El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió este domingo un “habeas corpus” y pidió que la medida sea cumplida en régimen de “urgencia”, para que se libere al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia EFE.
Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente de la República Federativa de Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, afirmó antes de entregarse, que es “inocente” y “la historia probará que la justicia estaba equivocada”, por lo que cumpliría con la orden de arresto en su contra por una condena a 12 años de cárcel por corrupción, misma que dictó el juez Sergio Moro.
El pasado 4 de abril, el Supremo Tribunal Federal de Brasil no aceptó el “habeas corpus” presentado por la defensa del ex presidente, para evitar una condena de 12 años de prisión por un caso de corrupción, de uno de los procesos que se desprenden la investigación conocida como “Lava Jato” (autolavado, en portugués), esto, a tan sólo a seis meses de las elecciones, con sondeos y encuestas que lo tienen como favorito.
El juez Sergio Moro ordenó la prisión de, al menos, una veintena de personas, entre ellos políticos y empresarios, acusados de cohecho y malversación pública. Mientras que “Lava Jato” es una investigación sobre corrupción en la que las élites brasileñas aceptaban sobornos a cambio de contratos públicos, especialmente con la petrolera estatal Petrobras.
En julio de 2017, el juez Moro, declaró culpable al ex presidente Lula da Silva y lo sentenció en primera instancia, a una pena de nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, crimen que presupone que el funcionario público acusado realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado por presuntamente haber aceptado de la empresa OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos, ubicado en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con Petrobras.
La defensa jurídica del ex mandatario brasileño, de 72 años de edad, interpuso un recurso de apelación en segunda instancia, sin embargo, un tribunal de alzada de Porto Alegre, el TRF4, rechazó dicho recurso en enero de 2018 y, además, aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.
El ex mandatario, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial”. En 2016, su partido cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por su vicepresidente, el conservador Michel Temer.
