Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario público federal, salió este viernes del Centroadaptación Social (Cereso), No. 1 de Aquiles Serdán -donde se encontraba preso desde hace 9 meses-, según le confirmó el fiscal general de aquella entidad, César Augusto Peniche Espejel, al diario Reforma.
El también ex senador por Coahuila -quien abandonó el penal estatal en compañía de sus abogados- quedará sujeto a la medida cautelar de arraigo, además de que tendrá que portar un brazalete electrónico y no podrá abandonar el estado de Chihuahua.
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“Es la confirmación de que la justicia federal es selectiva y favorece al poder político. Es una página más en la historia de la corrupción política, que tiene al país sumido en la violencia y la desigualdad”, consideró Peniche Espejel.
Ayer, la magistrada federal Isabel Porras Odriozola desechó la apelación con la cual el Gobierno de Chihuahua pretendía revertir la absolución de Gutiérrez Gutirrez por el desvío de 250 millones de pesos al PRI, tras el retiro de la imputación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, desechó la apelación 275/2018 promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, por ser notoriamente improcedente.
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La defensa del político priistas confirmó a través de un comunicado que Porras Odriozola estimó que la autoridad chihuahuense no tiene el carácter de parte en el proceso y, por tanto, no está legitimada para promover dicha impugnación.
“Esta resolución confirma que cualquier recurso o chicana legal interpuesta por el Gobierno de Chihuahua no prosperará, por lo que una vez exonerado deben ponerlo en inmediata libertad […] Esto significa que el Poder Judicial de la Federación confirmó una vez más que no hubo elementos suficientes para acreditar la supuesta culpabilidad de Alejandro Gutiérrez”, afirmó el abogado Antonio Collado Mocelo.
A finales de agosto, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia exoneró a Gutiérrez Gutiérre durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México.
La PGR presentó una solicitud de sobreseimiento de la acusación al considerar que no existen elementos de prueba suficientes para sostener la imputación, sustentada únicamente en declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
El ex secretario general adjunto del CEN del PRI, no salió del Cereso, No. 1 de Aquiles Serdán para acudir a la diligencia que se llevó a cabo en los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la ciudad de Chihuahua.
“En ese caso, considero que procede este sobreseinmiento […] pues si la Fiscalía no tiene la intención de continuar con la investigación, yo no tengo las facultades para obligarla a que la lleve a cabo”, señaló el juez federal durante la audiencia transmitida vía videoconferencia hasta la sede chihuahuense, en la sala número 1, donde se encontraba la defensa del imputado.
“La Fiscalía [Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mismo que atrajo el pasado 19 de enero la investigación] está plasmando en esta audiencia que no tiene la pretensión ni el interés para sostener una acusación y sustentarla en el juicio. Además, en esta audiencia no hay debate porque la defensa no se opone a la Fiscalía [Fepade]”, abundó el juez federal.
Después, en una conferencia de prensa el gobernador Javier Corral Jurado afirmó que en caso de que se concrete la intención del Gobierno Federal de exonerar a Alejandro Gutiérrez, su administración acudiría a instancias internacionales “para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la PGR y sus operadores, empezando por su encargado [Alberto Elías Beltrán] para dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país”.
“Al acudir a las instancias internacionales buscaremos que conozcan a detalle el curso de este caso y que conozcan y estudien cada una de las irregularidades que ha protagonizado el gobierno federal para tratar de exponer a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”, indicó Corral Jurado.
El mandatario estatal añadió que en caso de que se declare procedente la petición de la PGR se presentarán “las demandas de amparo que resulten procedentes y sin duda presentaremos las demandas penales en contra de funcionarios públicos del nivel que sean por llevar a cabo esa maniobra a todas luces ilegal, toda vez que a la luz de las pruebas que se encuentran en la carpeta son sólidas y suficientes”.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de supuestas empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
El gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado en ese momento.
Sin embargo, el pasado 3 de febrero, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral Jurado, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que suscribieron “una serie de acuerdos honorables”.
