Pese a que la colonia Altamira no registra un alto índice delictivo, de acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los colonos de dicha zona han venido denunciando pública y legalmente una serie de sucesos que les han trastocado su seguridad, lo cual esperan sea tomado en cuenta por autoridades y se atienda antes que se salga de control. Sin embargo, les preocupa algo aún más grave: que agentes de la Policía Municipal estén participando en esta ola de inseguridad
Robos de vehículos, robos con violencia en la vía pública, robos a comercio y daños en propiedad ajena, son cuatro de los delitos que residentes de la colonia Altamira han venido señalando públicamente y con frecuencia, algunos de ellos denunciados ante las autoridades competentes, debido a que consideran que han estado incrementando durante las últimas tres o cuatro semanas.
Situación que ha generado preocupación entre los colonos, ya que temen que se pueda salir de control, sobre todo porque la mayoría de estos delitos se han presentado principalmente en los alrededores de la Casa de la Cultura, una zona muy transitada, y en la Rampa Javier Bátiz, donde amantes de lo ajeno se aprovechan de quienes la transitan caminando y de noche.
Autoridades municipales refieren que entre los índices delictivos por colonia, la Altamira no figura dentro de las de mayor incidencia, sin embargo, “no está exenta” de que puedan estar sucediendo este tipo de delitos, como lo hizo saber Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lo que más aqueja a la colonia Altamira es el robo de vehículo, con veinte casos registrados en lo que va de 2018; le siguen las lesiones dolosas y el robo con violencia en la vía pública con seis casos registrados; la violencia familiar con cuatro casos y los daños en propiedad ajena con dos, los cuales, considerando el resto, dan un total de 56 casos.
Pese a que para a la autoridad esto no significa encender las alarmas, para los residentes de la colonia -ubicada en la delegación Centro- sí es “una llamada de atención”, principalmente porque atrás de todo ello hay algo que les preocupa aún más: el “abuso de poder y de autoridad” que han ejercido algunos policías municipales asignados a esa zona.
Problemática que -a decir de los vecinos consultados, quienes decidieron resguardar sus nombres- “nadie se había atrevido a señalar por la gravedad del asunto, por el temor que están generando entre las personas”, pero que sale justamente a la luz gracias a las denuncias y testimonios de un par de jóvenes egresadas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que se vieron agraviadas hasta en tres ocasiones distintas por el mismo par de policías.
LOS HECHOS
El 22 de mayo del presente año, una de las jóvenes agraviadas caminaba por la Rampa Javier Bátiz en dirección hacia la Zona Centro, se dirigía hacia una tienda de autoservicio para comprar algo de comer. A unos cuantos metros del departamento donde reside, sobre esa misma calle, dos oficiales a bordo de la patrulla 0381 la detuvieron bajo el pretexto de que se veía sospechosa debido a su apariencia.
Lugar por donde ingresaban indebidamente los policías al predio propiedad privada.
Luego de una revisión de rutina, la cuestionaron sobre a qué se dedicaba y dónde vivía, respondió que era egresada de la UABC, trabajaba y vivía a unos cuantos metros de ahí, pero no le creyeron y la obligaron a que los llevara hasta el domicilio. A pesar que les comentó que era ilegal entrar así, sin una orden a una propiedad privada, los policías la obligaron y una vez dentro, sustrajeron su teléfono celular y otros objetos personales.
Después la llevaron detenida en la patrulla y posteriormente la presentaron con un juez municipal, donde tuvo que pagar 569 pesos para que la liberaran.
Dos días después, el 24 del mismo mes, la joven presentó la queja INV-D/652/2018 ante Sindicatura Municipal, por la detención ilegal y arbitraria de los policías.
Un par de semanas después (no se proporcionó fecha exacta), alrededor de las once de la noche, la misma pareja de policías irrumpió el departamento de una pareja de jóvenes que radicaba en el mismo predio, pero en un departamento distinto. Se internaron por un costado del predio, donde solo hay pastizal y tocaron la puerta del cuarto, al abrir se metieron al lugar sin una orden y con lujo de fuerza, bajo pretexto de que ahí es un “picadero”.
De ese departamento también se llevaron celulares y un bote tipo alcancía que la pareja estaba guardando con dinero que recibían de uno de sus trabajos como artistas urbanos, sin embargo, por temor no denunciaron y prefirieron huir de ese lugar para “no meterse en problemas”.
El 13 de junio, los mismos oficiales irrumpieron nuevamente en uno de los departamentos de dicho predio, en el que reside una mujer con su bebé de un año y meses de edad, a quien apuntaron con pistolas sin importarles que estuviera presente el menor, incluso amenazaron a la persona que se encarga de administrar el lugar, cuando uno de los oficiales le dijo: “Métase a su casa, usted vive aquí y yo ya sé dónde vive usted, tenga cuidado”.
Al día siguiente la agraviada presentó la queja INV-D/739/2018/ ante Sindicatura, por haber irrumpido un domicilio sin orden judicial, también acudió ante la PGJE, pero no compartió el número de denuncia por temor a alguna especie de represalia en su contra.
Ambos casos, de los que incluso existen testigos, se reportaron en su momento al 911, pero a decir de los agraviados, “nunca se hicieron cargo” del asunto y no les mandaron al inspector de zona como se les indicó que lo harían, “mucho menos se aproximó alguien más de la corporación para cerciorarse de las situaciones”, las cuales consideraron totalmente agraviantes porque en todo momento les hicieron saber que la irrupción había sido por su apariencia de “drogadictos”.
PERSISTE ERRÓNEA VISIÓN DE “ENTRE MÁS DETENIDOS, MÁS EXITOSA LA CORPORACIÓN”
Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) señalan que la Policía Municipal efectúa alrededor de 500 detenciones diariamente, de las cuales 300 (más de un 50 por ciento) derivan de asuntos como la “indigencia, vagancia e indecencia”, detenciones en las que “generalmente se incurre” en la violación de alguno de los Derechos Humanos por motivos de discriminación, como lo hizo saber Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC).
En ese sentido, consideró muy factible que las corporaciones piensen que “son más eficientes las instituciones cuando tienen mayor número de detenciones que las que tienen menos”, y aunque la eficiencia de las corporaciones “sí habla de logros y metas”, como se establece en el Artículo 21 de la Constitución, estas se deben realizar “eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en la aplicación de su actuar”.
Por lo tanto, no se puede detener a una persona solamente “por su apariencia”, porque se viola un derecho humano constitucional establecido, ni tampoco se pueden meter a un domicilio sin contar con una “genuina” orden de cateo, ya que de hacerlo así, están faltando a la legalidad, moción que compartió y avaló el titular de la SSPM, Marco Sotomayor.
Cifras compartidas por la CEDHBC indican que en el transcurso de 2018, ha registrado 997 quejas contra elementos policiacos o de seguridad; 286 contra la SSPE, 124 contra la PGJE, 103 contra la SSPM, 31 contra la Policía Municipal de Ensenada, 48 contra la de Mexicali, siete contra la de Tecate y siete en contra de la de Rosarito.
Estadística que a decir de la titular de dicha institución, ha estado disminuyendo, en comparación al corte que hicieron a mitad de 2017.
Sin embargo, la estadística también da una muestra “clara” de que la Policía Municipal de Tijuana, después de la Policía Estatal Preventiva, es la que más quejas tiene en su contra por distintos temas, como discriminación y detención arbitraria.
SINDICATURA PEDIRÁ DESTITUCIÓN DEL CARGO DE LOS OFICIALES
Por los dos hechos denunciados los días 24 de mayo y 13 de junio, Sindicatura Municipal abrió dos carpetas de investigación contra los dos oficiales señalados, de quienes no se proporcionaron los nombres por “principios de secrecía”, debido a las faltas administrativas cometidas como la indebida detención de un ciudadano y haber irrumpido al domicilio de otro sin una orden judicial.
Elena Sánchez, directora de Investigación y Determinación de Sindicatura, comentó que estas investigaciones se encuentran en la etapa de integración de los elementos de prueba, y una vez que esta concluya, los expedientes se remitirán a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la SSPM para determinar la situación.
Vista desde la colonia Altamira y a un costado el acceso para la Rampa Javier Batiz.
Sin embargo, adelantó que ellos como Sindicatura requerirán a la Comisión, la separación del cargo por las faltas cometidas, sanción que de comprobarse los hechos, se aplicaría a los oficiales.
Desde diciembre de 2016 hasta el mismo mes de 2017, este departamento ha turnado 136 expedientes a la Comisión, y de enero de 2018 a la fecha, han remitido 12 expedientes, en los que se señala que “los elementos de seguridad pública no cumplen con las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad Pública de nuestro Artículo 133”.
147 POLICÍAS REMOVIDOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
De los 148 expedientes que Sindicatura ha remitido, la SSPM confirmó que se ha removido a 147 policías de sus cargos, principalmente por faltas como abuso de autoridad, entre otras.
Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad, expuso a este Semanario que el policía municipal “tiene que actuar en el ámbito de la Ley”, y para que una persona pueda ser detenida, “no tiene nada que ver con la cuestión de la apariencia física”, y contrario a ello, la persona tiene que haber cometido un delito “en el momento, en flagrancia o haber cometido alguna infracción” a alguno de los reglamentos municipales.
“El policía debe identificar que se presentó alguna de las situaciones, ya sea un delito o una infracción administrativa, de lo contrario, si nosotros actuamos y detenemos a alguien sin que exista esa justificación, pues evidentemente hay una anomalía, eso supongo que va a ser el fondo de esta investigación”, consideró.
Por tal motivo, instruyó al director y jefe de Distrito donde se ubica la colonia Altamira, “poner atención” en esa situación y operativamente “tomar las medidas necesarias” para evitar eventos de esa naturaleza, “si es que así se dieron, ya que esas quejas todavía se tienen que analizar”.
El funcionario municipal concluyó que del análisis que tienen de las colonias, la Altamira no aparece con alta incidencia delictiva y “mucho menos en temas de homicidios”, sin embargo, reiteró que “no está exenta como cualquier colonia de Tijuana para que desafortunadamente se pueda presentar alguna situación” como la que aqueja a los vecinos.
