La estructura criminal que opera el tráfico de totoaba en San Felipe está conformada con alrededor de 80 integrantes de manera directa o indirecta. Entre ellos – según información de cuerpos policíacos y militares- hay agentes municipales, ministeriales, funcionarios y más de 50 pescadores que diariamente extraen cientos de ejemplares endémicos para su venta ilegal
A raíz de detenciones y trabajos del Grupo de Coordinación e Inteligencia Militar en Baja California, se definió a 79 operadores relacionados con el tráfico de totoaba en San Felipe, los cuales reciben enormes dividendos gracias a la venta del “buche”, cuyo costo ronda entre 4 mil y 8 mil dólares por pieza en México.
Documentos de las áreas de inteligencia -obtenidos por ZETA– detallan el organigrama encabezado por Óscar Parra Aispuro “El Parra” o “El Tekolín” y su socio, José Luis García Ruiz “La Yegua”, como una organización de gran tamaño donde trabajan diariamente 57 pescadores, además de diez policías municipales, seis ministeriales, funcionarios, ex funcionarios y grupos armados.
En un día normal, un pescador puede retirar del mar hasta 12 piezas de totoaba, mismas que son compradas por la agrupación y vendidas normalmente a mercados extranjeros, donde su valor crece de manera exponencial.
Por su parte, Sunshine Rodríguez Peña, ex presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe -quien en noviembre de 2017 fue detenido y señalado por el Gobierno Federal como integrante de la operación de tráfico de totoaba-, afirmó que dicho pez no debe ser considerado una especie endémica, así lo establecen estudios del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca): hubo una recuperación en la población de este ejemplar, lo que generaría condiciones para la pesca deportiva.
EL ORGANIGRAMA DE “EL PARRA” Y “LA YEGUA”
A través de diversas detenciones realizadas durante 2016 y 2017, entre ellas las de dos operadores principales que recobraron su libertad recientemente, funcionarios de Inteligencia definieron el organigrama comprendido por 79 individuos, quienes responden a las órdenes, o bien, reciben sobornos de “El Parra” y “La Yegua”.
De este último no se cuenta con mucha información, pues se caracteriza por su bajo perfil, y aunque no cuenta con órdenes de aprehensión, autoridades lo ubican con nombre y fotografía tras datos obtenidos en cateos y labores de investigación. Contrario a ello, Parra Aispuro, ha tenido mayor exhibición, sobre todo tras el asesinato del soldado Emmanuel Esaú Saldaña, ocurrido en diciembre de 2017, a quien presuntamente acribilló con un arma de alto poder desde su vehículo, por retrasar el tránsito en una vialidad principal del Malecón de San Felipe.
Debajo de ellos dos, el organigrama se ramifica en varias vertientes: la de familiares que participan en la actividad, sicarios y guardaespaldas, e integrantes de dependencias como Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Policía Municipal.
FAMILIARES
El documento señala que las hermanas del “Tekolín” o “El Patrón”, Dora Alicia y Fanny, están vinculadas con la organización. La primera se encarga de operar un grupo de Facebook llamado “Víctimas de la inseguridad en San Felipe”, en la que exhiben a policías y gobierno por actos contrarios a sus intereses. También se ubica a cargo del lavado el dinero obtenido por la venta de “buche”.
El 15 de febrero se dio un enfrentamiento entre residentes de la colonia Los Arcos en San Felipe y personal de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a las afueras de la casa de Alicia Parra, pues pretendían detener a su hermano. La situación se salió de control cuando elementos de SEIDO detonaron sus armas para alejar a los vecinos que los encaraban. Al final optaron por retirarse, sin lograr detener al pescador furtivo.
Días después, Alicia, quien está casada con Ángel Iván Soberanes Miranda “El Chucho” -identificado como operador del “Tekolín”-, acudió a Canal 66 para denunciar el acoso de las autoridades a su familia.
Su hermana, Fanny Parra, sostiene matrimonio con Héctor Javier Dagnino Pérez, hermano del ex delegado de San Felipe, José Luis Dagnino López, el cual dejó su puesto el 28 de noviembre de 2017 tras la detención de Sunshine Rodríguez Peña. Su argumento se uniría a la lucha por la liberación del entonces presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas y para exigir la pesca en el Alto Golfo.
Tanto Héctor Javier como José Luis y su otro hermano, Juan Carlos, aparecen con nombre y fotografía en el organigrama, trabajando coordinados con “El Chato de Sinaloa”.
En la estructura también está otro hermano llamado Gastón Eduardo, considerado su brazo derecho y encargado de adquirir armamento para la organización. Fue detenido el 12 de octubre de 2017 por elementos de la Gendarmería en posesión de armas, droga, una gramera, dinero y un moderno equipo de radiocomunicación utilizado en altamar. Hoy se encuentra libre y sin cargos en su contra.
POLICÍAS Y FUNCIONARIOS
Dos nombres sobresalen en la lista de policías y funcionarios en el tráfico de totoaba en San Felipe, pues están o estuvieron en puestos importantes al interior de la PGJE. Se trata de Jesús Antonio Villalpando Cuevas, asesor particular comisionado a la Subprocuraduría, quien se coloca como presunto “enlace” entre los grupos delictivos e integrantes de la autoridad.
Otro que luce en el documento es el ex comandante Óscar López Guzmán, quien durante los primeros tres años de la administración estuvo al frente de la tropa; todo ese tiempo mantuvo un bajo perfil hasta el 19 de diciembre del 2016, cuando fue dejada una corona de flores a las afueras de las oficinas centrales de la PGJE Mexicali, donde se le acusó, junto con su entonces comandante operativo Armando Armas, de robar una droga.
La versión a los medios de comunicación establecía una venganza por parte de ministeriales inconformes ante una rotación de personal realizada en zonas conflictivas. El tema se archivó y no pasó a mayores, pues los agentes continúan trabajando de manera regular.
Los detenidos también “pusieron” a los ministeriales de nombres Ramón Espinoza Ruiz, el ex jefe de Aprehensiones, Ramiro Angulo Audelo -quien recientemente dejó la corporación por edad- y otros tres agentes sólo identificados como “Magaña”, “Arellano” y “Ramiro”. De igual forma, en el organigrama aparece un licenciado Calderón, del cual no se obtuvo mayor información.
El último eslabón agregado a la organización delictiva del “Parra” y “La Yegua” es el detective adscrito a Unidades Foráneas, Luis David Valdez Meza, quien en investigaciones aparece como uno de los autores del atentado contra el ex subdirector de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Fabricio Ruiz Valenzuela, ocurrido el 16 de junio.
Además de los agentes ministeriales, se encuentra un grupo conformado por diez municipales, cuya intervención es más activa en las operaciones diarias, como vigilar e informar sobre movimientos atípicos en el puerto, hasta el traslado de “buches” a Mexicali.
Los municipales son coordinados por un ex empleado del Ayuntamiento de Mexicali llamado Adrián Rivera Castañeda “El Chato de Sinaloa”, quien responde directamente a “El Parra” y es vínculo con los oficiales. Fue detenido por policías ministeriales el 18 de julio de 2017 en San Felipe, junto con Arnoldo Castañeda Romero “El Nono”, en posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército; estuvieron detenidos casi un año.
Los agentes señalados son Germán y Joaquín Rubio Gaxiola, Omar David Ibarra Gaxiola, Óscar Daniel Martínez Soto y Jorge Artemio Centurión Aguilar, cuyo nombre aparece en la investigación 07/2015 de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos, donde se responsabilizó a la corporación y a la PGJE por no brindar atención ni investigar correctamente el deceso de un detenido al interior de los separos de la Subcomandancia de San Felipe.
También aparecen los nombres de Néstor Salvador Veliz Gutiérrez y José Manuel Valle Camacho, este último, fallecido tras protagonizar un accidente de tránsito la mañana del 10 de julio de 2017 en compañía de dos personas más.
Pese a que se encontraba próximo a su horario laboral, viajaba en un vehículo particular hacia Mexicali, proveniente de San Felipe; conducir a exceso de velocidad, fue uno de los motivos por los que perdió el control y volcó la unidad Ford Explorer color blanco en la que marcaba su trayecto.
Otros agentes llamados David González y Borrego, fueron “puestos” por los traficantes, así como un tercer oficial de apellido “Palomo”. El único agente con este nombre en la nómina de la Policía Municipal es Mauro Martínez Palomo, entonces comandante Zona Valle y San Felipe.
PESCADORES
El grupo de pescadores cuenta con pocos nombres formales, pues se dedican exclusivamente a recolectar las piezas de totoaba y venderlas a “El Nono”, quien las ofrece a compradores interesados.
Se trata de un grupo de por lo menos 57 pescadores, algunos de ellos ya identificados, como Héctor René y Francisco Javier Aróstegui Torres, “El Hammer” y “El Checua”; y José Alí Amador Farías. Los tres han recibido apoyos económicos por parte del Gobierno del Estado e instituciones como Conapesca y Sagarpa, según documentos oficiales fechados en 2016.
Además, Amador Farías -detenido en 2016 por elementos de la PEP al encontrarle drogas y armas en su vivienda-, enfrentó a la justicia pero fue liberado al obtener el amparo con número 240/2016.
El resto de los pescadores solo ha sido identificado por apodos.
GRUPO ARMADO
El grupo armado consta de cuatro sujetos a las órdenes de la organización. Se trata de Damacio Madueña Ruiz “El Mini-Lic”, quien participa en eventos fuera de camino como Baja 1000, según reportes de prensa; César Alejandro Ramírez Fernández, conocido como “El Pollo”; Mario Ibarra Lugo “El Pily” o “El Mayo”; y Luis Parra Pizano “El Toronjo”. Este último ya ha sido detenido.
Sin embargo, se presume que podría haber más integrantes que no han sido identificados formalmente.
GOBERNADOR Y SUNSHINE A FAVOR DE LA PESCA DEPORTIVA
Una solución a los conflictos generados por el tráfico de totoaba sería el incentivar la pesca deportiva, coinciden el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y Sunshine Rodríguez Peña, pues además de otorgar un atractivo turístico, las ganancias se quedarían en los negocios formales del puerto.
Rodríguez Peña afirmó que desde que se vedó la pesca en el Alto Golfo se ha afectado a cinco mil personas que vivían directa e indirectamente de esta actividad, obligándolos a emigrar a para subsistir.
El ex presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas, aseveró que por su parte no criminalizará a los “valientes” que salen a pescar en esta condición, e incluso, que las autoridades han decidido dejarlos trabajar porque saben que las personas “no tienen para comer”.
Molesto por los constantes acosos del Gobierno Federal en este tema, Sunshine dijo mantener esta actividad como ilícita, representa ganancias para las autoridades, pues “reciben su mochada” y, de lo contrario, los pescadores obtendrían beneficios y mejorarían las condiciones del puerto.
“Un buche nos pagan 4 mil dólares, en una subasta le sacamos 15 mil y ahí está la prueba con el atún rojo que llega hasta 2 millones de dólares, y no con la acuacultura que dice el secretario (Rafael Pacchiano), para saciar la necesidad del mercado asiático. El asiático quiere uno más grande, de 15 kilos” reclamó el empresario sanfelipense.
Por su parte, Vega de Lamadrid, indicó que existe un gran avance en el tema de la totoaba y próximamente podría ser un asunto solucionado, pues se ha invertido mucho dinero en aumentar la cantidad de ejemplares.
El gobernador consideró que existen condiciones para ofrecer permisos limitados para la pesca deportiva de este animal, a la par de reforzar actividades como la acuacultura, lo que representaría ganancias y revitalizaría la economía en la comunidad.
