El Congreso de Baja California pretendía cobrar un millón 015 pesos por información relativa a las Asociaciones Público Privadas (App), pero el solicitante se inconformó ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaipbc), instancia que resolvió a su favor, determinando “solo” pedirle 13 mil 843 pesos.
Mediante la resolución REV-445/2017, emitida en conjunto con el Congreso del Estado, se determinó que toda la información relativa a las App que consta de 60 expedientes y ocho mil 353 copias, le cueste al ciudadano 13 mil 843 pesos y no el millón de pesos que había solicitado el Congreso Estatal para dar a conocer esta información.
Fue el abogado Fernando Rosales quien solicitó copias certificadas de todo el expediente debido a que lleva (junto con integrantes de Mexicali Resiste), una denuncia penal en contra del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, diversos funcionarios y diputados locales por la aprobación de las Asociaciones Público Privadas, las cuales, afirmó, violentan la ley.
Para presentar la información como prueba, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó copias certificadas del expediente, mismo que le fue negado por el Congreso del Estado al considerarlas como reservadas.
Rosales impugnó ante el Itaipbc, el cual le dio la razón, sin embargo, a la hora de intentar obtener la información, le indicaron que el costo por cada hoja certificada en total rebasaba el millón de pesos, por lo que nuevamente impugnó la respuesta del Congreso del Estado.
Fue hasta el 18 de julio que el Itaip se pronunció al respecto. En un comunicado emitido por la dependencia se afirmó que en aras de garantizar el derecho de acceso a la información y en ejercicio de las atribuciones:
“Se determinó en conjunto con el Congreso del Estado, que no se deberá cobrar los derecho de certificación por cada foja, sino por expediente, por lo que se determinó que el costo que debe pagar el ciudadano por obtener las 8,353 copias y los 60 expedientes deben ser 13 mil 843 pesos más los impuestos correspondientes y no el millón de pesos que manifestó el particular que se le pretendía cobrar”, indicó el comunicado.
