Aumentan iniciativas para regularizar autos “chocolate” para el próximo año; especialistas advierten que ningún engomado exime a los conductores de cumplir con las normas en Comercio Exterior
Enrique Orantes González, administrador de la Aduana de Tijuana, señaló que durante su gestión se han triplicado el número de embargos de automóviles de procedencia extranjera, al pasar de 50 embargos a poco más de 160 al mes, por lo que de enero a agosto suman mil 280.
Aduana en Tijuana combate introducción ilegal de autos, dice el administrador, Enrique Orantes
Estamos “combatiendo frontalmente la introducción ilegal de estas mercancías”, destacó el funcionario, quien precisó que hasta 60 vehículos por hora son regresados al intentar pasar con documentación vencida y con registros rojos en la aduana, tanto del Chaparral, que es el punto más transitado del planeta, como en Otay.
Recordó que diariamente pasan 45 mil vehículos. “Contenerlos (a los irregulares) ha sido complicado, pero muchos de ellos pasan bien, porque viene manejando un residente, tienen la documentación vigente, cumple con nosotros, lo malo es que se quedan de este lado de manera ilegal”, anotó.
En este tema deben trabajar los tres niveles de gobierno, agregó.
En tanto que Jesús Florentino Pérez García, delegado del Instituto de la Defensoría Pública en Tijuana, afirmó que ha aumentado el número de representaciones jurídicas gratuitas que este organismo ha dado a las personas a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les embargó un automóvil, al pasar de 21 en 2017, a 31 en 2018, tanto en Tijuana como en Ensenada.
Refirió que el monto promedio de los créditos fiscales fue de 150 mil pesos, y la duración de los procedimientos administrativos fue de catorce meses.
“Por la economía, muchas personas compran un automóvil y cuando son detenidos no pueden acreditar que son ciudadanos o residentes extranjeros, entonces nosotros tenemos que buscar un mecanismo legal para defenderlos”, pero no en todos los casos es posible.
Durante 2018 se han llevado seis asuntos penales por contrabando relacionado con automóviles, sin que ninguna persona esté encarcelada.
Explicó que para que el Instituto pueda representar a un ciudadano, éste debe contar con diversos documentos, y en caso de no tenerlos, la dependencia solo brinda asesorías, las cuales incrementaron de 44 a 81 entre 2017 y 2018.
Asimismo, el Instituto brinda asesoría y defensoría en otros temas como pensiones del IMSS, e ISSSTE, en cuanto a repatriados y procedimientos de refugio, y respecto a cobros indebidos de tarjeta de crédito y débito por parte de instituciones financieras.
ENGOMADOS NO TE EXENTAN DE SER DETENIDO
Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, experto en Derecho Fiscal y Comercio Exterior, alertó que ninguna calcomanía otorgada por agrupaciones civiles, exime al dueño de un carro de procedencia extranjera de ser embargado por encontrarse en el país de forma irregular, o bien, ser detenido por cometer alguna infracción de tránsito.
Foto: Archivo
Aclaró que existe un convenio de colaboración administrativa entre los gobiernos Federal y estatal que faculta a la autoridad de Baja California a llevar a cabo auditorías para imponer un Proceso Administrativo en Materia Aduanal (PAMA) con el que se embarga un auto “chocolate”, en tanto que el SAT finca un crédito fiscal.
De acuerdo con la norma 3.4.1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, la única forma de evitar el embargo es que las placas del vehículo extranjero estén vigentes, y un residente en el extranjero viaje a bordo del auto dentro de los 20 kilómetros de la franja fronteriza.
A partir del decreto publicado en 2011, que limita el número de años para importar un automóvil usado y establece su valor mediante una tabla impuesta por Hacienda, para determinar los gravámenes IVA, ISAN e Impuesto General de Importación, el monto por esa operación prácticamente duplica el costo del automóvil.
En ese sentido, José Cruz Sánchez Nava, presidente nacional del Consejo Directivo de Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), aseguró que se vuelve “increíblemente caro poder introducir un carro legalmente”, y aun cuando la gente quisiera regularizarlos pagando esas altas cantidades no puede, pues no hay suficientes operaciones aduanales.
A su juicio, la principal razón por la que la gente adquiere estos vehículos es la falta de recursos económicos para comprar uno nacional de agencia, que supera los 100 mil pesos y cuyo crédito no siempre se otorga.
Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indican que de enero a julio de 2018, en la zona fronteriza del país se importaron 53 mil 781 autos; 9 mil 813 más que el mismo periodo del año previo, no obstante, desde 2008 se observa una reducción anual en las importaciones, siendo 2014 el año con menos operaciones, con 50 mil 639.
ORGANIZACIONES DE AUTOS “CHOCOLATE” INTERCAMBIAN DATOS CON AUTORIDAD
Con el fin de contribuir a la seguridad de los bajacalifornianos, Fidel Villanueva Ramírez, presidente del Consejo Directivo de la Organización de Protección a los Mexicanos (Anapromex), además de Sánchez Nava, de Onappafa, se mostraron a favor de que la Policía de Tijuana lleve a cabo retenes.
“Nunca vamos a pretender ser impunes. Tenemos que usar el cinturón de seguridad, tener una licencia actualizada”, comentó Sánchez Nava, quien agregó que la información registrada en Onappafa se comparte con autoridades federales, estatales y municipales para combatir a la inseguridad.
No obstante, consideró que muchos de estos retenes en los que se envían a corralón a los autos “chocolate” tienen una motivación recaudatoria, puesto que traer la licencia vencida o de otro Estado tiene como sanción una infracción.
Pero lo que ocurre es que le imponen la multa de 800 pesos y trasladan el automóvil con el pretexto de verificar si cuenta con reporte de robo en Estados Unidos; de modo que el ciudadano debe pagar alrededor de 2 mil 200 pesos para recuperarlo.
“Al final el pago no es tan gravoso, es el tiempo que te quedas sin vehículo en una ciudad donde el transporte colectivo es totalmente ineficiente, y donde las distancias son demasiado grandes de cubrir”.
Situación que la ciudadana Rosario enfrentó en noviembre del año pasado, cuando en un retén de la Policía Municipal, le quitaron su automóvil Mazda 2002. “La grúa se lo llevó para investigar si el carro era robado, durante una semana estuvo en el corralón” y, cuando reunió los papeles, testigos y demás requisitos para recuperarlo, tuvo que pagar poco más 2 mil 500 pesos.
ZETA solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana respecto al número de infracciones a cualquier vehículo que se han impuesto de enero a julio de 2018, sin que Comunicación Social proporcionara el dato al cierre de esta edición.
Otro aspecto importante en el que buscan incidir Anapromex y Onappafa, es en aumentar la contratación de seguros de automóvil, aunque reconocen un gran porcentaje de autos “chocolate” no cuentan siquiera con el de responsabilidad a terceros.
“Desde hace dos años tenemos la campaña para que tengan seguro, yo creo que del total de afiliados de Anapromex, cerca del 40 por ciento lo tiene. Hemos trabajado fuerte, pero una parte también es dinero y otra cultural”, comentó Villanueva Ramírez.
Foto: Alan García Loza.- El IFDO asesora y representa a propietarios de autos irregulares embargados
A partir del 1 de enero de 2019, sin importar el estatus que los automóviles tengan, al no contar con seguro en territorio nacional, la unidad será remolcada. “Tendrás que sacar tu seguro y pagar la multa para que te lo devuelvan”, remató el entrevistado.
REGULARIZACIÓN, BOTÍN POLÍTICO
La situación irregular de alrededor de seis millones de vehículos en el país, y según algunas estimaciones alrededor de cien mil autos “chocolate” en Baja California, ha provocado que distintos actores políticos pretendan su regularización.
Entre ellos está el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, quien mandó un oficio al SAT para hacer un censo. “Ya hablé con el jefe del SAT porque hay un convenio de colaboración en materia fiscal y quedaron de darme una respuesta”. Refirió que la iniciativa responde a un tema de seguridad, ya que el 85% de los actos criminales están cometiéndose en los carros “chocolate”.
En tanto que el representante de Anapromex garantizó que “en julio del año que entra vamos a tener regularización”, pues la iniciativa presentada en 2016, fue apoyada por legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero se quedó en la congeladora por parte de sus homólogos del PRI y PAN, y será aprobada ahora que los morenistas tienen mayoría en la Cámara de Diputados.
“A partir de marzo iniciaremos las mesas de trabajo porque ya son 240 y tantos diputados y se van a ir por una sola línea, un solo sentido, un solo pensar a favor de la regularización de autos extranjeros”, afirmó.
Por esa misma fracción partidista, en agosto pasado, comerciantes de autos usados de Tecate, Ensenada y Mexicali, así como Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, entregaron al entonces senador electo, Jaime Bonilla Valdez, una propuesta para facilitar la importación de vehículos, que incluye la creación de un nuevo decreto que elimine el esquema del precio estimado para la importación de autos, o bien, actualice el costo de las marcas y los modelos; y respete la presentación del certificado de origen emitido por el exportador. Además, contempla un esquema diferenciado entre los comerciantes de autos usados y los particulares.
El martes 11 de septiembre, la priista Sylvana Beltrones Sánchez presentó una iniciativa ante el Senado de la república para modificar la Ley Aduanera, ante la disposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece que a partir del 1 de enero de 2019, México no podrá prohibir la importación de autos usados de Estados Unidos y Canadá.
La iniciativa priista contempla cobrar un impuesto del 1%, a fin de facilitar la regularización de los vehículos “chocolate” que no sean de lujo, convertibles y deportivos, ni tengan reporte de robo o no cumplan las reglas ambientales y mecánicas. Además de que sean incluidos en el Registro Federal de Automóviles Importados.
En el ámbito local, José Cruz Sánchez Nava adelantó que Onappafa entregará al presidente del Congreso de Baja California una iniciativa antes de que termine septiembre, que incluye un tabulador con el que se cobrarían 3 mil pesos por autos de 1999; de 1999 a 2003, 5 mil pesos; de 2004 a 2008, 7 mil pesos; y de esa fecha hasta 2012, 12 mil pesos. Recurso que sería repartido, en su mayoría, al Estado y municipios, y posteriormente a la Federación.
De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la Federación llevó a cabo 15 programas de regularización entre 1978 y 2001, entre los cuales destaca el del 13 de enero de 1992, que benefició a 962 mil 128 unidades, cuyos modelos fueran de 1984 y anteriores a ese año.
Además, el del 12 de abril de 1994, en el que se regularizaron 89 mil unidades de personas físicas que internaron el vehículo antes del 9 de octubre de 1993. Así como el del 31 de enero de 1991, cuando se regularizaron 60 mil 039 automóviles “chocolate”.
En tanto que de 2003 a 2008, tan sólo en Baja California se regularizaron autos “chocolate” que beneficiaron a 250 mil familias mediante la gestión de Anapromex, señaló Villanueva Ramírez.
En contraste, las disposiciones encaminadas a restringir más la importación definitiva de vehículos extranjeros, se establecieron con el decreto publicado el 24 de diciembre de 2008, en el cual, a partir del 1 de enero de 2009, la importación consideraba autos de diez años anteriores al año en que se importe.
Dicha disposición abrogó al decreto de 2005, que permitía la importación de autos cuyo modelo fuera entre 10 y 15 años anteriores al año en que se importaba.
