El presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra, estableció este viernes un plazo de dos horas a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para que abandonen dicho país centroamericano, según lo confirmó el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
Ortega Saavedra, de 72 años de edad, y también líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ejerció su primer mandato entre 1979 y 1990, pero retomó la presidencia del país el 10 de enero de 2007. Desde el pasado 18 de abril, organismos nacionales e internacionales lo han acusado de violar los Derechos Humanos y de reprimir a la oposición política.
La expulsión del equipo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU en Nicaragua, ocurre dos días después de la presentación del informe de la ACNUDH sobre la crisis en dicho país centroamericano, que objeta el discurso oficial de un intento de golpe de Estado y puso al descubierto la masacre ejecutada con la represión del régimen de Ortega Saavedra.
El informe podría ser presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya sesión está prevista a celebrarse el próximo 5 de septiembre y para lo cual es necesario nueve votos de sus miembros, así como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que inicia también en ese mismo mes.
Antes, durante un acto partidario del FSLN, Ortega Saavedra desacreditó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de ser “un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia”, y abundó que “Si el torturado es sandinista no existe”.
“En sus informes [de la ACNUDH] estos asesinados, estos torturados, estos desaparecidos no existen. Los 22 policías asesinados no existen. Para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos que no torturaron a nadie, no mataron a nadie”, dijo Ortega el pasado miércoles, durante un discurso por la conmemoración de los 51 años de la gesta guerrillera en Pancasán.
Más de cuatro meses de represión gubernamental y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua han dejado más de 300 muertes y 2000 mil heridos o afectados, reveló la ACNUDH, que señaló, además, a policías del régimen como responsables del asesinato del bebé de 14 meses de edad, Teyler Lorío Navarrete, quien falleció el pasado 16 de junio, junto a otros cinco miembros de su familia, como resultado de un incendio provocado en su residencia ubicada en el vecindario Carlos Marx, de Managua.
En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno de Ortega Saavedra ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce, indicó la ACNUDH.
En su informe, el organismo de la ONU aclaró que la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de personas críticas al Gobierno.
Por su parte, el coordinador de la Misión de la ACNUDH en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, manifestó que “desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería eso fue lo que se planteó, lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión [de golpe de Estado], que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público”.
Sin embargo, afirmó Fernández Maldona, hasta ahora no han respondido a ninguna de las solicitudes de información, ni les han permitido ir a ninguno de los lugares que les propusieron. Además, indicó que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, y en los casos en los que hubo actos de violencia, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades no estuvo en correspondencia a las amenazas y la respuesta estuvo dirigida a reprimir sistemáticamente a la disidencia del Gobierno.
Mientras que el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la “represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.
