Anteponer el respeto a los derechos humanos antes, durante y después que los detenidos ingresen a las celdas, recomendó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, al participar en el foro de análisis para la integración de un reglamento que regule la Estancia Municipal de Infractores (EMI).
La dependencia municipal opera “en el limbo” al carecer de una ordenanza propia que la regule, aunque desde su operación, en 1985, hace uso del reglamento de la cárcel pública municipal, el cual se consideró inadecuado en el “Foro de análisis para proyecto del reglamento interno de la Estancia Municipal de Infractores”.
En su ponencia, la comisionada de Derechos Humanos, Melba Olvera, recordó que son violatorias a los derechos humanos: el hacinamiento, las celdas pequeñas, bajos niveles de ventilación y poca luz, no contar con instalaciones sanitarias o dormitorios adecuados y/o no contar con servicios médicos. También subrayó que las autoridades están obligadas a la reparación del daño cuando se efectúen detenciones arbitrarias.
Todos esos puntos, expuso, deben quedar asentados en la ordenanza municipal en integración para evitar situaciones violatorias como las que recientemente se han registrado en algunos municipios de Baja California y que han ameritado recomendaciones de la CEDH.
Como ejemplo, citó dos casos ocurridos en celdas de la Policía Municipal de Tecate y Playas de Rosarito, en las que los custodios incurrieron en violación a derechos humanos: El fallecimiento de un hombre con discapacidad auditiva que había sido detenido por agentes municipales de Tecate en julio de 2017, quién apareció muerto con fracturas en cráneo y diversas partes del cuerpo. Las autoridades de Seguridad Pública no solo no informaron a su familia de la detención, sino que negaron que hubiera sido detenido cuando familiares acudieron a buscarlo.
Ese hecho amerito que la CEDH emitiera la recomendación 7/2018 dirigida a la alcaldesa Nereida Fuentes y al director de Seguridad Pública, Fernando Castro Trenti, sin que a la fecha haya sido cumplimentada.
También hizo referencia del abuso sexual contra una mujer en las celdas de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, por parte de un policía al finalizar la administración de Silvano Abarca Macklis. La recomendación de este caso se emitió durante la administración de la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, sin que a la fecha se haya atendido del todo. En ambos casos, citado uno de los principales puntos recomendados fue la instalación de cámaras de videovigilancia en las celdas.
Por su parte, María Adolfina Escobar López, delegada de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), indicó que “estamos retrasados 30 años en materia de reglamentación sobre manejo de infractores con la población tijuanense. Estamos obligados a entregar un reglamento para la Estancia Municipal de Infractores de avanzada garantista, con visión en la protección de Derechos Humanos”.
A dos años de la administración del XXII Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a través de la Dirección de Asuntos Internos de la Sindicatura Procuradora, logró percatarse “que no hay un reglamento que rija su vida interna –de la Estancia Municipal de Infractores-”, explicó la síndico Marcela Guzmán Valverde.
Fue por ello que la autoridad municipal decidió llevar a cabo el foro de análisis en donde los organismos “que trabajan directamente con la estancia”, aporten sus ideas para conformar los estatutos de la proyectada ordenanza.
Aunque la funcionaria aseguró que la Sindicatura Procuradora sí tiene un proyecto, consideró que necesita recoger recomendaciones y sugerencias de especialistas para enriquecerlo.
Anotó que en dos semanas el proyecto estaría siendo entregado a la Comisión de Seguridad Pública que preside el regidor Luis Pérez Saucedo, para posteriormente ser turnado al pleno del Cabildo para su aprobación.
