La PGJE archivó la denuncia contra el ex alcalde de Tecate, César Moreno, porque el Ayuntamiento clasificó como reservada la información relacionada con el desvío de 160 millones de pesos. Al respecto, Tecate en Pie de Lucha señala de comparsas a “la procuraduría de Kiko”, al gobierno municipal priista, y exigen la remoción del síndico Gerardo Sosa Minakata, quien custodia la información de la administración en la que fungió como jefe de la Oficina de Presidencia
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mandó archivar la denuncia que pesa sobre el ex alcalde de Tecate, César Moreno, por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y peculado impropio.
De acuerdo con documentos proporcionados a ZETA por el colectivo Tecate en Pie de Lucha, la decisión de la PGJE se debe a que el actual Ayuntamiento de Tecate, encabezado por Nereida Fuentes, no proporcionó la información solicitada por el Ministerio Público respecto a los estados financieros relacionados con la deuda pública por 160 millones de pesos, entre otra información oficial requerida para la integración de la investigación penal.
“Hay demasiado hermetismo en esto y es una necesidad que el Ayuntamiento diga por qué no quieren entregar esta información”, señaló Antonio Juárez, vocero de Tecate en Pie de Lucha.
El 30 de marzo de 2018, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, adscrita a la Subprocuraduría General de Justicia en Tijuana, giró orden de “resolución de archivo temporal” respecto a la carpeta de investigación que lleva el número 0204-2017-37289
El enviar una denuncia a “archivo temporal” -establece el Código Nacional de Procedimientos Penales- es una forma de terminación de la investigación. Esto significa que el Ministerio Público tomó la decisión de no continuar con la etapa intermedia de la investigación en la cual se formularía acusación contra el imputado.
LA DENUNCIA
El 16 de junio de 2017, María Teresa Méndez Vélez, Ana Lilia Orenday Torrero y José Roberto Vázquez presentaron una denuncia ante la procuraduría por los delitos arriba mencionados, contra el ex alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Moreno, y su entonces tesorero Rodrigo de Bivar Castañedo Peñuñuri.
La acusación se basó en el Dictamen 273 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, con fecha 9 de diciembre de 2015, por medio del cual se autorizó al XXI Ayuntamiento, y por ende al presidente municipal, al síndico y al secretario del Ayuntamiento, la contratación de un financiamiento con un tope de 160 millones de pesos.
Tal crédito serviría para el refinanciamiento de uno previamente contratado, y para ejecutar 29 obras públicas en el municipio entre enero y octubre de 2016.
Como se dio a conocer en el reportaje “César Moreno desapareció 137 millones de pesos en obra pública”, publicado por ZETA en diciembre de 2017, pese a que la autorización del Congreso condicionaba los créditos a los fines de reestructuración de deuda y obras públicas, el Cabildo modificó los destinos de estos recursos públicos.
Lo anterior se contrapone a lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado y encuadra con el delito de peculado, el cual se configura cuando “un servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado o Municipio, a organismos descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
En la denuncia no solo se acusa este desvío, sino que, como constató este Semanario en un recorrido físico del que se da cuenta en el reportaje anteriormente mencionado, las 29 obras no fueron realizadas y algunas de las propuestas recibieron adicionalmente fondos federales, por lo que se desconoce en qué se utilizó el dinero entregado al gobierno municipal.
AYUNTAMIENTO CLASIFICA COMO “RESERVADA” INFORMACIÓN A LA PROCURADURÍA
De acuerdo con el oficio de “resolución de archivo temporal”, en poder de ZETA, para poder integrar esta investigación, la agente del Ministerio Público solicitó la documentación relacionada con el crédito de 160 millones de pesos que adquirió el XXII Ayuntamiento de Tecate. Con ello inició también una serie de negativas por parte de la autoridad municipal.
Mediante un oficio con fecha 22 de junio de 2017, la procuraduría solicitó al síndico procurador, Gerardo Sosa Minakata -quien fue jefe de la Oficina de Presidencia en la administración de César Moreno- el Dictamen 01 de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Cabildo, así como el informe de gestión municipal.
Al respecto, la oficina del síndico respondió a la PGJE que solicitara esa información al secretario del Ayuntamiento.
Sin embargo, el secretario Magdaleno Montiel Blancas respondió a la PGJE que “al realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros expedientes y archivos, no se encontró la información solicitada específicamente al punto de estados financieros respecto de la deuda por 160 millones de pesos…”.
Además, en el oficio se explica a la autoridad ministerial que “no se cuenta con la información que sustente la aprobación de dicho crédito, ya que no se recibió expediente documental”, ni con “expediente documental de soporte de destino del recurso por el que fue aprobado”.
En un tercer intento, el Ministerio Público solicitó al secretario del Ayuntamiento las constancias de observaciones realizadas por la actual administración; las actas de entrega-recepción de Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Dirección de Desarrollo Municipal, así como las copias de los expedientes técnicos de las 29 obras.
La respuesta a la PGJE fue que la información requerida “está bajo custodia de la Controlaría interna de la Sindicatura Municipal por señalarse como información reservada”.
Entonces, la agente del Ministerio Público cambió de ruta. Optó por requerir se informase si se realizó o no la ejecución presupuestaria sobre las distintas obras y/o acciones relacionadas con el monto de 160 millones de pesos.
En caso que la respuesta sea afirmativa, entonces se solicita copia de las actas, de lo contrario, se pide un informe del estado que guarda la ejecución presupuestaria de cada una de ellas.
Una vez más, el Ayuntamiento respondió: “No contamos con información que sustente la aprobación de dicho crédito”. Tampoco se recibió el contrato celebrado con la institución financiera que otorgó el crédito donde fue depositado el recurso, ni el contrato de fideicomiso para ello.
Y añade que “desconoce las condiciones de pago y garantía de dicho crédito, así mismo, no se cuenta con expediente documental que soporte que demuestre el destino del recurso por el que fue aprobado”.
En la respuesta del Ayuntamiento, la PGJE tiene conocimiento de que la misma información es objeto de observación por la Auditoría Superior del Estado, en la revisión de la cuenta pública 2016.
PROCURADURÍA SE DA POR VENCIDA
En el mismo documento, la PGJE advierte que si bien los denunciantes refieren y son claros en cuanto a los señalamientos vertidos en su denuncia, “gran parte de la documentación solicitada por esta Fiscalía a la autoridad municipal del XXII Ayuntamiento de Tecate no ha sido remitida argumentando que la misma se encuentra bajo custodia de la Contraloría Interna de la Sindicatura Municipal (…) considerándose dicha información como reservada”.
Y más adelante justifica: “En tanto no sea emitida la conclusión de la revisión de la cuenta pública de egresos realizada al Ayuntamiento de Tecate, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba precisos que nos permitan acreditar el hecho denunciado y menos la probabilidad de que los denunciados lo cometieron o participaron en su comisión”.
Tras conocer esta determinación de la PGJE, por medio de una solicitud de información por Transparencia, el vocero de Tecate en Pie de Lucha, Antonio Juárez, pidió un informe sobre los motivos que mantenían reservada la información.
“Todos y cada uno de los requerimientos que nos ha hecho la autoridad antes mencionada se les ha dado cumplimiento en tiempo y forma”, respondió el secretario del Ayuntamiento, Magdaleno Montiel Blancas.
PIDEN REMOCIÓN DE SÍNDICO
Para Tecate en Pie de Lucha, es necesaria la remoción del síndico procurador Gerardo Sosa Minakata, ya que al ocupar el cargo de síndico procurador mientras se desarrollan investigaciones penales y auditorías respecto a la anterior administración municipal en la que fue jefe de Oficina de Presidencia, representa un conflicto de interés.
“El 11 de abril solicité al Cabildo la remoción del síndico porque, de acuerdo con la procuraduría, era el síndico quien no estaba entregando la información necesaria, pero me contesta el Ayuntamiento que no pueden darle cabida a la remoción porque ellos ya cumplieron con todo lo que ha pedido la Procuraduría en tiempo y forma”, señala.
Según Juárez, al encontrarse gran parte de la documentación solicitada por esta fiscalía bajo custodia de la Contraloría Interna de Sindicatura Municipal, Sosa “entorpece la investigación porque está involucrado en los señalamientos, pero no renuncia cuando legalmente tendría que excusarse”.
Por su parte, Alonso de León, también integrante de Tecate en Pie de Lucha, refiere que el cargo que hoy ocupa Sosa Minakata se interpreta como un movimiento político de César Moreno: “Lo colocó dentro de la planilla de Nereida Fuentes para que borrara todas sus pisadas y Nereida lo avaló, ahora ella está jugando a desconocer las actividades del síndico y darle independencia”.
El ciudadano tecatense también se dijo inconforme con el actuar del Ministerio Público, “la procuraduría dice que no tiene herramientas, pero podría impugnar ante el Instituto de Transparencia que levanten la reserva de la información, ¿por qué no lo hacen?”.
Al respecto, Antonio Juárez considera que al tratarse de “la procuraduría de ‘Kiko’ (Vega de Lamadrid) solo se actúa bajo instrucciones y bajo oficio, ¿quieren que le busquemos los documentos? Ellos tienen la herramienta jurídica para hacer la investigación, es parte de un juego político que la procuraduría ahí se quiera quedar. Lamentablemente vemos una falta de profesionalidad”.
Mientras que Hugo Aguilar, también miembro de Tecate en Pie de Lucha, opina que el proceder de la autoridad ministerial responde al proceso electoral. “Esperan que la presión social baje, están jugando al terreno del olvido, a la falta de memoria, por eso la importancia de mantener el relato vigente”.
Ante la decisión de la PGJE, el colectivo social buscará el amparo para evitar que la denuncia sea enviada a archivo y presentarían una segunda denuncia para robustecer la primera.
“Hay métodos, pero no los quieren buscar porque están siendo comparsas el Ayuntamiento y la procuraduría”, añade Juárez.
Desde el 7 de junio y a pesar de la denuncia penal en su contra que en este reportaje se relata, César Moreno fue nombrado delegado estatal del programa social Prospera, del Gobierno Federal.
“Con ese nombramiento, se están burlando de nosotros”, finaliza Antonio Juárez.
