El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves que ha reunido con padres y familiares, a más de mil 800 menores indocumentados de entre 5 y 18 años que habían sido separados en la frontera con México, a pocas horas de que venza el plazo dado por la juez Dana Sabraw, de San Diego.
Las cifras dadas por el Gobierno estadounidense en un informe remitido en una corte de San Diego, California, señala que se han devuelto a sus padres en centros de detención a mil 442 menores, mientras que otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas” y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia o algún otro familiar.
En el documento, los abogados gubernamentales redujeron la cifra de los menores en esas edades que no son elegibles de reunificación a 711, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado al beneficio de la reunificación familiar.
En este grupo de los no elegibles figuran también 67 hijos de padres que representaban un riesgo por sus antecedentes penales, 79 menores cuyos progenitores han sido liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y 94 que están a la espera de confirmar la ubicación de los padres.
En el informe entregado a la Corte, el Gobierno precisó que dichos números se moverán constantemente hasta la medianoche de hoy, luego de que la juez Sabraw, ordenó a la Administración de Donald Trump entregar antes de que finalice este jueves a 2 mil 551 menores de edades entre 5 y 18 años.
Estos menores fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal. El Gobierno acortó esa lista a mil 634 menores, que son los que considera “elegibles” para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La cifra de mil 634 menores ha sido superada, tal como se desprende del documento entregado a la Cual de San Diego, sin embargo, la ACLU insistió en que todavía cientos de familias no podrán estar juntas como consecuencia de la política de “tolerancia cero”, implementada por Trump.
