Introducción
El sistema político inglés introdujo el principio de check balance, que consiste en la autonomía de los poderes y la vigilancia que cada uno ejerce sobre el diverso poder. En México, una de las aspiraciones de quienes enseñamos Derecho es poder constatar que la investigación de delitos y persecución de los mismos, se lleven a cabo por un órgano autónomo e independiente para evitar que el ejercicio de la acción penal sea utilizado en perjuicio de los enemigos de quien encabeza el Poder Ejecutivo, así como para favorecer a quienes son afectos a este poder. En otras palabras, nos hemos opuesto siempre a que la investigación y persecución de los delitos se convierta en un arma política como sucede en los regímenes dictatoriales.
Propuestas
Una de las propuestas del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue dotar de autonomía e independencia constitucional al Ministerio Público, con el objeto de dar claridad a la persecución de delitos, principalmente a los cometidos por servidores públicos y a los delitos de corte electoral.
El pasado miércoles 11 de julio, representantes del presidente electo se reunieron para dialogar con las organizaciones civiles que conforman el movimiento llamado “Fiscalía que sirva”. El objetivo de dicha reunión es resolver un tema que estas organizaciones han buscado convertir en una prioridad de la agenda legislativa: una nueva reforma al Artículo 102 Constitucional, donde se habla de la manera en que se designa al Fiscal General.
El debate público ha girado fundamentalmente en torno de la figura del llamado “pase automático”, es decir, la regla transitoria que indica que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse las leyes secundarias, se convertirá en el primer Fiscal General por un periodo de nueve años, lo cual ha sido rechazado de forma unánime por la sociedad. Sin embargo, la tarea de transformar al Ministerio Público de la Federación es mucho más amplia que la sola definición de quien lo habrá de encabezar.
Como puede deducirse de la lectura, se rompe el principio básico de la democracia que es el de la división de poderes, la solución sería que la designación de procurador la hiciera el Senado de la República, a propuesta de la Cámara de Diputados, siendo éste al que respondería el procurador y subprocuradores en materia electoral y corrupción, que serían en su caso, susceptibles de ser enjuiciados penalmente.
Esperamos que se dé un cambio en la propuesta presentada por Andrés Manuel López Obrador y ésta sea sustituida por una que nos lleve a la autonomía y que en esa propuesta se prevea una necesaria consulta pública a la sociedad.
Esta sería, para el gobierno de Andrés Manuel, una de las acciones políticas más avanzadas y más garantistas.
Esperamos respuesta.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
