Era el año 2016 y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estaba en el cenit de su desarrollo. Elena Poniatowska, presentaba su para entonces último libro, Las Indómitas, cuando mi compañero Enrique Mendoza le hizo una entrevista. Fue inevitable abordar en el encuentro periodístico, el contexto sociopolítico del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En relación a las fosas clandestinas, esos sepulcros subterráneos y anónimos del narcotráfico, la intelectual reflexionó:
“Ya rascas y hay un muerto; eso es una infamia, es una gran vergüenza para nuestro país; México es un país de desaparecidos y de fosas donde está sepultada gente que ahora, ¡te imaginas para saber quiénes son! En el Distrito Federal, y Tijuana ni se diga, pero ves cantidad de muertos, es una cosa horrible; ¡ya casi la gente lo está tomando como normal!”.
Han pasado dos años de aquella conclusión de Poniatowska y el gobierno federal de México no cambió la política del combate a la inseguridad, ni enderezo el rumbo. La situación actual es peor. Todo México es un cementerio para el narcotráfico y los criminales organizados.
En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estima que en los últimos once años se han descubierto en el país más de mil 300 de las llamadas narco-fosas, donde se habrían recopilado osamentas y cuerpos de más de tres mil 700 personas.
Hace unos días, dos estados registraron hallazgos en ese sentido. En Guanajuato se localizaron tres narco-fosas con un total, hasta ahora, de 37 cuerpos enterrados, y en Veracruz un vertedero clandestino de cadáveres que ocultaba al menos unos 170 cráneos. Ese estado, símbolo de la corrupción en México, contabiliza ya unas 600 narco fosas con más de mil 170 cuerpos localizados en 85 de los 212 municipios del estado que defraudaron los Duarte, Javier y su esposa Karime.
A escasos dos meses y días que el presidente Enrique Peña Nieto deje de serlo, y luego que saturó las redes sociales y los medios tradicionales con propaganda sobre lo que presume fueron logros en su sexenio, la realidad es que Peña deja un país lleno de sangre. En una severa crisis de inseguridad y violencia que alcanzará los más de 150 mil ejecutados durante sus seis años de mandato.
Peña no pudo ni combatir ni contener a los cárteles de la droga. Por incapacidad, corrupción, o complicidad, las fuerzas federales de investigación ministerial, y operativas, no investigaron ni las redes financieras de los cárteles, ni desmantelaron las estructuras criminales, permitiendo con tal impunidad, el crecimiento de las organizaciones delictivas en México.
Ante el crecimiento de los cárteles, sea en estructura o en territorio, las guerras entre unos y otros por controlar territorios, ampliar su línea de traficantes, de asesinos o vendedores de droga, suben el tono de la violencia. De la amenaza de muerte pasan a la ejecución, a la desaparición con fines fatales, a la extorsión y la desintegración de las familias, hasta llegar al contexto en el cual México vive hoy. De ejecuciones en lugares públicos como Garibaldi en la Ciudad de México, de balaceras en sierras y poblados, y de muchos otros ataques que no son públicos hasta en tanto no se descubran más narco fosas, o como el desafortunado caso de Guadalajara, Jalisco, cuando aparecen tráileres llenos de cadáveres que la autoridad no tiene dónde depositar.
La violencia en México es una bola de nieve que inicia en el ámbito federal y crece en el estatal. Los asesinados lo son producto del contexto del narcotráfico y el crimen organizado, cuyos delitos son facultad investigarlos del gobierno federal, pero que siendo omisos, trasladan la responsabilidad a los estados.
Así es el caso de los dos tráileres que almacenan más de 230 cadáveres en Guadalajara, Jalisco, y que uno de ellos fue enviado a dar rondines o ser estacionado en puntos fijos ante la falta de infraestructura para el almacenaje de cuerpos, o la determinación de territorio para fosas comunes.
Luis Octavio Cordero Bernal, el hasta hace unos días director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (uno de los mejores del país, por cierto), durante los últimos dos años estuvo solicitando le ampliaran el presupuesto para ampliar las instalaciones, además de habilitar un panteón forense con 700 espacios, pero no recibió respuesta positiva. El incremento en la inseguridad y la violencia rebasa el compromiso por incrementar los presupuestos para combatirlas.
A Cordero Bernal, quien antes de ser director del instituto fue presidente de un colegio de abogados, y un crítico del gobierno, hace unos meses los criminales le desaparecieron a una hija. Abogada también, no ha aparecido. Ya de antes el ex funcionario que la fiscal general sacrificó, había generado empatía con los grupos de rastreadores (como les llaman ahora) de desaparecidos. Les ayudaba en la medida de lo posible a la identificación de cuerpos. Los atendía con los recursos limitados, pues tampoco le aprobaron su solicitud de más recursos para la contratación de peritos.
A la fecha tan solo en Guadalajara, hay más de 300 cadáveres sin identificar, y de cuando los cuerpos no reconocidos podían incinerarse (desde el nuevo sistema de justicia penal ya está prohibido), cuentan con mil 300 bolsas de cenizas no reclamadas.
El caso Guadalajara ejemplifica perfecto lo que sucede en México. Ninguna autoridad sabe qué hacer con tanto muerto. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado superan a la capacidad de las fuerzas armadas para contenerla. Ante la incapacidad del gobierno federal para que impere el Estado de derecho, los cárteles impunes van ganando la batalla, haciendo del territorio mexicano el cementerio más grande. Donde dos años después de la reflexión de Elena Poniatowska, todo sigue igual, opero: “ya rascas y hay un muerto”.
