De las metas establecidas, se logró un avance del 82 por ciento en robo a comercio y 115% en robo de vehículo. Sin embargo, muestras del Reto 100 Días fueron menores al 10% si se compara con la incidencia mensual registrada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con base a denuncias ante la PGJE
Lo que para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública representa un avance en la resolución de robos a comercio y vehículos en Tijuana, con la implementación de un programa apoyado por el gobierno de Estados Unidos, en los números oficiales las metas alcanzadas representan menos del 10% de la incidencia de estos delitos en la ciudad fronteriza.
Con apoyo de la Agencia de para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), relacionada con la Iniciativa Mérida, Projusticia México, Rapid Results Institute (Instituto de Resultados Rápidos), Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre otras instituciones, se implementó un programa de resultados rápidos en 100 días.
En la primera fase de este programa piloto, entre septiembre de 2017 y enero de 2018, las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en Tijuana lograron resolver un 82% de robos a comercio y 115% de robo de vehículos de las metas planteadas.
En lo correspondiente a la mesa de robo de comercio, la meta era solucionar 130 casos en 100 días, cerrando en 108 asuntos, equivalente a un 82% de avance, según cifras del Consejo Ciudadano.
En el mismo periodo se triplicaron los casos resueltos, incrementando de diez asuntos solucionados al mes, a un promedio de 27 mensuales.
Asimismo, en el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) se logró un acuerdo reparatorio resuelto en siete meses a 12 acuerdos reparatorios en 100 días, y se redujo de cinco audiencias promedio a dos audiencias por asunto.
En la mesa de robo de vehículos la meta era solucionar 200 casos en 100 días, pero se superó la meta concluyendo 250 casos, lo que equivale al 115% de avance.
Faisal K. Díaz Nassif
Anteriormente se solucionaban solo 45 robos de carro en promedio. Además, en SEJAP, 24 asuntos donde antes se resolvían dos, de acuerdo con el mismo concentrado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Sin embargo, las cifras resultan engañosas. Los mil 353 robos a comercio registrados oficialmente durante el mismo periodo del plan piloto, de los cuales mil 353 fueron con violencia y 278 sin violencia, arrojan un 6.6% de casos resueltos del total.
En el mismo periodo en que se implementó el programa piloto, la SSPE registró 4 mil 483 robos de vehículo, 3 mil 914 sin violencia y 569 con violencia. Los 250 casos resueltos bajo el programa piloto representan la resolución de apenas el 5.5 % de la incidencia.
Una búsqueda en los indicadores de la PGJE disponibles en su página de internet, afirma que el 89% de las órdenes de investigación han sido concluidas, con relación a las órdenes de investigación solicitadas por mandamiento ministerial en Tijuana.
En lo que corresponde al porcentaje de sentencias condenatorias logradas por la Subprocuraduría de Zona Tijuana, la evaluación aún no está disponible. La meta es alcanzar un 95%.
SEGUNDA ETAPA EN TIJUANA, PRIMERA ETAPA EN MEXICALI
Después del reto se llevó a cabo un taller de sostenibilidad el 9 de febrero del 2018 para definir en grupo los nuevos retos y compromisos; se ofreció apoyo de Projusticia para implementar cuatro equipos más y se eligieron Tijuana en segunda etapa y Mexicali en primera etapa.
En una segunda fase, ya puesta en marcha en Tijuana, los delitos a combatir son el robo con imputado desconocido, en el cual la meta es incrementar el número de casos resueltos de robo con violencia (menos vehículo) con imputado desconocido, de 51 a 102.
Cabe precisar que en el trimestre de abril, mayo y junio de 2018, se identificaron 51 casos de imputado desconocido.
Como casos resueltos se contabilizan en los que se identifica al imputado desconocido, se giran órdenes de aprehensión, se cumplimentan, se llevan a juicios abreviados y/u orales.
El otro delito a tomar en cuenta en esta segunda etapa es el robo con flagrancia, cuya meta es incrementar el número de casos resueltos de robo en general con flagrancia de 34 a 300.
Los mismos datos del Consejo Ciudadano arrojan que en el trimestre de abril, mayo y junio de 2018 se resolvieron 34 asuntos de robo con flagrancia.
En el caso de Mexicali, la meta es incrementar el número de casos resueltos de robo en general (excepto de vehículos) de 340 a 680. Los 340 tomados como base resultan de los casos resueltos entre abril, mayo y junio del presente año.
Con base a la metodología, se entenderá por casos resueltos: acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del proceso, procedimientos abreviados y juicios.
El segundo delito a resolver en la Capital del Estado, es el de violencia familiar, donde se tiene el reto de incrementar el número de casos resueltos de violencia familiar de 21 a 300. Para este asunto se entenderán por casos resueltos las suspensiones condicionales del proceso, así como los procesos abreviados y juicios.
EL RETO 100 DÍAS
De acuerdo con Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, el Reto 100 Días está dirigido intencionadamente a producir resultados cuantificables, en lugar de generar recomendaciones, análisis o soluciones parciales.
Con esta metodología, los grandes problemas se atacan con objetivos concretos y alcanzables, se planifican y ponen a prueba en forma rápida, de ahí que el 25 de julio de 2017 se realizó la primera reunión en Tijuana, invitando a todos los organismos gubernamentales involucrados en el tema y su solución.
Como parte de esos trabajos, se acordó concentrarse en dos delitos que más inciden en la percepción de inseguridad en Tijuana: robo a comercio y robo de vehículo, mismos que incrementaron 50 y 47%, respectivamente, comparados al año anterior de ejecutarse la primera parte del programa. Homicidio quedó fuera, por ser más complejo.
El objetivo fue incrementar el número de casos de robo a comercio y robo de vehículo solucionados de manera efectiva y respetando el debido proceso en la ciudad de Tijuana, es decir, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales y sentencias condenatorias.
Según Hernández Niebla, la lógica del programa es totalmente empresarial: “Tomas un problema, lo divides en pedazos pequeños, te enfocas en el problema representativo dentro del problema entero, juntas a todos los actores que pueden solucionarlos y estableces objetivos a corto plazo”.
En el mismo sentido, Faisal Díaz, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, declaró que con esta medición se puede exigir a la PGJE resolver cierto número de casos por mes o por año.
“Esto fue una mera muestra, un experimento, un laboratorio para poder llegar al resultado cuantitativo del esfuerzo y los logros que puede tener el trabajo de la Procuraduría”, dijo, ya que el principal problema es la impunidad, que en Baja California, alcanza un 95%, sostuvo Díaz en entrevista con ZETA.
— ¿Cómo con el mismo personal y fuerza operativa, aumenta la eficiencia de la Procuraduría? ¿Cuál es la novedad en la metodología?
“El principio básico se llama voluntad de las cabezas de gobierno para aceptarlo, de dar el apoyo para ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto, pasar de trabajos aislados a trabajo en equipo. Las corporaciones rivalizan entre sí, aquí se tomaron líderes de grupo y se integró un equipo. Se redujeron los tiempos de elaboración de los Informes Policiales Homologados (IPH), de tres horas a 50 minutos y bien elaborados. Una carpeta de investigación bien integrada.
“Antes te decían, de mil casos tenemos 950 concluidos, pero no decían que habían prescrito. Con este modelo se está viendo el trabajo. Si con la gente que tienes logran sacar el 35%, entonces necesitas duplicar el personal”.
— ¿Se está descubriendo el hilo negro, es la solución?
“No es descubrir el hilo negro, pero este programa se inició ya en tres estados, Chihuahua, San Luis Potosí y Baja California. Es algo nuevo para nosotros en México, ha funcionado en otros países.
“Necesitamos que el gobierno actual esté convencido y siga impulsando esto. Estos planes han sido financiados por la Embajada estadounidense, pero para implementarlo en los otros tres municipios y el resto de los delitos, ya tiene que haber recurso del gobierno mexicano. Necesitamos que el gobierno entrante le siga dando apoyo a esto, debe haber continuidad”.
— ¿Qué se ha visto diferente luego que se dejó de implementar la primera etapa (robo a comercio y robo de vehículos), se volvió a lo tradicional?
“Se analizan metas fijadas y por qué no se alcanzaron, se hace un diagnóstico y cómo se puede mejorar. Si tuviéramos un sistema homologado en el que las corporaciones municipales y estatales fueran en la misma dirección, un sistema en equipo, más personal, sistema y metodología de trabajo, los avances serían mayores.
“Estamos lejos de pegarle un bajón a la impunidad, este trabajo es sobre delitos denunciados y se dice que la cifra negra es del 89%, es decir, solamente el 11% de los delitos se denuncia. Si logramos resolver un 80% de casos denunciados, la gente adquirirá confianza y denunciará”.
PIDE SE IMPLEMENTE EN ENSENADA
Faisal Díaz refiere que como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, pretende “impulsar que esa metodología se logre implementar en el puerto, necesitamos ver ese tipo de resultados en lo local. Si lo quieres ver desde el punto de vista del comercio, eso demostraría realmente una mejor atención al cliente, solucionar más casos”.
— Así como en Tijuana y Mexicali se definieron los delitos a seguir, ¿cuáles serían los principales delitos a atender en Ensenada?
“Por mucho siguen estado arriba los robos a casa habitación, a vehículo y a comercio. Una de las cosas que entorpece mucho todos los procedimientos es la notificación, porque las personas dan nombres o domicilios falsos”.
— La solicitud para incorporar a Ensenada en este programa, fue de palabra o con documento…
“A la hora que me toca hablar en las reuniones de seguridad, comento que no es justo que Ensenada se quede fuera. Tenemos que esperar la conclusión de este segundo ejercicio en Tijuana y ver la respuesta del gobierno, si se comprometerá a implementarlo en las otras tres ciudades o qué pasará”.
— ¿Ve disposición de alguna autoridad, ya lo platicó con la Procuraduría o la Policía Municipal en Ensenada?
“En las reuniones he planteado el tema ante el gobernador y la procuradora. He dicho que esto se debe poner en práctica casi como una doctrina de trabajo, pero no he escuchado ningún comentario ni del gobernador, de la procuradora o del secretario de Seguridad; yo creo que están nadando de muertito, haciéndose locos”, remató el titular del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada.
