Hace un par de semanas abordamos en este espacio el caso de un robo a una casa en Mexicali. La ubicada en el número 408 de la calle República de Colombia en la colonia Pro-hogar, donde habitaba quien por entonces era delegada de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Rosa María Castañeda Guadiana.
Igual dimos cuenta de cómo fueron elementos de un grupo “especial” de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes orquestaron y realizaron el robo en la casa. Se llevaron dinero en efectivo y joyas. De todo esto tuvo conocimiento el secretario Gerardo Sosa Olachea. La propia delegada lo confrontó, sólo para ser recibido de no muy buena manera y acusada incluso, por parte del secretario, de lavar dinero.
Quienes estuvieron presentes en el desaguisado, explicaron entonces que Sosa se enfrentó con Castañeda Guadiana y la acusó de conductas ilícitas. Además que fue enterado que el grupo que, efectivamente, entró en la casa de la ex delegada, era uno de policías que está coordinado por su hijo Héctor Sosa Flores, a quien el secretario no tiene en la nómina (no en la nómina pública al menos), pero hace las veces de secretario particular, y, ahora se sabe, coordinador de un grupo de policías que se dedican a robar, entre otras cosas.
Dentro de la corporación estatal informaron a esta reportera, que los elementos que participaron en el robo fueron confrontados por el hijo de Sosa y éste ordenó le fueran regresadas las pertenencias de la delegada que habían sustraído de la casa. Pero no sucedió así. O bueno, a medias. Los policías ladrones únicamente entregaron unos relojes, con alto valor, eso sí, pero nada más. Ni efectivo ni otras joyas.
Fue y es notorio que los elementos no fueron ni investigados ni procesados por el robo a la casa en la calle República de Colombia. Lo primero que justificaron sus compañeros consultados, es que no se había iniciado ni una investigación en asuntos internos, y menos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la sencilla razón que la joven Castañeda Guadiana no había presentado una denuncia. Por tanto, no “había delito que perseguir”. Y consecuente el secretario Sosa con su hijo y con los policías ladrones, el caso pasó al olvido, hasta que fue publicado por ZETA.
Y hay más.
Elementos interesados en que la PEP se depure de agentes deshonestos y se exhiba la corrupción que ahí sucede, proporcionaron copias de documentos que evidencian una denuncia ante la PGJE realizada por el robo, por parte de Rosa María Castañeda Guadiana. Es decir, sí hubo denuncia, pero en la Procuraduría el caso está congelado. Al igual que en Asuntos Internos, donde refieren tampoco hay una investigación a pesar de la denuncia.
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En su denuncia, la entonces delegada refirió que tanto ella como una amiga se encontraban en la casa al momento del robo. Que fue en la madrugada del 15 de enero de 2018 a las 2:30 am cuando escuchó un ruido en el exterior de su hogar, realizado por personas que intentaban entrara la fuerza a la casa por la cochera. Castañeda pudo ver todo el “operativo” a través de las cámaras de vigilancia que poseía, además, la alarma de seguridad se activó.
La mujer y su amiga se resguardaron en el baño de la vivienda, de donde fueron sacadas a la fuerza por los intrusos, de quienes refiere, eran doce personas con el rostro cubierto por pasamontañas, cinturón con arma y otros adminículos característicos que portan los agentes, así como uniforme de policías. Que los hombres las jalaron del brazo, las hincaron y les quitaron teléfono celular. Que mientras ello sucedía, pidió explicaciones de lo que estaba ocurriendo, y lo único que le respondían era “tranquilízate, no te va a pasar nada”. Después la amagaron con la pistola, y tanto a ella como a su amiga las tiraron sobre el suelo, les amarraron las manos con cinchos de plástico y entre amenazas les cubrieron el rostro con cobijas. La fémina escuchaba que esculcaban su casa, abrían, tiraban cosas al piso, rompieron objetos.
Cuando los doce sujetos se fueron del lugar, llegó un amigo de la delegada a quien había hablado al enterarse que se querían meter a su casa, y las liberó. Realizaron una inspección por la vivienda y se dieron cuenta que todas las puertas habían sido violadas, que estaban rotas, igual que varios de los muebles. Que muchos aparatos electrodomésticos fueron destruidos, y los ladrones se llevaron parte del sistema de circuito cerrado en el que habían sido grabados al llegar.
En un recipiente de agua, la ex delegada localizó las llaves de su carro, el teléfono celular y los teléfonos convencionales de la casa. Le robaron una camioneta que en Capufe le habían asignado para trabajar, y se llevaron también una caja fuerte que estaba en el interior de una habitación, donde tenía joyas y un aproximado de 300 mil pesos en efectivo.
A pesar de la denuncia, de que encaró al secretario de Seguridad, de que en la PEP fueron identificados los elementos participantes del robo, y de que parte de las joyas le fueron devueltas (de acuerdo a elementos de la PEP presentes en el altercado), y que Castañeda presentó denuncia, Gerardo Sosa Olachea no ha retirado a los agentes ladrones. En una llamada de confirmación con mandos de la Secretaría, explicaron que no hay investigación de asuntos internos, que la PGJE no los ha investigado a nueve meses de sucedido el robo y denunciado ante esa autoridad, y que tanto los elementos ladrones como el hijo de Sosa, continúan trabajando en la corporación, sin ser molestados.
Ciertamente Sosa poco sale cuando de temas de seguridad, inseguridad se trata, así como no se conoce de una depuración que haya emprendido en la corporación, ni de resultados contundentes en el combate a la criminalidad. Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha sido notable la disminución en la actividad oficial de la corporación y la relación con grupos de la sociedad civil. Pero eso no justifica que en la PEP se esté tolerando la corrupción, y ponderando la impunidad hacia agentes deshonestos. Especialmente cuando Baja California vive uno de sus peores momentos de inseguridad y violencia. Lo que se requiere, es una corporación que combata, no que robe. A ver cuándo el gobernador Francisco Vega ordena a la procuradora Perla Ibarra que el caso se investigue, y a Sosa, que entregue a los ladrones, o que cese el nepotismo en la Secretaría que titula. Algo que haga, algo.
