Por exceso de trabajo de Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito de Ciudad Victoria, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió que un Juez de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, resuelva la extradición a Estados Unidos del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores.
Entrevistado por medios locales, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, quien defiende al ex mandatario acusado de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero, indicó que el amparo 788/2018 promovido por su cliente estaba radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Ciudad Victoria, pero este ya se remitió a Culiacán.
“Ya se acaba de remitir para allá y será ese órgano auxiliar de ese circuito quien resuelva en definitiva el amparo de fondo. Regularmente el Poder Judicial cuando hay mucha carga de trabajo en los Juzgados Federales lo que hace es auxiliarlos”, señaló el litigante.
“Ciertos expedientes se los quita para enviarlos a otro Tribunal que son órganos auxiliares en resolverlo”, indicó Olvera Reyes, quien estimó que el amparo sea resuelto en definitiva en un período de entre uno a dos meses.
“Aquí es el Juzgado federal el que estaba determinado para resolverlo el Juzgado Primero de Distrito, sin embargo, el Consejo de la Judicatura determinó que el expediente lo turnará a un órgano auxiliar en apoyo para que lo resolviera”, abundó el litigante.
Entrevistado a las afueras del Juzgado del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde se llevaría a cabo ayer lunes la audiencia constitucional para resolver el amparo 2042/2017 contra el auto de formal prisión, explicó que la misma fue diferida por tercera ocasión.
El Juez Décimosegundo de primera instancia de lo penal, Allen Ortiz Orozco, estableció el 3 de septiembre a las 13:50 horas, como la nueva fecha para realizar la audiencia en donde deberá resolver si otorga o niega el amparo a Hernández Flores.
Eugenio Hernández es solicitado por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de conspiración para cometer fraude bancario, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación ilícita para lavar dinero.
Sin embargo, el 16 de marzo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana estimó que no era procedente conceder su extradición por los dos primeros cargos, pero sí por el último.
Además, el ex mandatario y ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en prisión desde el pasado 6 de octubre, cuando fue detenido en Ciudad Victoria, acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción de Tamaulipas, por los delitos de peculado y lavado de dinero.
El mandatario, quien gobernó Tamaulipas del año 2005 al 2011, está acusado de adquirir, según la causa penal 67/2017, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado.
En noviembre de 2015, Estados Unidos decomisó al ex gobernador 3.8 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado Óscar Gómez Guerra.
Los estadounidenses empezaron a investigar a Hernández Flores por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.
De ser declarado culpable, la Fiscalía federal estadounidense pedirá decomisarle al ex mandatario tamulipeco tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, en Texas, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.
El pasado 18 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández Flores, requerido por la justicia de los Estados Unidos.
El ex mandatario tamaulipeco, de 67 años de edad y nacionalidad mexicana, se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, donde continuará su proceso con fines de Extradición Internacional internado en el penal estatal, señaló la PGR en ese entonces.
