Las sanciones para los feminicidas van desde 20 hasta 70 años de prisión o pena vitalicia. En ese sentido, Baja California es una de las entidades con las penalidades más bajas para atacar este fenómeno. Estados como Baja California Sur, Chihuahua y Durango se resisten a crear la figura autónoma de feminicidio
Todo mecanismo implementado hasta el momento por las autoridades ha sido insuficiente para frenar la creciente ola feminicida en el país, al grado que las cifras con que cuentan diversos organismos nacionales e internacionales, incrementan comparativamente con anualidades anteriores.
Ello a pesar de que el criterio para establecer si el asesinato de una mujer debe ser registrado en carpeta de investigación y estadística como homicidio doloso o como feminicidio por reunir las características legales de dicho ilícito.
En México, donde de acuerdo a un informe realizado por la ONU Mujeres, cada 24 horas -en promedio- son victimadas siete féminas, la alerta de género ha servido de poco para apaciguar la brutalidad que priva de la vida a las mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que la alerta de género es sólo una herramienta valiosa, pero hace falta de la voluntad política y capacitación para que quienes laboran en las fiscalías realicen investigaciones con perspectiva de género.
Otras instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, realiza lo que se ha dado por denominar “auditoría” en todo el país, sobre la información y estadísticas en materia de feminicidios para una mayor certeza sobre el comportamiento de este fenómeno social.
Sin embargo, no son casos o cifras certeras lo que hace falta, sino acciones reales para paliar estos crímenes. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, organismo internacional, ya conoce sobre la situación de la población femenil mexicana y la grave violación de sus derechos humanos.
Por lo anterior, a finales de julio de 2018, la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó a México asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del país, y le exige adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres.
La ONU lamenta que los persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas, entre ellas las indígenas y afromexicanas.
Cabe mencionar que en la mayoría de las entidades federativas ya se cuenta con el tipo penal en la codificación sustantiva. Sólo estados como Baja California Sur, Chihuahua y Durango se resisten a crear la figura del feminicidio, autónoma del homicidio, al considerar que están cubiertos los supuestos legales y las penas adecuadas para sancionarlo.
ZETA pudo comprobar que existe disparidad en las penas aplicables en los diversos códigos penales de los estados y el Federal. Junto con Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, Baja California se ubica entre las entidades con las más bajas penalidades, tasando la mínima en 20 años y variando la máxima entre 40,50 y 60 años de prisión.
En cambio, Estado de México, Jalisco, Morelos y Veracruz, establecen las mayores sanciones, que van desde 40 hasta 70 años de cárcel, o incluso, en el caso de los mexiquenses, cuentan con pena vitalicia.
Campeche innovó al respecto y en su Código Penal Estatal determina que “el delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. En el Artículo 21 de dicha legislación federal, que plantea la violencia feminicida, se detalla: “En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 325 del Código Penal Federal”.
Finalmente, la triangulación de leyes tasa la penalidad de 40 a 70 años de prisión.
