João Gebran Neto, juez encargado de la situación judicial de Luiz Inácio Lula da Silva, no autorizó este domingo la liberación “inmediata” del ex mandatario brasileño de 72 años de edad -preso desde el pasado 7 de abril-, concedida previamente por otro magistrado federal, según lo informó el diario O Globo.
Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, corte que condenó a Lula da Silva en segunda instancia a 12 años y un mes, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
“Determino que la autoridad coactora y la Policía Federal de Paraná (PF) se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada de la Octava Sala”, comunicó Gebran Neto, que se refería así a la decisión de la sala del Tribunal Regional Cuarto (TRF-4), que condenó al ex presidente.
“La decisión proferida en carácter de guardia podría ser revisada por mí, juez natural para este proceso, en cualquier momento”, indicó Gebran Neto, en referencia a la decisión del juez Rogério Favreto, quien cumplía guardia en el TRF-4, y había aceptado horas antes un pedido de habeas corpus presentado el viernes por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), lo que le otorgaba una libertad inmediata al ex mandatario.
Sin embargo, la Policía Federal brasileña no liberó a Lula da Silva, acatando un despacho del juez Sergio Moro, encargado de la operación “Lava Jato” (autolavado, en portugués), quien consideró que Favreto era incompetente para tomar dicha decisión y que pedía esperar la decisión de Gebran Neto, que finalmente fue negativa.
Moro, quien se encarga de los juicios de primera instancia de los acusados en la trama del “Lava Jato”, condenó a Lula da Silva a nueve años de prisión en julio del año pasado. A inicios de 2018, el TRF-4 ratificó la condena y la aumentó a 12 años. Desde el 7 de abril, el líder del PT y favorito a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, se encuentra en la cárcel.
En su despacho, Moro afirmaba que Favreto no tiene autoridad para ordenar la libertad de Lula y así superponerse a otras decisiones tomadas antes por el mismo TRF-4 e incluso por el plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), máxima corte del país, que ya le había negado un “habeas corpus” al ex presidente el pasado 4 de abril.
Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente de la República Federativa de Brasil entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, afirmó antes de entregarse, que es “inocente” y “la historia probará que la justicia estaba equivocada”, por lo que cumpliría con la orden de arresto en su contra.
El juez Sérgio Moro ordenó la prisión de, al menos, una veintena de personas, entre ellos políticos y empresarios, acusados de cohecho y malversación pública. Mientras que “Lava Jato” es una investigación sobre corrupción en la que las élites brasileñas aceptaban sobornos a cambio de contratos públicos, especialmente con la petrolera estatal Petrobras.
En julio de 2017, el juez Moro, declaró culpable al ex presidente Lula da Silva y lo sentenció en primera instancia, a una pena de nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, crimen que presupone que el funcionario público acusado realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello.
El líder del PT fue condenado por presuntamente haber aceptado de la empresa OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos, ubicado en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con Petrobras.
La defensa jurídica del ex mandatario brasileño interpuso un recurso de apelación en segunda instancia, sin embargo, un tribunal de alzada de Porto Alegre, el TRF4, rechazó dicho recurso en enero de 2018 y, además, aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.
El ex mandatario, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial”. En 2016, su partido cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por su vicepresidente, el conservador Michel Temer.
