Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló en lo general la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República, además de la reducción del salario de la burocracia.
Esta Ley se convirtió, además, en el primer dictamen que se aprueba en la 64 Legislatura, y es una de las prioridades legislativas planteada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende la reducción de salarios en el sector público a partir del 1 de diciembre próximo.
Sin embargo, los artículos del 1 al 17 de la Ley, además de dos del Código Penal Federal y los dos primeros transitorios del proyecto de decreto, fueron reservados antes de la votación en lo general. Dicho proyecto de Ley fue aprobado en el Senado en noviembre del 2011, pero no había sido ratificado en San Lázaro como Cámara revisora.
El proyecto fue propuesto por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara alta, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y su objetivo es regular las remuneraciones de los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos y demás entes públicos.
Pero ahora, fueron los propios perredistas los que advirtieron amparos, jubilaciones anticipadas y renuncias obligadas por la imposición de reducir salarios con la aprobación del Presupuesto de Egresos. La Ley pasó sin modificaciones para evitar que regrese al Senado, y se enviará al titular del Poder Ejecutivo para su publicación.
Los diputados de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), plantearon la noche de ayer miércoles en una reunión plenaria, que en el próximo mes de noviembre, cuando la Ley ya se encuentre en vigor, se propondrán cambios que sean necesarios para mejorar y actualizar su contenido.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es la reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República.
“Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a que es proporcional a sus responsabilidades”, señala la minuta del Senado.
