Ahora que Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, sentó el precedente para la cancelación de obras, al desechar el proyecto en construcción y en marcha por lo menos hasta el 30 de noviembre, del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se edifica en Texcoco e implicaría una inversión aproximada a 13 mil millones de dólares, cualquier obra se puede cancelar por un gobierno entrante.
Lo que parecía imposible y que seguramente resultará oneroso, como es la cancelación de una magna obra como la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sucedió. Por palabra y obra de López Obrador, que acompañó su decisión con los resultados de una hechiza encuesta sin metodología ni validez legal, pero en la que participaron poco más de 700 mil seguidores del tabasqueño y unos 300 mil que consideraban que la obra en el ex Lago de Texcoco (los lagos se secan en México y en el mundo).
Así, sin más, cancelada, para dar paso a la idea de López Obrador de construir un aeropuerto comercial en los terrenos donde existe una base aérea militar en Santa Lucia. Dos pistas y edificios para el tránsito de pasajeros en una obra que se asume más modesta, pero que de acuerdo al equipo del Presidente electo, y aun sin estudios de viabilidad o impacto ambiental, ya se da como un hecho.
Entonces, si AMLO pudo cancelar una obra que lleva un 30 por ciento de avance, donde según Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, se han invertido 140 mil millones de pesos y entregado 320 contratos a 292 empresas constructoras, cancelar obras en los estados a un menor costo, pero con iguales o mayores sospechas de corrupción en su licitación, otorgamiento, viabilidad y financiamiento, en el próximo sexenio podría ser la regla.
Porque vamos, lo que inicialmente llamó la atención de AMLO, incluso antes de ser oficialmente candidato a la Presidencia de la República, fue precisamente la corrupción que rodeó la licitación, la entrega de las obras, el costo de la inversión y el origen de los dineros, entre públicos y privados, para construir el nuevo aeropuerto. Los socios, donde apellidos como el de Slim se ligaron a otros que han vivido entre la sospecha de la corrupción como los Hank, familiares de Carlos Salinas y uno que otro o muchos testaferros.
Lamentablemente parece, aunque sólo parece y esto podía cambiar, nada ha dicho Andrés Manuel de castigar la corrupción que suponemos, su equipo encontró en los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México Es decir, castigó el proyecto y no la corrupción.
En Baja California hay varias licitaciones y obras donde se ha sospechado corrupción. En otras se alega el pago de comisiones por contratos entregados, pero los beneficiados se niegan -por el momento- a hablar, mientras los perjudicados son comprados con obras en otro sector o en otro tiempo.
Pero está claro que si como dicen, aseguran, apuestan, pronostican, en las elecciones de 2019 locales, donde se elegirá gobernador del Estado, alcaldes de los cinco ayuntamientos y se renovará el Congreso estatal, ganará quien sea candidato de Movimiento Regeneración Nacional, porque presumen que la ola electoral iniciada por Andrés Manuel López Obrador y confirmada en la elección federal del 1 de julio de 2018 les alcanzará para Baja California, la historia podría ser otra.
Por ejemplo, si como se dice y él parece estarlo trabajando, el candidato de Morena a suceder a Francisco Vega de la Madrid en el Gobierno del Estado es el senador, próximo coordinador federal y presunto tapado electoral, Jaime Bonilla Valdez, podría emular a López Obrador y cancelar dos proyectos que no sólo tienen en descontento a sectores diversos de la sociedad bajacaliforniano, sino que se presume, hubo actos de corrupción.
El primero que podría cancelar es la construcción de una desalinizadora que saldrá a los bajacalifornianos en 76 mil 740 millones de pesos, a pagar del dinero de todos en los próximos 37 años a razón de 172.8 millones de pesos por mes.
Acá no es sólo el tamaño de la deuda que deja el Duarte de Baja California a las siguientes administraciones, sino la opaca licitación en la que se sospecha hay más intereses, especialmente cuando el caso terminó en un Juzgado, debido a desavenencias entre los socios de la empresa que ganó la licitación, y hasta esa representación del Poder Judicial tanto el gobernador envío a un mensajero -por cierto, también mensajero de Jaime Bonilla- a hablar en su nombre para ver cómo podría destrabarse el asunto entre particulares para avanzar en la obra.
Otro que mandó representante para intentar desatorar el tema en el Juzgado, fue el también amigo de “Kiko” Vega, Jorge Hank Rhon. Los nombres asociados a la corrupción, pues, siempre coinciden.
Otro proyecto que podría ser cancelado por la inconformidad social y la sospecha de corrupción, sobreprecios y para variar, una licitación opaca, es el de la construcción del C5i, que para entregarlo, Francisco Vega echó mano del Congreso cuantas veces se le dio la gana para poder adjudicarlo. Con la venia de los diputados de su partido y aliados, entregó la obra a una empresa con mala fama, con incumplimiento de contratos en otros estados, como lo es Seguritech, por una inversión total de 789 millones 280 mil 700 pesos que de hecho se empezaron a pagar en octubre de este año, en mensualidades por 17 millones de pesos durante los próximos diez años.
Estos dos contratos, Vega de Lamadrid los ha defendido hasta el cansancio, se ha enfrentado a tribunales, con grupos de la sociedad civil y ahora con el titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, quien mediante un amparo, busca detener la onerosa, oscura e inservible obra del C5i, sin que antes se satisfagan necesidades reales de las tropas policiacas de la entidad.
Ambos proyectos podría cancelarlos el próximo gobernador de Baja California si proviene de la oposición y llega de la mano de Morena. De ser Jaime Bonilla, pues de una vez aprovecha y acaba con los rumores que lo anotan como socio de Francisco Vega, como interesado en la desalinizadora e intermediario, para establecer un pacto de impunidad para los funcionarios corruptos que aun administran muy a su manera y en ocasiones en su beneficio, los recursos y destinos de Baja California.
Pero claro, llevando primero a juicio a los corruptos y limpiando las obras si realmente son en beneficio del Estado, todo consensuado con la sociedad participativa y con el recurso legal de la consulta que está en marcha.
