Un abogado particular presentó una solicitud de juicio político contra quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez. Lo señala de haber pagado por un equipo para el funcionamiento de salas orales que nunca se entregó, causando retrasos en la aplicación de juicios orales, entre otras irregularidades. El colegiado se defiende con el argumento que esas cuestiones ya fueron solventadas
Tras darse a conocer la solicitud de juicio político contra el magistrado Jorge Armando Vásquez por presuntas irregularidades en la adquisición de equipo y pagos indebidos al ex magistrado Carlos Cataño varias semanas después de su remoción, el propio funcionario del Poder Judicial asegura que todas sus cuentas están solventadas y quien lo acusa se encuentra mal informado sobre la situación.
Al inicio de la semana, el abogado Elías Flores Gallegos presentó la denuncia en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde acusa al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de cometer un desfalco de casi 3 millones de pesos por un equipo que nunca se entregó, provocando el retraso de la implementación del sistema oral mercantil en Baja California.
El documento, dirigido a todos los diputados el 29 de diciembre de 2016, afirma que Vásquez contrató a la empresa Sinergia Estratégica del Golfo, SA de CV, propiedad de José Isabel Estrada Hernández, para adquirir “Equipamiento en Salas de audiencia en materia de oralidad mercantil para el primer partido judicial de Mexicali, del Estado de Baja California”.
Aunque no especifica la cantidad de equipo que se adquirió, el litigante afirmó que no se entregó, afectando al erario por un monto de 2 millones 857 mil 143 pesos y retrasando el ingreso del sistema oral mercantil en la entidad.
La documentación exhibida por Flores Gallegos fue entregada en su despacho de manera anónima. Sin embargo, asegura que su motivación no tiene un trasfondo político, sino moral, pues debe ponerse fin a la corrupción en el Poder Judicial.
En entrevista para ZETA, Jorge Armando Vásquez, se dijo tranquilo ante los señalamientos de Flores Gallegos y desconoció los motivos que éste tiene para realizar una acusación de esa naturaleza, aunque reconoció que como cualquier ciudadano, tiene derecho a interponer una queja.
Recordó que se obtuvo un recurso de 5 millones de pesos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, gracias a que presentaron un proyecto ejecutivo para abastecer las salas del Centro de Justicia Oral Mercantil en Mexicali, y aclaró, sólo había dos condiciones para recibir el recurso: agregar 2 millones a la bolsa de 5 millones de pesos, y ejercerlos antes de concluir el año.
El monto se obtuvo en ahorros de la institución, aunque para utilizarlo requerían la autorización del Poder Legislativo, por lo que se emitió una solicitud en agosto, la cual fue autorizada hasta el 19 de diciembre de 2016.
Jorge Vásquez argumentó que la tardanza del Poder Legislativo complicó la licitación, por lo que el mismo día citó a una sesión del Consejo de la Judicatura -en el que se encontraba Salvador Ortiz Morales, actual presidente del Tribunal-, donde les explicó la situación y la posibilidad de perder los recursos para equipar las salas.
Tras revisar la Ley de Adquisiciones, confirmaron que la falta de tiempo para realizar un proceso de licitación es una excepción prevista en esa legislación, por lo que realizaron la adjudicación directa, afirmando que perderían los 5 millones de pesos.
Para ello, el entrevistado obtuvo el apoyo del Consejo con cuatro votos de cinco posibles en esa sesión, por lo que se firmó y entregó la documentación el 29 de diciembre, dejando como fecha límite para la entrega del equipo y su instalación el mes de octubre.
Aunque no tiene conocimiento si el equipo se había entregado, una vez que terminó su encargo en noviembre, indicó que el tema sería responsabilidad del actual titular del TSJE y, en caso de no cumplir con la fecha, el Poder Judicial tenía la posibilidad de sancionar a la empresa.
Referente al tema de Carlos Cataño, explicó que cuando se determinó la inhabilitación, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó al Poder Judicial su remoción, pero según Vásquez, como presidente del TSJE “no está facultado para remover a un magistrado, ¿de quién es la responsabilidad de remover a un magistrado? Del Congreso”, comentó el jurista, y agregó, esas semanas se le pagaron porque los diputados tardaron en hacer efectiva la inhabilitación ordenada por la justicia federal.
Según información proporcionada por el Poder Judicial, el equipamiento adquirido para las salas mercantiles fue otorgado, aunque no pudieron establecer la fecha exacta.
De igual manera, el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales, expresó que el miércoles 10 de octubre estaría en una reunión con el Congreso del Estado para hablar sobre el pago supuestamente indebido a Cataño, pero ésta se pospuso dos semanas.
