Las medidas de austeridad promovidas por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya se hicieron sentir con la instauración de la Sexagésima Cuarta Legislatura. El 1 de septiembre, fecha de apertura de los trabajos parlamentarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dispuso que los legisladores pertenecientes a ese órgano legislativo prescindan de automóvil, computadora y bono especial, beneficios que les correspondían en calidad de asignaciones de inicio.
En un oficio remitido al secretario general de Servicios Administrativos, Roberto Figueroa Martínez, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó que los integrantes de la Cámara Alta actuarán “con la auténtica determinación de eliminar privilegios y excesos”; de manera que se pronunció porque no se realice la entrega de los estímulos en cuestión.
Con esa determinación, los senadores se verán privados de un monto de 250 mil pesos destinado a la adquisición de vehículo, así como de 25 mil pesos para proveerse de equipo computacional y 117 mil más correspondientes al bono inicial, lo que implica un ahorro de aproximadamente 50 millones de pesos.
Aparte, en un acuerdo avalado por la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, así como la Comisión de Administración del Senado, el cual fue suscrito por los coordinadores de los siete grupos parlamentarios, quedaron establecidos una serie de “criterios y acciones en materia de austeridad”, relativos a la cancelación de prerrogativas a la estructura administrativa de la Cámara en los rubros de gasolina, telefonía celular, vales de despensa, complemento de aguinaldo, entre otros.
Como parte de esa propuesta que finalmente fue aprobada, para quienes ocupan un escaño en el Congreso aplicarán las siguientes disposiciones: “Reducción en asignaciones para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios; Apoyo a senadores en días de sesión; Reducción de alimentos a senadores en días de sesión; Eliminar frutas, semillas y bebidas especiales”.
En el mismo afán de apretarse el cinturón, el 3 de septiembre, Ricardo Monreal anunció que la flotilla de automóviles adquirida durante la Legislatura anterior será subastada con el fin de reintegrar los recursos obtenidos al erario público y para efectos de suprimir gastos en materia de “seguros, gasolina, mantenimiento, estacionamiento”. Bajo esos términos, más de 90 vehículos quedaron retenidos en las instalaciones del Senado con la finalidad de ser rematados.
El ex gobernador de Zacatecas estimó que el parque vehicular asciende a entre 150 y 170 vehículos (de reciente modelo), los cuales en su totalidad habrán de ser subastados.
Según trascendió, los consabidos planes de ahorro incluso repercutirán en la adquisición de galletas, café y agua embotellada.
A su vez, los diputados federales de Morena, en voz de su coordinador Mario Delgado, se pronunciaron por dejar de gastar en unidades vehiculares y no renovar el contrato de aquellas que por parte de la Cámara Baja se encuentran en arrendamiento. Sobre los autos propiedad de ese órgano legislativo, agregó que está por definirse qué destino se les dará.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador, quien entrará en funciones el 1 de diciembre, apostó por encabezar una administración federal apegada a un esquema de “austeridad republicana”, consistente en reducir el gasto público, con la finalidad de ahorrar 500 mil millones de pesos.
