El ascenso del general de Brigada, José Luis Sánchez León -quien estuvo al frente de la 22 Zona Militar cuando se registraron los hechos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014- fue frenado este miércoles por la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, que preside el legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio.
En un hecho inédito, los integrantes de dicha Comisión anunciaron que solicitarán información adicional al titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el perfil del general, quien en la actualidad se desempeña como Comandante de la VI Región Militar, con sede en Veracruz, y capacidad de acción en Puebla y Tlaxcala.
Este mismo miércoles el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado ratificar 187 ascensos militares (del Ejército y la Fuerza Aérea), entre los que se incluye el de Sánchez León. Todas las peticiones fueron avaladas, con excepción del ascenso del general de Brigada.
Peña Nieto solicitó, además, 283 ascensos de integrantes de la Marina Armada de México. En caso de que el Senado otorgue su aval, los ascensos se formalizarán el próximo 20 de noviembre, diez días antes de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como nuevo presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
En su momento, el mando militar fue señalado por supuestamente haber retrasado el arribo de personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de México al lugar donde se registraron los hechos violentos en Tlatlaya, que dejaron un saldo de 22 muertos. Además de la presunta alteración de la escena del crimen.
Sánchez de Léon fue citado a declarar sobre las posibles omisiones, sin embargo, no se le acreditó ninguna responsabilidad. El general de Brigada fue relevado de su cargo como titular de la 22 Zona Militar tres meses después, y en agosto pasado asumió la titularidad de la Sexta Región Militar.
El pasado 12 de agosto, 12 Agosto, el titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, resolvió reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya, ante el recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
Además, el juzgador federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la orden de matar a un grupo de 22 presuntos delincuentes.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 soldados. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó la recomendación 51/2014.
No obstante, un juez ordenó en octubre del 2015, liberar a cuatro de los soldados implicados en la matanza, tras considerar que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados. Luego, el 14 de mayo del 2016, otro juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
