Ensenada. A petición del patronato, el Colegio Fray Junípero Serra de Ensenada ofreció pagar una indemnización de 60 mil pesos a la familia que desalojó de su vivienda por un adeudo de 21 mil pesos en el pago de colegiaturas de dos estudiantes.
La decisión la tomó el Provincial Carlos Ramón García y el resto de los Definidores de la Curia Franciscana en Baja California, en una reunión efectuada en Mexicali, en la que abordaron la problemática de la familia que fue desalojada de su casa por una deuda con el Colegio Fray Junípero Serra de Ensenada.
A principio de junio, el patronato del Colegio Fray Junípero Serra propuso a la administración del plantel, indemnizar a la familia con 60 mil pesos luego de que en 2016 les quitaran la vivienda de interés social como cobro por el rezago en el pago de colegiaturas.
No obstante, Celia Córdova Córdova, madre de las dos menores estudiantes, consideró que la cantidad propuesta no es suficiente ni para adquirir un terreno, por lo que demandó que, en vez de dinero, la escuela le regrese un pie de casa en una zona cercana a Villas del Sol, fraccionamiento en el que, tras el desalojo, rentan una vivienda por la cantidad de dos mil 500 pesos.
En esa zona también tiene un pequeño negocio de tamales y una de sus hijas cursa la secundaria en una escuela pública cercana, mientras que la mayor recién egresó de una preparatoria pública y está en proceso de ingresar a la carrera de Administración, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
ZETA informó oportunamente sobre el problema de esta familia al exdirector del Colegio Fray Junípero Serra, de nombre Fray Berti, quien en 2013 hizo firmar pagarés a Luciano, papá de las entonces alumnas de la institución.
La casa que les quitaron estaba a nombre de Luciano, quien tenía varios años separado de Celia, aunque no divorciado. Las notificaciones del juzgado nunca le llegaron a Celia, a pesar de que ella pagaba la hipoteca ante Infonavit e iba al corriente.
La mujer comentó que intentó sacar a las menores del colegio, pero fray Bertín le advirtió que no liberaría los papeles para que las escribiera en otra escuela si el padre no firmaba.
“Yo no tenía dinero, estaba desesperada y el papá de mis niñas estaba necio en dejarlas en esa escuela. Mis niñas sufrían porque los maestros no las dejaban hacer examen, las sacaban del salón, fueron meses difíciles”, recordó.
Ese mismo año, la situación se tornó imposible para las dos estudiantes, por lo que pidieron asesoría del Sistema Educativo Estatal (SEE), quien de inmediato la ayudaron a inscribir a las menores en otra institución pública.
Tres años después, vino la resolución de un juez y fueron sacadas de su casa.
En total fueron tres pagarés por las cantidades de nueve mil 979 pesos, otro por 13 mil 064 y uno más por concepto de intereses por 17 mil 939 pesos. En total fueron 40 mil 982 pesos.
La casa que le quitaron fue valorada por el Juzgado en 246 mil pesos mexicanos, aunque para la familia valía más de 400 mil, por las ampliaciones hechas.
