Con motivo de la construcción del aeropuerto de la ciudad de México, surgen preguntas de difícil respuesta en el ámbito jurídico, pero sobre todo en lo que se refiere a la constitucionalidad de los actos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Es cuestionable para muchos el hecho de que, siendo presidente sin funciones, haya convocado a la sociedad para saber si se aprueba o no el programa de construcción del mencionado aeropuerto.
Sabido es, que el presidente entra en funciones el día primero de diciembre de este año y que su única tarea es protocolaria, de lo contrario se consideraría que está actuando bajo una usurpación de funciones.
Hemos visto cómo aparece en televisión el actual presidente disputando espacios para ensalzar su labor, fundamentalmente construcciones y acciones que corresponden al gobierno federal. Mientras que, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador convoca a la ciudadanía a opinar sobre si se construye o no el aeropuerto de la ciudad de México, acción que nos parece fuera de las atribuciones que el Lic. López Obrador tiene como presidente electo.
Somos sabedores de que, en una ceremonia solemne, se entrega la banda presidencial al presidente entrante y a partir de ese instante, entra en funciones el nuevo primer mandatario, esa es la tradición y es de cumplimiento a lo que establece la constitución.
Ahora la pregunta es: ¿Los actos del presidente electo están viciados de nulidad o como no hay sanción en la constitución para casos como este, el presidente electo está actuando conforme a derecho?
Entendemos que la ausencia de sanción no justifica el actuar del actual presidente electo, aunque comprendemos la ausencia de actuar en un país estremecido con las protestas, las inconformidades y los rezagos de siglos en perjuicio de los más desamparados.
Se necesitaba en este momento el actuar de alguien que supiera combatir el hartazgo social, político y económico, pero no que rompiera los cánones que sustenta el estado de derecho, “fuera del derecho no hay nada”, decía Hans Kelsen.
Tenemos que entender que repudiar la norma jurídica para salvar la realidad es una apuesta arriesgada, es un peligro de una dictadura militar, de un estado dictatorial previo al levantamiento de hombres y mujeres que esperan el accionar del nuevo gobernante, pero al mismo tiempo, seguridad y respeto a los derechos humanos y sobre todo sustentar cada acto jurídicamente.
Admiramos y alabamos la valentía de López Obrador y su deseo de cambio inmediato, pero no aceptamos un estado de hecho, lo que queremos es el reforzamiento y el respeto a las instituciones civiles.
En la toma de resoluciones y decisiones políticas fundamentales, queremos que no haya evasión de responsabilidades. Sujetar a consulta cualquier decisión se puede tomar como evasión de las responsabilidades constitucionales de un presidente, cuando el país necesita un líder que actúe sin aceleramientos y siempre escudado de los mandatos constitucionales, los derechos humanos y en las convenciones internacionales.
La sociedad mexicana debe aprender a vivir en democracia, pero teme con razón, a la anarquía que genera abusos de poder, corrupción e impunidad.
Nota: Muy interesante e importante será la posición que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al presidente de la república, es importante observar el papel que asuma el Lic. López Obrador. ¿Gobernará como líder basado en la inspiración y en su talento político o será un gobernante regido por la constitución y las leyes que integran el orden jurídico nacional? Lo primero mueve a las masas, y lo segundo da certeza de inseguridad jurídica.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
