Desde octubre de 2017, el Servicio Médico Forense de Mexicali recibe 30 solicitudes mensuales para atender posibles casos de tortura. En nueve meses, tres casos han arrojado evidencia de maltrato. Sin embargo, para la fiscalía se trata de una estrategia de los defensores para afectar los casos contra los acusados. De acuerdo a los informes de la CEDH, en 2018 se han incrementado las denuncias por estos delitos de autoridad en Baja California
En Mexicali, el Servicio Médico Forense (Semefo) recibe una solicitud diaria para llevar a cabo el Protocolo de Estambul, mecanismo de evaluación física y psicológica que el Poder Judicial aplica para determinar si una víctima o una persona detenida como sospechosa de algún delito, ha sido víctima de tortura, sufrimiento o de actos degradantes por parte de las autoridades.
En años anteriores, el promedio era de diez peticiones al mes y, a partir de octubre de 2017, cuando los litigantes se enteraron que Semefo contrató un psicólogo especializado en la atención de estos temas, los requerimientos de protocolos incrementaron. Hoy se reciben 30 carpetas al mes, lo que suma alrededor de 250 solo entre octubre de 2017 y julio de 2018.
César Raúl González Vaca, director del Semefo en Mexicali, explicó que un especialista requiere de por lo menos seis horas para realizar la batería de pruebas que comprenden una revisión física y psicológica, con la finalidad de recabar evidencia suficiente para determinar si la persona fue víctima de tortura.
Aunado al cúmulo de trabajo, el principal problema que enfrentan en estos expedientes, es que en la mayoría los casos las torturas denunciadas fueron cometidas con una antigüedad de hasta cuatro años, por lo que se complica apoyarse en lesiones físicas. La única forma de integrarlas es a través del análisis de las valoraciones médicas realizadas al ingresar a los centros de detención.
Pese a ello, Hernández Vaca afirmó que en algunos casos es posible determinar cuando existen evidencias de tortura. Y ejemplificó con una de las carpetas resueltas recientemente, donde la víctima e imputado, denunció que fue lesionado por autoridades después de su detención, y en una revisión de Rayos X, los forenses localizaron una bala alojada en la pierna del ofendido.
De las solicitudes para realizar el Protocolo de Estambul, el Semefo ha confirmado tortura en tres casos en Mexicali. Tales expedientes fueron entregados a los Juzgados que los solicitaron. Pero a la fecha no han tenido ningún efecto jurídico, de acuerdo a la versión del subprocurador Fernando Ramírez Amador, quien aseguró, no se ha judicializado ningún caso por tortura en fechas recientes.
Foto: Eduardo Villa.- El subprocurador Fernando Ramírez Amador
SE MULTIPLICAN DENUNCIAS ANTE CEDH
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera, declaró que este año aumentó el número de denuncias de tortura en Baja California, ya que en los primeros tres meses se registraron 26 querellas, mientras que durante los doce meses de 2017, atendieron 27 denuncias por el mismo delito.
A su vez, informó que la dependencia que más acusaciones tiene por tortura en Baja California, es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seguida de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPM).
Mientras que en Mexicali, durante 2018, la CEDH ha recibido cuatro denuncias en contra de elementos de la Policía Municipal, pero todas permanecen en etapa de investigación, para determinar si será necesario o no, emitir recomendaciones.
Al preguntarle respecto a la recomendación más reciente, la ombudsperson indicó que la hicieron a la SSPE, por un caso donde policías estatales irrumpieron en una vivienda para agenciarse de una considerable suma de dinero. En el proceso maltrataron y abusaron sexualmente de mujeres.
Olvera adelantó que en próximos días emitirán otra recomendación por tortura, la cual fue cometida por elementos de la Policía Municipal de Tijuana, municipio que con 19 carpetas iniciadas, acumula la mayor cantidad de denuncias.
SON ESTRATEGIAS DE LA DEFENSA: PGJE
Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali, desacreditó las solicitudes realizadas por defensores -públicos y privados- de los protocolos de Estambul, pues afirma que en su mayoría son parte de una estrategia de la defensa para desacreditar un juicio. Actualmente, dijo, esas solicitudes no tienen razón de ser, ya que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), las carpetas, las acusaciones, no se sustentan en confesiones, como ocurría en el sistema tradicional.
El funcionario -quien litigó por muchos años- aseveró que en el NSJP, acreditar un caso de tortura no derivaría un proceso judicial, sino que abriría una investigación paralela contra el servidor público responsable, por lo que desconoce los motivos que impulsan a los defensores para pedirlas, sobre todo porque se ha confirmado que la mayoría carecen de sustento.
Ramírez Amador, reiteró que cada mes les llegan aproximadamente cinco denuncias de los Juzgados federales por el delito de tortura contra autoridades municipales y estatales, pero hasta el momento no se ha podido encuadrar un solo caso.
LA TORTURA EN MEXICALI
En entrevista con ZETA, Miguel Ángel García Leyva, presidente de Asociación Esperanza, recordó casos graves ocurridos en Mexicali que culminaron con la desaparición y posterior asesinato de personas, como el de Óscar Enrique Lucero Jaramillo, quien el 15 de agosto de 2011 fue detenido por elementos de la PEP, trasladándolo a la Comandancia de la corporación, donde le propinaron una brutal golpiza para obtener información sobre presuntos narcomenudistas. Escondieron el cuerpo, posteriormente localizado a través de pesquisas ministeriales.
El 11 de abril del mismo año, agentes estatales se involucraron en el homicidio del velador Jesús Francisco Balderrama Sánchez, quien fue intervenido por un grupo de agentes de la PEP que lo golpearon severamente que terminaron matándolo, para luego enterrarlo en una zona despoblada del Valle de Mexicali.
“Tanto la desaparición forzada como la tortura son delitos de lesa humanidad, los cuales se siguen cometiendo como actos represores por parte del gobierno hacia activistas o enemigos”, reclamó García Leyva.
