Luis Armando Cota Guillén desapareció el 2 de diciembre de 2017, después de salir de su casa, cuando un amigo llegó por él en un microbús de la línea Vigía.
La última vez que vieron a Jesús Abel Jasso Lucero, de 28 años de edad, en Villas del Real VI, fue el 1 de septiembre de 2017. Su madre dice que -según testigos- ministeriales lo levantaron.
Clemente González Arballo, de 29 años de edad, desapareció el 27 de septiembre de 2017, en Maneadero, mismo lugar donde fue visto por última vez Juan Eduardo García Hernández, de 24 años, el 13 de diciembre.
Los familiares de estos jóvenes se reunieron, el miércoles 8 de agosto, con Perla del Socorro Ibarra Leyva, titular de la Procuradora General de Justicia del Estado, en las instalaciones de la PGJE, en Ensenada, a quién le pidieron atender los casos con celeridad.
Cargando una fotografía de su hijo con sus datos generales, Verónica, madre de Luis Armando, relató que desde el 2 de diciembre de 2017 ha buscado a su hijo, tratando de abrir puertas sin lograr que las autoridades atiendan su caso.
“Logramos que nos tomaran muestras de ADN, pero no nos han dado resultados. Por eso venimos a exigir que nos los entreguen, que nos digan qué pasó con nuestros hijos. No sabemos nada de la investigación”, dijo con voz entrecortada.
Lorena, mamá de Jesús Abel, tampoco ha tenido algún indicio del paradero de su hijo ni ha sido llamada para identificar cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo); en cambio, desde la desaparición de su hijo, ha recibido llamadas de extorsión telefónica. En diciembre del año pasado, la Policía Federal le tomó muestras de ADN durante una jornada estatal y en abril, fue la PGJE que hizo lo propio, después del hallazgo de una fosa clandestina en Valle de la Trinidad, análisis de los que no ha sido informada de los resultados.
Acompañada de dos niñas y colgando de su pecho la imagen de su hermano Clemente, Brenda Isabel recordó que su hermano salió al Oxxo en Maneadero, entre las 20:00 y 21:00 horas, para nunca volver.
Ella coincidió con el resto de los familiares, al sostener que la PGJE no ha hecho ni dicho nada. “Que hagan algo para buscarlos, hay muchos desaparecidos y no se ve claro que hagan su trabajo”, reclamó previo al encuentro.
Vicente, padre de Juan Eduardo, aseguró que su hijo no andaba metido en problemas, se dedicaba a vender pizza por rebanadas. Salió a trabajar y no regresó. Las autoridades no han resuelto nada, ningún agente atiende el caso de mi hijo. Nos hicieron prueba de ADN sin resultados, denunció.
Ya lo han buscado en centros de rehabilitación, en el Semefo y nada, por lo que a los funcionarios de la PGJE les pidió públicamente ayudarles a confiar en ellos.
23 CASOS A DOCUMENTADO LA CEDHBC
A la fecha, en Baja California se han abierto 23 expedientes de familiares de personas desaparecidas por considerar que se violaron sus derechos humanos: por desaparición forzada, omisiones en la investigación o diligencias, lo cual vulnera los derechos a la seguridad jurídica, legalidad y al trato digno; declaró la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez.
En 2016, la CEDH abrió 26 expedientes; en 2017 fueron 29, y se prevé que este año supere las cifras de los años recientes, declaró Olvera Rodríguez, al acompañar a las familias de los desaparecidos.
