El 51 por ciento de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un familiar en el Poder Judicial de la Federación (PJF), y en algunos casos la proporción es de hasta el 80 por ciento, como es el caso de Jalisco.
Así lo informó informó Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien presentó en conjunto con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el informe ‘El déficit meritocrático’, que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en las sentencias.
El reporte destaca que se perpetúan redes familiares, abundan carreras judiciales incompletas y una falta de carreras administrativas tras 25 años de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Asimismo, a pesar de que los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito son por concurso, hay “graves problemas” para una selección transparente, indicó el estudio.
La investigación encontró que entre 1995 y 2016, 87 por ciento de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas ya dentro del PJF. Es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.
De los más de 50 distintos puestos de trabajo que hay en el Poder Judicial de la Federación -que engloba desde la Suprema Corte hasta jueces de distrito y tribunales unitarios- sólo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias, y solo 5 de estos últimos son parte de la carrera judicial.
De estos 5, sólo dos, juez de magistrado y distrito, se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos. En tanto que los otros 3 puestos se obtienen “esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, apuntó la investigación, misma que halló que ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47 por ciento cubren plazas sin filtros meritocráticos.
De estos familiares contratados, el 68 por ciento son por consanguinidad -49 por ciento de ellos son padre/madre a hijo/hija-, mientras que el 32 por ciento restante son contrataciones por “afinidad”, y en su mayoría, el 65 por ciento de los casos, se da trabajo al cónyuge.
Por estados, los más “solidarios” con la familia, indicó el reporte, son Jalisco -con 77 por ciento-, Nuevo León -con 73-, Tlaxcala -con 70%-, San Luis Potosí -con 65-, y Guanajuato, con 63 por ciento. Por otra parte, las entidades menos “solidarias” son Nayarit -con 3 por ciento-, Tabasco -con 16 por ciento-, Colima -con 20-, Oaxaca -24 por ciento, y Guerrero, 31.
Sin embargo, faltan los datos del circuito judicial de Ciudad de México y de Toluca, por lo que “es probable que las cifras reales sean bastante mayores”, abundó Ríos Figueroa. Pero a pesar de las diferencias regionales, el 51 por ciento promedio es “muy alto” si se compara con otros países, subrayó.
En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un 8 por ciento de familiares en el Departamento de Justicia. Y en España, el 14 por ciento de los miembros del Tribunal de Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el investigador.
El cargo más común para familiares es de oficial administrativo, que requiere muy pocos requisitos, el nombramiento recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser una “plataforma para ingresar fácil” y después subir de categorías, abundó el académico.
Estos factores merman la credibilidad del sistema judicial en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 71 por ciento de los mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia, y según un estudio de World Justice Project (WJP), el 68 por ciento cree que tener familiares es “decisivo” para hacer carrera en la Justicia mexicana.
La reforma judicial de 1994 incluyó un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos. Para mejorar la impartición de justicia, MCCI recomendó transparentar conflictos de interés, procesos y requisitos de promoción y sanción, crear una carrera administrativa y fortalecer la carrera judicial.
