Karla María Macías Lovera, jueza Novena de Distrito en Guanajuato impuso al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón, cinco multas que suman 40 mil 300 pesos, por no rendir todos los informes sobre un presunto caso de desaparición forzada contra 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hechos que habrían acontecido en mayo pasado, y que fueron denunciados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad al Hussein.
La jueza federal ordenó, entre otras cosas, que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles y colonias en donde se realizaron los patrullajes, en qué unidades y si tenían sistema de localización GPS.
Macías Lovera admitió cinco amparos a principios de junio, promovidos a nombre de Marco Antonio Romero Sánchez, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Treviño Ochoa, Noé Alférez Hernández, Rubén de la Fuente Serna, y otras personas supuestamente privadas de su libertad por elementos de la Marina Armada de México, el pasado 10 de mayo.
La desaparición forzada de personas, recordó la juez federal, es un delito grave de lesa humanidad, según tratados internacionales. Como parte de los amparos, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) ya obtuvo los registros, así como la geolocalización de los teléfonos celulares de los desaparecidos y de las últimas personas que se comunicaron con ellos, también por orden de la jueza.
Otra orden a la PGR es que publique en su portal de internet los avances de su investigación sobre este caso, lo que debe cumplir la próxima semana. Según lo informó el diario Reforma, el almirante Vidal Soberón ha promovido durante los últimos días varios amparos para impugnar el cobro de las multas, que corresponde al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por otra parte, otra juez federal multó con 8 mil 60 pesos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda porque no presentó a declarar en calidad de testigo a un militar requerido en un proceso penal. El general también interpuso un amparo para impugnar el pago, el cual ya le fue otorgado.
LA PGR DEFIENDE A LA SEMAR
La PGR afirmó que la Secretaría de Marina ha colaborado con la entrega de toda la información requerida para el esclarecimiento del caso de desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo. En un reporte sobre las diligencias que ha realizado en esta investigación, sostuvo que la Semar se ha pronunciado “como el principal interesado de resolver el caso y se mantiene respetuosa de las determinaciones que emitan las autoridades”.
“Tanto la PGR como la Semar han dado la máxima publicidad a las acciones llevadas a cabo, al tiempo en que la Secretaría de Marina ha señalado el compromiso irreductible para dar cumplimiento cabal de todas las medidas cautelares emitidas […] Y la máxima cooperación de la institución para con los entes encargados del desarrollo de la investigación”, señaló.
De acuerdo con datos de la PGR, que atrajo la investigación días después, en 26 carpetas de investigación se reportan 36 víctimas de ese delito, de las cuales una fue localizada con vida y nueve sin vida. La Procuraduría expuso que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ha realizado unas 150 diligencias como parte del plan de investigación de estos hechos ocurridos a principios de 2018.
Entre esas diligencias, están la inscripción de víctimas y familiares ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la emisión de medidas de protección para víctimas y testigos; y el levantamiento de cuestionarios a denunciantes y familiares.
Asimismo, la toma de muestras de ADN para elaborar perfiles genéticos de las víctimas; la toma de declaraciones y entrevistas a las víctimas y testigos; la solicitud de videos de vigilancia a C-3, C-4, C-5; la realización de inspecciones; y la búsqueda de indicios
La Fiscalía además pidió un informe a la Marina con los nombres de su personal en Nuevo Laredo entre el 1 de enero y el 31 de mayo, y su ubicación actual; el número y ubicación de las bases provisionales desplegadas; y el álbum fotográfico del personal.
El informe además deberá contener la relación del armamento y vehículos utilizados con su ubicación actual, en el periodo señalado; la relación de equipos de comunicación utilizados; las bitácoras de servicio del personal; y los registros de operativos realizados; y detenidos.
Además, la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, advirtió el 26 de junio que impondrá multas similares al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, si no se acatan debidamente sus órdenes para aclarar la actuación de la Marina Armada de México en los hechos.
SEMAR ACUSA “ANIMADVERSIÓN” DE JUEZ CONTRA FUERZAS ARMADAS
La Secretaría de Marina afirmó que no ha frenado ninguna investigación en desaparición forzada de personas y que los tiempos administrativos para entregar la información que solicita una juez de Tamaulipas, han sido los que han ocasionado retrasos.
Además crítico que la Juez Noveno de Distrito muestra en cada oportunidad una “animadversión”contra las Fuerzas Armadas, por no rendir todos los informes solicitados en relación a un presunto caso de desaparición forzada.
“Se cuenta con la información que los informes fueron remitidos en forma, tal como fueron solicitados por la autoridad judicial; sin embargo, fueron los tiempos administrativos desde la solicitud hasta la entrega de la información precisa lo que originó las multas por los límites tan cortos impuestos por citada autoridad para dicha entrega”, señaló la Semar.
“Los periodos impuestos fueron tan estrictos como 24 horas exactas para la primer llamada de atención, aun habiéndose justificado que habría un poco de retraso por los procesos internos de la institución a quien fue requeridos dichos informes”, argumentó la Marina Armada de México.
“El procedimiento de recolección de información de carácter operativo debe cumplir con ciertos protocolos. No se trata de cualquier información, ni es del dominio público por razones de seguridad del personal principalmente […] En este caso era información detallada en tantos rubros como pudo imaginar el área solicitante tales como lugares, fechas, horarios, nombres y datos específicos los cuales no podían ser omitidos y que como se señala, por la naturaleza de la información, no se encuentra concentrada en un ente administrativo de la institución”, reprochó la Semar.
“La juez Macías Lovera es ya conocida por sus pronunciamientos contra la Ley de Seguridad Interior, algunos casos de desapariciones forzadas con SEDENA, pero no la hemos conocido o no se ha destacado aplicando la ley e impartiendo justicia contra el crimen organizado o algún acto que sea de verdad valeroso, probablemente es más fácil sancionar o inculpar a quienes por su formación no van a tener represalias ni harán más que cooperar y aceptar las resoluciones”, añadió la Marina.
“No es de la competencia de Semar el marcar el ritmo y desarrollo de la investigación sobre el caso de presuntas desapariciones forzadas en el área noreste del país; por lo tanto, cualquier actividad que realice o deje de realizar en ese sentido no afecta a dichas investigaciones, las cuales continúan sin interrupciones”, indicó la institución de las Fuerzas Armadas.
“Es determinación de las autoridades competentes al caso, el decidir las líneas de acción y el término de la misma. Por lo tanto, la Secretaría de Marina quien se ha mantenido con la mejor disposición de cooperar mediante la entrega cabal y oportuna de los reportes solicitados, así como del cumplimiento estricto de las medidas cautelares recibidas no ha sido factor de retraso en el desarrollo de las investigaciones del caso presentado”, abundó la Semar.
-Con información de Reforma.
