Khinoyuki Catalina del Villar Martínez, exempleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), a través de su abogada Silvia Castro, denunció a ZETA lo que considera un despido injustificado de su cargo como responsable de Archivo General de Quejas del organismo, y llevó el caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, la comisionada de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, explicó que el caso de Del Villar fue un despido por incumplimiento laboral y otras irregularidades, como acudir al área laboral intoxicada con sustancias ilícitas. Además refiere que el caso se hace público porque la exempleada exige a través de su abogada, más dinero por la separación del cargo, 120 mil pesos en lugar de los 90 mil que asegura, le corresponden por Ley.
Del Villar Martínez, con discapacidad auditiva, denuncia que durante meses fue objeto de hostigamiento por parte del personal administrativo de la CEDH, “para obligarla a renunciar a su plaza de base”, la cual ocupa desde el 1 de febrero de 2010, pero tanto el administrador de la Comisión, como la titular, informaron a este Semanario que ninguno de los que ahí laboran, tiene base, pues todos están como empleados de confianza.
Entre los hechos que la exempleada considera como de hostigamiento, refiere que hace siete meses le asignaron trasladarse dos días a la semana, a las instalaciones de la Comisión en Tecate y “le llamaban la atención y ponían actas ante cualquier motivo, como dar una vuelta en U (en un vehículo) en donde no estaba permitido”. Explicó que el miércoles 4 de julio, cuando llegó a las oficinas de Tijuana, fue requerida por la responsable de Recursos Humanos, quien le solicitó su renuncia “a la plaza de base” que tenía, a cambio de una cantidad de dinero, e insiste que fue presionada durante nueve horas, que se solicitaron dos intérpretes de lengua de señas y al que pudieron ingresar los padres de Del Villar Martínez con el fin de orientarla a que no firmara nada hasta que llegara la abogada.
Melba Olvera refirió que efectivamente la sesión con Del Villar había sido larga, debido a que no llegaban a un acuerdo; de hecho, el esposo de la exempleada también la acompañó, pero se retiró a las dos de la tarde, quedándose sus padres y un intérprete que ella seleccionó.
La abogada informó que le fue impedido el paso a la Comisión a pesar de que se identificó como defensora de Del Villar, específicamente refirió un trato irrespetuoso por parte de un abogado a quien reconoció como Arturo Garduño.
Al no llegar a un acuerdo, luego que le solicitaron la renuncia, Del Villar se retiró e insistió en registrar su salida, lo cual, dice, le impidió hacer una empleada de la Comisión que le obstruyó el paso al reloj checador. Aun así, los dos días siguientes se presentó a trabajar, pero ya había sido dada de baja del sistema y el acceso le fue negado. El lunes 9 de julio interpuso denuncia por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En entrevista, la presidenta de la CEDHBC, Melba Olvera Rodríguez, acompañada del director de Administración y Finanzas, Armando Franco Bustos, aseguró que ninguno de los empleados de la Comisión tiene base, que todos están en la categoría de personal de confianza, por lo que rechazó los señalamientos de Khinoyuki Catalina del Villar Martínez y su abogada.
Además, que el Archivo de la institución se trasladó a Tecate en 2015, desde que cambiaron de sede en Tijuana, y desde entonces, Del Villar fue enviada algunas veces a la semana.
Detalló que efectivamente se le solicitó la renuncia, debido a una serie de faltas que cometió desde tiempo atrás en horario laboral, como salir constantemente de las instalaciones por periodos largos, introducir a personas ajenas a la institución, dormir durante su jornada laboral, cometer infracciones de vialidad con un vehículo oficial tomado sin autorización e incluso, la intoxicación con sustancias ilegales, hechos todos que tienen documentados en la Comisión.
Por esos motivos, señaló Olvera, le solicitaron la renuncia y le ofreció 60 mil pesos de liquidación, y después ascendieron la suma de 90 mil pesos, cifra que de acuerdo a la Ley, le corresponde en caso de despido. En ambos casos, explicó Olvera, la exempleada rechazó el acuerdo económico y su abogada pidió 120 mil pesos, cantidad que al serle negada -porque está fuera de la Ley-, advirtió que llevaría el caso a los medios.
Olvera Rodríguez expuso que tanto la CEDHBC, por su naturaleza, y ella misma, son promotores de la inclusión laboral de personas con discapacidad y por ese motivo a Del Villar se le disculparon muchas faltas, hasta que ya no fue posible; por lo que se intentó solucionar el asunto de manera benéfica para aquélla, pero al no acceder, ahora el asunto está en manos de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
