Esta mañana integrantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y funcionarios de su gabinete.
Carlos Atilano Peña, coordinador de COCI, señaló que en base al capítulo contemplado en el Código Penal Federal en materia de Corrupción como son delitos abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado, se ratificó la denuncia ante la dependencia en Tijuana.
“La idea es que se empiece a integrar la carpeta de investigación. Hay aspectos muy importantes como es el estudio que emitió recientemente el dictamen de la Auditoria de Superior de la Federación donde se encuentran desfalcos, desvíos y ausencia de recursos de la federación que son entregados al estado y deberán ser motivo de una investigación profunda para determinar el monto y sobre todo acreditar la comisión de estos delitos”.
Peña argumentó que no es posible que el gobierno estatal siga teniendo adeudos con la Universidad Autónoma de Baja California, con maestros jubilados y pensionados, el Poder Judicial, Cecyte, entre otros.
“Estamos en una crisis financiara a partir de la negligente y la corrupta utilización de los recursos públicos por parte del gobierno del estado”, argumentó.
La querella recibida bajo el número de expediente FED/BC/TIJ/0005116/2018,la presentaron los abogados Carlos Atilano y Roman Antonio Aboytes, representantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), incluyendo en ésta a funcionarios y ex funcionarios del gobierno del Estado de Baja California, así como al ex senador Víctor Hermosillo y al empresario boxístico, Fernando Beltrán.
Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico; Loreto Quintero, Oficial Mayor; así como a los ex secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano y Ecología, Antonio Valladolid y Manuel Guevara, respectivamente; además del ex gobernador Osuna Millán y el ex director del Seguro Popular, Alejandro Monraz Sustaita, forman parte de los servidores públicos señalados, a quienes se demandó investigar y fincar responsabilidad.
La denuncia fue integrada con más de 144 fojas en las que se da cuenta de al menos 40 propiedades que Kiko Vega tiene registradas a su nombre, de las que se pidió se investigara de dónde provino el recurso para su adquisición, así como de aquellas en las que aparece como socio o son propiedad de su familia, informó Carlos Atilano.
También se incluyeron informes, dictámenes, asignaciones de obras, como las entregadas a Víctor Hermosillo o el contrato de las vías de tren concesionado a Fernando Beltrán.
