Moreira Valdés.
Moreira Valdés fue detenido por sorpresa en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero del 2016, en una operación auspiciada por la Fiscalía Anticorrupción española y que pretendía demostrar la vinculación al crimen organizado del político mexicano.
El ex gobernador de Coahuila estuvo preso, en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real durante una semana y después de que le fuese devuelto el pasaporte decidió volver de forma precipitada a México el 3 de febrero del 2016.
Ello después de que el juez instructor afirmó que la investigación continuaría y que se llevarían a cabo nuevas diligencias, tanto en España, México como en Estados Unidos, donde se encuentra detenido Rolando González Treviño, su supuesto prestanombres.
Tras la detención del político mexicano en Madrid, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel, según una investigación dada a conocer en su momento por El País.
La gestión a mayor nivel la protagonizó Arely Gómez González, la entonces titular de la Procuradoría General de la República (PGR) y ex senadora del PRI. La entonces funcionaria habló a su homóloga española Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado español, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles, negándose a presentar declaraciones por la reapertura del proceso.
Previamente, el juez Pedraz archivó provisionalmente el caso tras regresar de Texas donde había escuchado el testimonio de un testigo protegido. Concluyó que las acusaciones contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con Los Zetas y el presunto blanqueo de capitales, no eran suficientemente concretas.
Fue entonces que los fiscales españoles recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso y afirmó que no había indicio alguno con la relevancia suficiente contra Moreira Valdés, quien renunció a la presidencia nacional del PRI en diciembre de 2011, tras verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
En 2013, se conoció que Moreria Valdés residía en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del homicidio de su hijo José Eduardo, asesinado el 3 de octubre de 2012, supuestamente por presuntos miembros de Los Zetas.
En abril del año pasado, el mismo rotativo aseguró que en junio de 2011, durante la gestión del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició una indagatoria en contra de Moreira Valdés, por enriquecimiento ilícito, pero 16 meses después fue archivada.
En noviembre del 2016 Moreira Valdés responsabilizó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, del incremento de la violencia, no sólo en su entidad, sino en todo el país, “a consecuencia de la guerra declarada en 2006, al crimen organizado”.
El 26 Abril el PRI expulsó a Moreira Valdés, quien fue su presidente nacional de marzo a diciembre del 2011, y en el que militó durante toda su vida pública. La decisión se tomó por unanimidad en el Consejo de Justicia Partidaria del instituto político, porque el ex gobernador aceptó desde un mes antes la candidatura plurinominal a una diputación local por el Partido Joven.
