Nunca en Baja California, incluso desde 1989, cuando iniciaron los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, habían ejecutado a tantas personas como las que han sido asesinadas en poco más de nueve meses de 2018.
Al jueves 4 de octubre, de acuerdo a números de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 2 mil 325 personas han sido acribilladas en los cinco municipios de Baja California. Tal cifra rebasa la registrada en 2017, año considerado como el más violento en la región, al contabilizar 2 mil 279 asesinatos producto del narcotráfico y el crimen organizado.
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De hecho, la cifra actual de ejecutados supera la que ha sido manipulada de 2017, pues mientras en el primer trimestre de 2018, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron que el total de asesinatos había sido de 2 mil 279 en el año anterior, para octubre de 2018 han cambiado a un número mayor: 2 mil 322. Sin embargo, ésa también ha sido rebasada.
La cuenta de la violencia por municipio está así: Tijuana, mil 886 ejecutados; Ensenada, 183; Mexicali, 118; Tecate, 69, misma cifra que se acumula en Playas de Rosarito.
En la estadística de la asociación ciudadana México Evalúa, Tijuana pasó de la posición número 30 a la número 1 en la estrategia de atender a los 50 municipios más violentos de México.
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Ni la estadística nacional ni la local, son un tema que refiere buenas acciones por parte del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en términos de inseguridad y combate a la violencia, todo lo contrario; evidencia un Estado fallido en materia de seguridad, un abandono en la estrategia integral de combate a la inseguridad, y un crecimiento y poderío de los cárteles de las drogas que, sin capos visibles y con células criminales en la región, dominan las calles con sangre y plomo.
Ciertamente el tema de la seguridad no ha sido bandera en la administración de “Kiko” Vega, tampoco lo fue durante su campaña. Se ha visto ignorante al respecto, temeroso a veces, evasivo en más ocasiones. Desafortunadamente para los bajacalifornianos, sus elecciones para el sector de la seguridad y la procuración de justicia no fueron las más acertadas.
Acostumbrado a realizar muy pocos cambios en sus estructura de gobierno, Vega ha mantenido al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a una mujer que lo mínimo es que se ve cansada y se escucha ajena a la estrategia para combatir desde el ámbito ministerial a las células de tres cárteles de las drogas que convergen en esta entidad: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Arellano Félix.
Efectivamente, Perla del Socorro Ibarra, ha reconocido públicamente que la impunidad en los casos de investigación de los homicidios dolosos es de un 91 por ciento. Recientemente realizó cambios en la estructuración de la procuraduría y las facultades en las áreas de investigación, para descansar en otros subalternos el trabajo de judicializar los casos de homicidios. La respuesta, aún leve en términos de optimismo, va en ese camino.
En su círculo cercano, la procuradora ha manifestado que presentó su renuncia al gobernador, sin embargo, no ha sido aceptada por el mandatario. Magistrada con licencia por favoritismo en el Congreso del Estado y en el Consejo de la Judicatura, Ibarra añora la posición de una sala en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por encima de un cargo en el cual sus resultados han sido mediocres, y eso es evidente en la impunidad que tienen los asesinos en Baja California para seguir matando, a razón este año, de las 2 mil 325 personas en la estadística oficial, obviando aquellos cuerpos que terminan en una fosa clandestina, desechos, o en otros territorios.
En materia de seguridad el caso es similar. Gerardo Sosa Olachea, notario y ex subprocurador de Justicia, quemó su buen prestigio con una deficiente labor al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que previo a él, realizaba labores de inteligencia y se coordinaba con el Ejército Mexicano para la investigación, persecución y aprehensión de narcotraficantes y criminales organizados.
Desde su llegada, nadie investiga a la nueva generación de Arellanos que con su cártel y aliados con Jalisco en ocasiones, enfrentan una guerra contra los sinaloenses, justa criminal que es el origen de los más de 2 mil 300 ejecutados en el transcurso de 2018.
El secretario de Seguridad de Baja California brilla por su ausencia. Ni se coordina con otras corporaciones o instituciones, ni cumple a cabalidad los compromisos con grupos sociales, ciudadanos, o dedicados al tema de la seguridad pública. Con el pretexto de haber recibido una amenaza en su hogar, cortó las salidas públicas y en cada evento de inseguridad, se nota la evasiva física del funcionario.
Hace unos días, en el colmo de la soberbia y la impunidad, los criminales hicieron uso del terror para alarmar a la sociedad y evidenciar un poder sobre la autoridad, al colgar a un hombre de un puente. Los horrores de la violencia producto del narcotráfico están regresando a Baja California, ante la deficiencia e incapacidad de las autoridades para investigar y establecer una estrategia integral para combatirlos.
Hace algunos años, Francisco Vega inició la Cruzada contra la Inseguridad, cuyos resultados, es evidente por la cifra de asesinatos, no han sido ni medianamente los esperados. Pero los ciudadanos poco se enteran de ello, al ignorar públicamente el tema, al no dirigirse de frente sobre el mismo.
El gobernador omite una terrible realidad: Baja California es uno de los estados con más crímenes, y Tijuana, la ciudad más violenta.
El clima inseguro que se vive en la periferia de las ciudades no ha alcanzado la alerta roja en las concentraciones urbanas, los secuestros llegaron hasta los centros de abastos y de ahí no han pasado, pero ello no significa que no se contaminarán los núcleos financieros y académicos de las ciudades con el crimen organizado, especialmente cuando el problema no se está atacando de manera eficiente y coordinada desde el Estado, lo cual promueve la impunidad que da impulso al crecimiento de las organizaciones criminales.
Los esfuerzos de algunos secretarios de seguridad o directores en los municipios, podrán ser destacados en la medida que tengan un respaldo en una coordinación estatal, pero lamentablemente, ni la procuradora ni el secretario de seguridad en Baja California, tienen el liderazgo para agruparlos, y juntos combatir a los criminales que peligrosamente están incrementando su nivel de violencia, al amparo de la impunidad de un gobierno ineficiente.
En la administración de Francisco Vega de Lamadrid, Baja California va encaminada a convertirse en uno de los estados más violentos del país. Por lo pronto, ya rebasó cualquier cifra de ejecutados: al 4 de octubre, 2 mil 325 personas asesinadas.
