Alrededor de 200 solicitudes de juicio político
ha recibido el Poder Legislativo en dos años, la
mayoría cuenta con “pre-dictamen”, pero
permanecen “congelados” en la Presidencia del
Congreso del Estado. A dicho del diputado
Bernardo Padilla, se trabaja intensamente en el
tema, pero el “mayoriteo” panista es el que toma
las decisiones. Mientras tanto, los abogados Juan
Manuel Molina y Hernán Cortez contraponen
opiniones sobre la utilidad de esta figura que no
ha ofrecido resultados desde 2001, cuando nueve
magistrados fueron destituidos y reinstalados
cuatro años después, con costos millonarios
La última vez que una solicitud de juicio político generó una destitución, no tenía ni un año de gobierno el Presidente Vicente Fox Quesada. Las cosas eran muy distintas aquel 2001, cuando los magistrados Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Óscar Valenzuela Ávila, Marco Antonio Jiménez Carrillo, Víctor Vázquez Fernández, Emilio Castellanos y Sergio Peñuelas Romo, fueron destituidos por cuestiones meramente políticas.
Después de cuatro años de juicio lograron su reinstalación por decisión de un juez federal, quien avaló el pago de salarios caídos por aproximadamente 45 millones de pesos, lo cual resultó un verdadero desastre que cubrió la ciudadanía.
A 17 años del penoso episodio, la figura que pretende sancionar a los servidores públicos corruptos, omisos o abusivos, sólo ha sido utilizada con fines partidistas, sobre todo cuando se trata de amenazar o intimidar a un grupo contrario.
Según el diputado Bernardo Padilla, presidente de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, durante la XXII Legislatura se han recibido alrededor de 200 solicitudes de juicio político contra diversos servidores públicos, entre diputados, magistrados, alcaldes, ex ediles; pero terminan en la “congeladora”, pues la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no da fecha para tratarlos en pleno.
Para los abogados Juan Manuel Molina y Hernán Cortez, es necesario sacar a los políticos de los temas relacionados con el combate a la corrupción, o por lo menos instalar candados que impidan que negociaciones entre partidos permitan impunidad, sobre todo en una sociedad que -aseguran- ya está cansada de los malos manejos del dinero público.
LA MAYORÍA SON POR LA LEY DEL AGUA
Más de 200 juicios, la mayoría de ellos contra diputados de la actual Legislatura, permanecen “congelados” porque la Jucopo no ha ofrecido agenda para dictaminarlos, lo que ha generado un rezago importante que poco parece importar a la presidencia del Poder Legislativo.
El diputado priista y presidente de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, Bernardo Padilla, comentó que se ha trabajado de forma importante en este tema y que en próximas semanas se llevará a cabo una reunión con legisladores para definir “en bloque” un paquete de solicitudes.
Los diputados Luis Moreno y Catalino Zavala contra la ley del agua
La mayoría de esas denuncias fueron interpuestas en los primeros meses de 2017 y tienen como objetivo la destitución de varios diputados que aprobaron la polémica Ley del Agua, propuesta por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y que fue abrogada gracias a la intensa presión social ejercida desde diversos sectores inconformes. Cabe recordar que estos movimientos dieron origen a los colectivos de “Resistencia”.
Padilla aseveró que tales querellas fueron ejercidas por diversos colectivos y a raíz de ellas se emitieron pre-dictámenes ante la presidencia del Legislativo, donde fueron “congeladas”.
“Se presentaron más de 200 denuncias de juicios políticos por la Ley del Agua, de las dos funciones que tenemos respecto al tema jurisdiccional, todos esos juicios ya resolvimos, sesionamos hace meses, se enviaron a presidencia, pero no los han subido”.
Cuestionado sobre los motivos que se tienen para impedir su avance, comentó que ello ya no es su responsabilidad, pues él no pertenece a la Jucopo, pero siempre tiene que ver el mayoriteo panista.
“Te la pongo de otra forma: Marco Corona y nosotros, Luis Moreno, hemos presentado iniciativas en los procesos y siempre hemos sido mayoriteados como este tema. Ojalá hubiera una agenda real del Poder Legislativo y no la de terceros”.
ZETA buscó reacciones de dos diputados panistas de la comisión, como Andrés de la Rosa y Victoria Bentley Duarte, además de Luis Moreno, pero al cierre de esta edición, no atendieron la solicitud, argumentando cuestiones de trabajo.
PRIORITARIO, JUICIO CONTRA VÁSQUEZ
Aunque son la mayoría, existen otros juicios pendientes de resolver que se encuentran en etapa de integración. Sin embargo, Bernardo Padilla reconoce que existe uno que sobresale entre los demás.
El 8 de octubre, el abogado Elías Flores Gallegos solicitó investigar al magistrado Jorge Armando Vásquez, por el supuesto desfalco de casi 3 millones de pesos por equipamiento que- según el litigante- nunca fue entregado.
Foto: Cristian Torres.- El diputado Bernardo Padilla
La empresa Sinergia Estratégica del Golfo. SA de CV, establecida en Ciudad de México, debía entregar el equipo para habilitar las salas de los Juzgados mercantiles en Mexicali, gracias a un recurso obtenido a través de la Secretaría de Economía.
Flores Gallegos entregó un contrato y documentos relacionados con la adjudicación directa que -a su juicio- se hizo de manera ilegal, por lo que pidió se le destituyera del cargo e iniciara un proceso judicial en su contra.
Padilla no proporcionó muchos detalles, pero afirmó, existe información importante y delicada sobre este caso.
“En el del magistrado Vásquez, sí nos acreditaron información, contrario a los otros juicios donde pedimos información, mañana (jueves) tenemos reunión con los denunciantes que son con abogados de Mexicali; estaremos recibiendo más información porque es un tema que realmente preocupa”, sentenció el legislador.
No es la primera vez que Vásquez es señalado por abogados. En 2016, un grupo de abogados encabezados por Hernán Cortez, presentaron la solicitud para combatir el intento de imponer un reglamento para el haber de retiro que a todas luces fue excesivo.
En entrevista, Cortez afirmó que la denuncia presentada en febrero iba dirigida a cuatro consejeros de la Judicatura, entre ellos el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, el juez Raúl Luis Martínez y Salvador Juan Ortiz Morales, este último, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Meses después, el Congreso lo consideró procedente y, a días de llevar a cabo la sesión donde pretendían destituirlos, el Poder Judicial dio marcha atrás al reglamento, por lo que diputados deciden no ejercer acción contra ellos.
Según Cortez, los acuerdos partidistas impidieron que el procedimiento continuara, pues aunque se logró el objetivo de origen -eliminar el reglamento-, la acción dolosa nunca fue sancionada.
Por ello, los temas contra relacionados con el mal actuar de los funcionarios y servidores públicos, deben alejarse de las manos de los partidos e incluso el abogado pidió una mayor participación de la sociedad, de los colegios y agrupaciones, en el nombramiento de puestos clave en el gobierno.
MÁS JUICIOS PENDIENTES
Existen otras solicitudes “congeladas” por otras cuestiones, como la falta de información entregada por parte de alguna autoridad o los mismos denunciantes, por lo que no se ha podido avanzar en diversos temas.
Como ejemplo se cuenta con las denuncias contra César Moreno, pues Sindicatura Municipal no ha entregado cierta información que el Congreso solicitó para robustecer la investigación en su contra.
También una denuncia contra Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, en la que pidieron información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero el Ministerio Público no lo ha realizado.
De igual manera la presentada por el Ayuntamiento de Tijuana contra Flora Arguilés Robert, magistrada administrativa que dio un fallo en favor de la empresa Taxis Amarillos, en un juicio emprendido durante esta administración y que podría quedar sin efecto, al existir otro proceso judicial.
Incluso afirmó que hay vigencia en una denuncia interpuesta contra el ex alcalde Jorge Astiazarán Orci, en la que se solicitó documentación a Sindicatura Municipal, pero tampoco se ha entregado.
Bernardo Padilla indicó que dichas acusaciones no están prescritas y podrá fincarse responsabilidad cuando presidencia decida analizarlas en pleno.
ES UNA FIGURA INÚTIL: MOLINA
Más agresivo sobre el tema fue el ex diputado Juan Manuel Molina, quien opinó, mecanismos como el juicio político y la declaratoria de procedencia, son herramientas que no sirven de nada, pues se prestan para negociaciones políticas en las que logra prevalecer la impunidad.
El exdiputado Juan Manuel Molina duda de la efectividad de los juicios políticos
Molina fue uno de los legisladores que empujó las sanciones contra magistrados por el tema del haber de retiro, pero aseguró que cuando fue momento de tratarlo en la Jucopo, última instancia para llevarlo a pleno, legisladores de los partidos Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, decidieron bajarlo, argumentando que no habría sanción porque se dio marcha atrás al reglamento.
Uno de los mecanismos que intentó plantear para volverlos más eficientes fue reformar la Ley para que requirieran sólo el 33 por ciento de los votos para iniciarse una investigación, lo que permitiría a las minorías denunciar irregularidades.
Otro punto a modificar es la prescripción de uno a cinco años al salir de la administración, pues considera que muchas veces las irregularidades no se descubren hasta mucho tiempo después, además, evitaría que el servidor público sea protegido por su sucesor inmediato.
Ejemplo de ello es el caso del ex presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, quien provocó un terrible desfalco a las arcas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), pero como la XX Legislatura no llevó a cabo las diligencias correspondientes, cuando la XXI tomó protesta, el delito o acusación ya había prescrito.
“No es que no quisiéramos sancionarlo, es que ya había pasado el tiempo”, subrayó Molina, quien agregó, fue la propia Victoria Bentley la que interpuso las denuncias correspondientes, cuando el Issstecali debió hacerlo, por lo que considera, hubo una negociación entre PRI y PAN para absolver al también empresario mexicalense.
Por su parte, Hernán Cortez aseveró que debe hacerse a un lado el compadrazgo y las intenciones políticas o partidistas, sobre todo en instancias encargadas de combatir la corrupción e impunidad.
En su opinión, no se necesitan fiscalías extra o sistemas “independientes”, sino reforzar las leyes y a los cuerpos policíacos o investigadores, además de brindarles una libertad para trabajar conforme al marco jurídico.
