En la primera mitad de su periodo de gobierno, Juan Manuel Gastélum Buenrostro ha erogado 220.6 millones de pesos en pago a asesores y para que personal externo realice el trabajo que su equipo no ha logrado. Mientras continúa incrementando el pago por honorarios, nombró a uno de sus asesores como presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana
Desde el arranque de la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se ha incrementado el número de asesores y la contratación de personal externo por honorarios, lo que ha costado al erario de Tijuana 220.6 millones de pesos, erogación registrada hasta junio de 2018…y contando.
En el último mes, el gobierno de “El Patas” ha continuado con la contratación de asesores y de personal operativo externo, argumentando la falta de personal capacitado que le permita cumplir con los programas de gobierno con personal propio.
Pero el lunes 17 de septiembre fue más allá: nombró a uno de los asesores que ha mantenido en forma permanente, como presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se trata de Rafael Ignacio Liceaga Campos.
Lo hizo obligado por un requerimiento del Tribunal Estatal Electoral, después de un año de evadir el llevar a consulta ciudadana, la concesión del servicio de alumbrado o el aumento a las tarifas del transporte público, como se lo demandara el Consejo de Organizaciones Ciudadana Independientes (Coci).
El nombramiento se realizó con el “consenso” de quienes quedaron como integrantes del mismo organismo, pero sin convocar públicamente a su conformación, como lo había comprometido su propio gobierno, “lo que hace dudar que se vaya a conducir con imparcialidad”, expuso el presiden de Coci, Carlos Atilano Peña.
ASESOR CON SUELDO MENSUAL DE 25 MIL PESOS
Rafael Ignacio Liceaga Campos fue contratado desde el primero de marzo de 2017, como asesor a razón de 25 mil pesos mensuales, de acuerdo la Unidad de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
Con contratos semestrales, pero manteniendo la misma remuneración, Liceaga Campos permaneció en la nómina de Servicios Profesionales por honorarios asimilares hasta el 30 de junio de 2018, fecha donde se encuentra actualizada la información de la Unidad de Transparencia, a cargo de la Presidencia Municipal de Tijuana.
A diferencia de otros asesores, el contrato de Liceaga Campos no está accesible para los ciudadanos, ya que “Oficialía Mayor está trabajando en el escaneo de los contratos, para posteriormente estar en aptitud de generar el proyecto de versión pública, toda vez que contiene datos de carácter confidencial, conforme al artículo 136, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, y ponerlos a consideración del Comité de Transparencia”, se lee en la página.
DE ASESOR A PRESIDENTE DE CONSEJO CIUDADANO
El lunes 17 de septiembre, en el ayuntamiento dieron nombramiento a Rafael Liceaga Campos como presidente del Consejo de Municipal de Participación Ciudadana.
“Esperemos que esa situación no vaya a afectar la imparcialidad del Consejo”, expresó Carlos Atilano Peña, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadana Independientes.
Ante ello, advirtió que serán “celosos vigilantes de su actuar”, urgiéndolo de inicio a organizar la consulta ciudadana sobre los temas propuestos por Coci, para que el plebiscito demandado se efectúe antes del día de la elección del proceso electoral de 2019.
El activista reconoció que de suyo, el nuevo organismo tendrá una actuación acotada debido a lo obsoleto del Reglamento que lo regula, por lo que pidió a la autoridad municipal, trabajar en un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, ya que el actual lo consideró “muy general y omiso”.
No obstante a esas observaciones, Atilano Peña consideró que la conformación del Consejo “es algo favorable para la vida democrática de Tijuana, sobre todo porque sería la primera vez que en Baja California se lleve a cabo este instrumento de participación ciudadana”.
Recordó que ante la negativa del gobierno de “El Patas” de desarrollar la consulta pública, Coci demandó al Tribunal de Justicia Electoral, obligar al municipio a efectuarla, petición que respaldó con 15 mil firmas de ciudadanos en agosto de 2017.
En su toma de protesta como presidente del Consejo, Rafael Liceaga comprometió que las primeras consultas ciudadanas serán sobre el tema de luminarias y el cobro de tarifa de transporte público.
Como presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Administración Pública, el regidor independiente, Roberto Quijano Sosa, integró el Consejo en cumplimiento al Reglamento actual que lo regula.
Como parte del nuevo organismo, dijo que impulsará llevar a la consulta ciudadana no solo los temas de alumbrado público y cobro de tarifas de transporte público, sino también “temas como movilidad, arrendamiento de camiones de basura y patrullas, estacionómetros, entre otros, deberán ser consultados y no asignados de manera directa”.
CONFORMACIÓN TARDÍA DEL CONSEJO
“El ayuntamiento Tijuana tardó más de diez meses en cumplir con lo ordenado por el Tribunal, bajo la excusa de no contar con infraestructura y carecer de la reglamentación correspondiente para la realización del plebiscito; estos argumentos fueron desechados por el Tribunal en su resolución”, subrayó Roberto Quijano Sosa.
No obstante, la demora en la conformación del Consejo, “su integración fue sin convocatoria previa y obligado por una resolución del Tribunal de Justicia Electoral”, expuso el regidor independiente.
El 20 de septiembre de 2017, el Tribunal conminó al XXII Ayuntamiento a desarrollar el plebiscito, a lo que Gastélum, por recomendación de sus asesores jurídicos, respondió estar imposibilitado al no contarse con un Reglamento vigente para ello, lo cual fue desmentido por los integrantes de Coci -la mayoría de ellos profesionales del Derecho-, quienes comprobaron a “El Patas”, contar con un Reglamento General vigente desde 2003.
Ante ello, el Tribunal nuevamente ordenó al municipio, realizar la consulta pública, teniendo como respuesta el que las autoridades del XXII Ayuntamiento interpusieron recursos de inconformidad sin lograr ser favorecidos con la resolución del Tribunal.
Por ello es que la instalación del Consejo de Participación Ciudadana se efectuó en forma tardía, cumplimiento una orden por parte del Tribunal de Justicia Electoral que se emitió desde diciembre de 2017.
“Por los tiempos electorales -de 2018-” fue que el Consejo no se conformó antes, expuso el Secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero Díaz.
AUMENTAN PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS
De acuerdo al registro de la Unidad de Transparencia, desde el arranque de la administración de gobierno de Juan Manuel Gastélum hasta el 30 de junio de 2018, se erogó 220 millones 606 mil 805 pesos en pago a asesores y personal contratado por honorario.
En el primer año de su gobierno pagó a externos 162 millones 972 mil 689 pesos, mientras que en el primer semestre de 2018, el gasto en este rubro ascendió a 57 millones 634 mil 115 pesos.
En la semana que concluye, la Comisión de Hacienda aprobó ampliar el presupuesto en pago de honorarios por la cantidad de 5.3 millones de pesos, de los cuales, tres millones 750 mil pesos serán destinados a la contratación de personal capacitado que le permita cumplir con los programas primordiales del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan).
La regidora Elvia Rangel García, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó el recurso sale de partidas no ejercidas del propio Instituto, el cual se canaliza a la contratación de personal operativo que se encargará de hacer el trabajo de planeación que los empleados incrustados en la nómina de la paramunicipal, no están capacitados para desarrollar “principalmente el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus)”. La edil admitió “somos ineficientes”.
Precisó que el 90 por ciento del personal del Instituto es sindicalizado, por lo que no puede ser removido, de manera que se requiere contratar a personal externo para que realice la parte operativa, porque además “resultaría más caro pagar horas extras a los trabajadores de base”, quienes se limitan a trabajar en cierto horario.
Una semana antes, la misma comisión aprobó ampliar el presupuestos de la Dirección de Administración Urbana (DAU) para la contratación de 18 asesores y personal de apoyo que permita a esa dependencia cumplir con el Programa de Mejora Regulatoria y disminuir el rezago y tiempos de espera en los trámites.
Foto: Archivo.- Integrantes de Coci presentaron queja ante TEEBC
La Comisión de Hacienda del XXII Cabildo de Tijuana aprobó ampliar en más de un millón de pesos, el presupuestos de la Dirección de Administración Urbana (DAU) para la contratación de 18 analistas e inspectores para los meses de septiembre a diciembre que permita a esa dependencia, cumplir con el Programa de Mejora Regulatoria y disminuir el rezago y tiempos de espera en los trámites.
De acuerdo al argumento de Magdalena García Tafoya, directora de DAU, la demanda mensual de solicitudes de permisos de usos de suelo, operaciones mercantiles, edificación y urbanización, es de un promedio de nueve mil trámites, lo que está aumentando el rezago y los tiempos de espera se han ampliado hasta por ocho meses; los 18 analistas e inspectores serán contratados mediante el rubro de honorarios asimilables a salarios y serán distribuidos en estos cuatro departamentos.
“Se solicita ampliación presupuestal debido a que en el presupuesto inicial únicamente se consideró la contratación de cierta cantidad de analistas e inspectores, pero debido a la reforma y aprobación del nuevo Reglamento de Edificación y para no infringir en los artículos 292, 293 y 294, en los cuales se establece que la revisión, análisis e inspección debe ser llevado a cabo por un Arquitecto o Ingeniero Civil, se requiere la contratación de más personal con dichas profesiones”, planteó la funcionaria.
Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, García Tafoya subrayó que el objetivo es bajar los tiempos de respuesta a los solicitantes a un plazo máximo de 10 días.
La contratación de personal de honorarios, particularmente peritos, supervisores y especialistas en planeación de obra, será sometida a la aprobación del pleno del Cabildo.
Ya en la última sesión, la asamblea edilicia había avalado dos ampliaciones presupuestales para el pago de asesoría por la suma de dos millones 316 mil pesos; 1.6 millones de pesos se etiquetaron para cubrir los honorarios de seis asesores para la nueva Unidad Administrativa de Transparencia, quienes fueron contratados por el periodo de julio a diciembre de 2018. La segunda ampliación fue por un monto de 716 mil 878, recurso asignado a la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, a cargo de Martha Lorenza García García, para el contrato de asesorías en materia de ingeniería, arquitectura y diseño, para la ejecución de programas de mantenimiento en calles, vialidades principales y camellones. La asesoría es “con el fin de evitar observaciones posteriores en el análisis de resultados de los indicadores trimestrales”, expuso en la solicitud de ampliación del presupuesto que le permitiera sufragar ese gasto.
