Ante la claridad y contundencia de los resultados de la elección presidencial del 1 de julio de 2018, solo hay dos orígenes para tal arrastre de votación a favor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena): la persistencia de Andrés Manuel López Obrador, y la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay más.
Para Andrés Manuel fueron doce años de campañas políticas buscando convertirse en Presidente de México, y cinco años con ocho meses de Enrique Peña Nieto, de actos de corrupción que permanecen en la impunidad.
En ambos casos las actitudes se dieron con generosidad, mientras López Obrador no descansó un minuto en su recorrido por el país para pedir el voto, criticar a la actual administración federal y afianzar su Movimiento de Regeneración Nacional con aliados de todas partes, Peña Nieto solapó la corrupción en casa, en secretarías de Estado, instituciones descentralizadas, gobiernos de los estados, municipios y partido político. Ambos actuaron sin descanso en su cruzada.
Los resultados de esta paralela lucha por el querer ser, aun en sentidos opuestos, demuestran que lo que imperó entre los mexicanos fue dar el voto de confianza ante quien se ha comprometido una y otra vez a combatir la corrupción, y un voto de castigo ante el hartazgo, la indignación y el cinismo de la corrupción por parte del Gobierno Federal.
Si solamente hubiese sido un voto de castigo, la lógica electoral indica que Andrés Manuel López Obrador habría ganado la elección y hasta ahí. Sin embargo, el voto de confianza se vio reflejado cuando los electores que dieron a Morena el voto completo para que obtuviera la representación mayoritaria en las cámaras legislativas federales.
El hecho que no hubiera voto cruzado, es decir, que los electores hubiesen optado por darle el voto a López Obrador pero elegir a otros candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, es el reflejo real y contable de la confianza depositada en quien ganó la elección con el margen más amplio en la historia contemporánea del país, al alcanzar el aplastante 53 por ciento de la intención del voto.
Ahora pues, el mérito del carro completo es exclusivamente de Andrés Manuel López Obrador y su persistencia para llegar a la Presidencia de México, de la cual ha prometido retirarse en seis años como “un buen Presidente”. Regatearle el logro y la empatía que despertó en los millones de electores que salieron en mayor número a votar el domingo 1 de julio, es una actitud más enmarcada en la no aceptación de su liderazgo que en la realidad político electoral de México.
El voto de castigo a Enrique Peña Nieto, derivado mayormente de los actos de corrupción de su gobierno y los de su partido, se confirmó cuando perdió incluso el epicentro político del Partido Revolucionario Institucional, el municipio de Atlacomulco, ahora morenista. Si el liderazgo de Andrés Manuel le había asegurado en su tercer intento por convertirse en Presidente de México para lograr una votación favorable a él, el hartazgo ante la corrupción le dio ese amplio margen de votación para que no quedara duda del cambio en el mapa electoral de México.
Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el priista que dilapidó el activo político del partido al recuperar la Presidencia de la República en 2012 y después de doce años de panismo nacional, para entregar el poder a la izquierda del jovencísimo partido Morena. También se le recordará por haber encabezado el gobierno más corrupto y con mayor impunidad política del que se tenga memoria en este siglo y en el pasado. Los millones de pesos y de dólares que se han exhibido a partir de investigaciones periodísticas y de grupos de la sociedad organizada, que terminaron en casas, en cuentas bancarias de México y del extranjero, en apartamentos, en campañas políticas y que enriquecieron a secretarios, gobernadores y sus familias, es la causa principal de la indignación en este país.
La corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto llevó al PRI de tener 204 diputados en la actual Legislatura, a contar con menos de 45 en la que tomará posesión el 1 de septiembre de 2018. Mientras en la Cámara de Senadores pasará de 55 legisladores priistas, a menos de 15 representantes en la Cámara alta.
Y no hay que equivocarnos, quien parece como el gran perdedor, José Antonio Meade Kuribreña, no lo fue. Ese cargo le corresponde a Peña Nieto, dado que su ex secretario de Hacienda poco o nada podía hacer para levantar una campaña electoral que nació muerta ante los excesos y la corrupción evidenciada en el gobierno peñanietista, los gobernadores tricolores y los funcionarios del gabinete federal. El no procesamiento de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos y cercano colaborador del Presidente por actos de corrupción al ser denunciado por quienes le entregaron más de 10 millones de dólares en sobornos, prevaleció sobre las ”buenas” buenas intenciones de Meade, por ejemplo.
El fracasado ex candidato del PRI no pudo criticar la corrupción de un gobierno del cual fue parte, y el no desmarcarse tampoco le favoreció en su campaña que jamás despegó del tercer lugar. Pero volvemos, no fue él; fue la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto el factor principal de la peor derrota del Partido Revolucionario Institucional desde su fundación, en todos los niveles: Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías, Congresos estatales y hasta regidurías.
México inició su cambio el 1 de julio de 2018. El viraje a la izquierda fue en un carril de combate a la corrupción y la impunidad, que se transitó con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Solo falta esperar que inicie el gobierno castigando a los corruptos que, millonarios, terminan en la lona político electoral, y que lo haga con la misma persistencia con que los denunció y los señaló. Ojalá que así sea.
