Sucedió hace unos ocho meses. A inicios de año, quizá enero o febrero.
Un comando irrumpió en la casa marcada con el número 408 de la calle República de Colombia en la colonia Pro-Hogar de Mexicali, una zona residencial popular venida a media cuando la urbanización y aprovechando su céntrica ubicación.
Los integrantes del comando criminal iban vestidos de policías. Entraron por la fuerza a la casa que destaca entre las aledañas por su moderna construcción y seguridad hasta la banqueta. Encontraron lo que buscaban: 200 mil dólares en efectivo y relojes por un valor de 80 mil dólares. Se llevaron todo.
El comando fue identificado al día siguiente tras la denuncia de la propietaria de los billetes y los relojes, como un grupo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que comanda el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea.
No les fue difícil indagar cuál grupo de policías fue el que estaba en la zona y participó en el atraco. El propio Sosa Olachea los convocó en las oficinas de la secretaría que titula. Les habló golpeado, les regañó y además les ordenó regresar lo robado. En ese momento los policías-ladrones únicamente devolvieron los relojes con valor de 80 mil dólares. El funcionario los tomó y los devolvió a su dueña, a quien momentos antes le comunicó el hurto.
En la casa vivía la entonces delegada de Caminos y Puentes Federales, Rosa María Castañeda Guadiana. Ella acudió a recoger los relojes que le regresaron los del comando ladrón de la PEP. Dicen quienes estuvieron presentes, que se hizo de palabras con el secretario de Seguridad. Se acusaron el uno a la otra de robo, de corrupción y hasta de lavado de dinero. No hubo más. Ella tomó los relojes y se marchó.
La ahora ex delegada (en mayo fue retirada de la representación y en su posición, el licenciado Abraham Raymundo Solano Vargas fue nombrado interino), refirió el investigador de la PEP que confirmó los hechos a esta columnista, no presentó denuncia por el robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de hecho no lo hizo ante instancia alguna, considerando que al momento del robo, se desempeñaba como delegada del Gobierno Federal.
Como la joven Rosa María Castañeda no presentó una denuncia formal, los agentes de la PEP no fueron investigados, menos aún sancionados. Vaya ni siquiera una amonestación recibieron. Todos los integrantes del comando de ladrones de la Policía Estatal Preventiva siguen laborando hasta la fecha en la corporación.
Existe un motivo adicional para tal impunidad. El comando ladrón de la PEP responde -asegura uno de los investigadores- y está muy ligado al hijo del secretario Sosa. Un joven que hace las veces de secretario particular, contesta el teléfono por su padre, proporciona información, le pasa las llamadas, prácticamente le lleva la agenda. Y aunque no aparece en la nómina oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es por todos los que ahí trabajan conocido, y por quienes para alguna entrevista o información le han marcado al secretario y quien responde es su hijo.
Se trata de Héctor Sosa Flores. Adentrado por las labores propias de su progenitor en los temas de seguridad, ha desarrollado inclinaciones por grupos de policías estatales preventivos, como es el caso. El investigador consultado confió que los policías que robaron los 200 mil dólares y los relojes de la casa de la ex delegada de Caminos y Puentes Federales en Baja California, no fueron sancionados precisamente porque son de la influencia del hijo del secretario, aparte, claro, que no hay delito que perseguir porque Rosa María Castañeda no interpuso la denuncia correspondiente sobre el robo.
Refieren que la investigación interna sobre el comando ladrón, no la desarrollaron por ello, y que la enconada discusión que tuvo el secretario con la ex delegada, fue precisamente porque sabía que el grupo señalado en lo corto como perpetrador del robo, era precisamente el que responde a su hijo-asistente-secretario particular.
El caso -explican elementos de la PEP más inclinados a la honestidad-, fue uno de esos que ejemplifica a la perfección el refrán de “ladrón que roba a ladrón”.
Reflexionan que es extraño que la ex delegada no haya querido salir corriendo, en cuanto se enteró del robo, a presentar una denuncia a la procuraduría estatal, especialmente cuando el grupo de ladrones fue identificado como agentes de la PEP.
Ese fue precisamente el tema que enarboló el secretario cuando enfrentó a la ex delegada. Dicen que la acusó de tener en posesión dinero de procedencia desconocida, quizá ilícita, hasta de lavado de dinero la señaló.
La mujer exigió le fuera regresado todo lo que se llevaron de su casa, pero por más que “obligaron” a los agentes que aceptaran haber estado en el “operativo”, lo único que logró recuperar fueron los relojes, que según los investigadores de la PEP enterados, tendrían un valor de 80 mil dólares, luego que los medio amonestados agentes fueron por ellos y se los entregaron a Gerardo Sosa Olachea, quien personalmente los puso en manos de la ex funcionaria.
Las sospechas de irregularidades en las posesiones de Rosa María Castañeda Guadiana que resultaron robadas, fueron confirmadas por el jefe del comando ladrón de la PEP, don Gerardo Sosa Olachea, cuando la joven decidió retirarse con los relojes… sin solicitar información para presentar una denuncia ante la PGJE.
La historia de este robo no denunciado tiene un final feliz para los agentes e infeliz para Castañeda. Los primeros quedaron impunes, sin ser investigados ni sancionados, primero, porque ella no presentó denuncia, y luego porque son los consentidos del secretario. Siguen trabajando como agentes de la PEP, en el mismo grupo y haciendo “operativos”.
El investigador reveló a esta columnista: “Buscan irrumpir en casas que saben que tienen dinero ilícito, roban al que roba para asegurar que no los denunciarán”.
Rosa María fue retirada de su cargo en mayo de este año, se fue sin 200 mil dólares en efectivo, pero con sus relojes. Sólo ella sabe -no se le ha localizado- por qué no presentó denuncia, si acaso podía comprobar el origen lícito del dinero, de las joyas, pero fue amenazada de no hacerlo, o si en efecto, prefirió no buscar la justicia para no hacer más grande el problema.
Así las cosas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con un titular que está al tanto de contar con un comando ladrón -por lo menos- entre sus filas, pero lo mantiene activo porque no hay denuncia, pese a saber de cierto las atrocidades cometidas y porque responden a su hijo, que sin estar en nómina, lo tiene trabajando a su lado.
Esa es la historia de un robo no denunciado, que los agentes en la PEP conocen.
