Unos 63 empleados del Poder Judicial que han interpuesto un amparo al considerar que sus derechos humanos y laborales no son respetados, catalogan la propuesta que ahora enarbola el presidente del Tribunal Superior de Justicia, abogado Salvador Ortiz, como discriminadora. Se refieren al polémico plan conocido como haber de retiro, que no es otra cosa más que una jubilación, pero que los magistrados, desde la era de María Esther Rentería, buscan hacerse llegar de una jugosa jubilación a partir de dineros en un fideicomiso.
La cuestión es que el famoso haber de retiro que fue impulsado con ahínco por el ex presidente del tribunal, Jorge Armando Vásquez, no ha sido bien visto, ni por la sociedad, ni por los diputados, ni por el Gobierno del Estado, debido a ello es que no se ha concretado, y los magistrados que tienen un sueldo arriba de los 100 mil pesos mensuales (magistrado presidente 113 mil pesos; magistrado, 107 mil; consejero de la Judicatura, 108 mil), se retiran -cuando el amparo no les funciona- a los 70 años de edad cumplidos, solo con sus ahorros.
En la misma situación están unos mil trabajadores del Poder Judicial en Baja California, quienes obvio no ganan más de 100 mil pesos al mes, pero que no han cotizado en alguna institución pública -a pesar de la reforma a la Ley de ISSSTECALI de 2015 que considera a los trabajadores de confianza- y por lo tanto se van sin jubilación.
Los empleados que promovieron el amparo se han desempeñado en el Poder Judicial por entre 20 y 50 años, pero ni así han asegurado una jubilación. Explicaron en el planteamiento del amparo “…que es evidente que se nos discriminó a los quejosos, como también se segregó a diversos compañeros, dado que dicho PDJ (Plan de Desarrollo Judicial) solo contempla a un grupo selecto de personas (Magistrados y Jueces), por consiguiente resulta evidente que con la implementación de tal documento no se alcanzarán los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular del Estado de Baja California, veamos por qué:
“Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California: ARTÍCULO 15.- Los magistrados, jueces y demás servidores y empleados de la Administración de Justicia, tienen derecho a ser jubilados en los términos que dispongan las leyes respectivas. ARTÍCULO 16.- El retiro de los Jueces, Secretarios de Acuerdos y Actuarios, así como demás servidores y empleados judiciales, se producirá al cumplir setenta años o por padecer incapacidad física o mental que le impidan desempeñar el cargo. DECIMO PRIMERO.- Los derechos de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado serán respetados íntegramente”.
Lo que estos empleados buscan con el amparo es que sea reformado el Plan de Desarrollo Judicial, para ser considerados en el “haber de retiro” todos los trabajadores de confianza, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas y otros, no solo los magistrados, como es el caso actual.
Uno de los abogados que promovió el amparo, detalló: “La problemática que existe en el Poder Judicial del Estado en el tema de seguridad social, es que en la práctica difícilmente se va materializar el otorgamiento de una pensión para cientos de trabajadores judiciales. Por otra parte, los magistrados insisten en que se les apruebe el famoso haber de retiro, pero es exclusivo para ellos, ahora ante la nueva directiva del Poder Judicial, se presentó un nuevo Plan de Desarrollo Judicial y en este se contempla el derecho a la seguridad social integral de titulares (magistrados y jueces), pero no del demás personal”.
Por eso los trabajadores -por lo pronto 63, aunque se espera se sumen otros- buscan ampararse para que se considere a todo el personal judicial en el haber de retiro. Justifican: “No se vale que los magistrados solo piensen en ellos y no en los que sostienen la operación de la dependencia”.
Efectivamente, los magistrados que han promovido el haber de retiro lo han hecho solo en términos que los incluye a ellos, incluso al inicio de la discusión en 2017, no estaban considerando a los magistrados de designación reciente: Mireya Beltrán, Miriam Niebla y el propio Salvador Ortiz. Es de suponerse que en el cambio del Plan de Desarrollo Judicial ya incluyeron a los 17, dado que Ortiz ganó el año pasado la presidencia del Tribunal y será el que reparta.
Otra adición fue incluir en los planes a los jueces, solo que hasta ese nivel se quedaron los magistrados, olvidando a los empleados de confianza, quienes ahora están molestos al sentirse discriminados y violentados sus derechos laborales y humanos.
Salvador Ortiz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, insistió al inicio de su periodo que promovería reformar la Ley Orgánica para que los magistrados se retiraran con el 50 por ciento de su sueldo (más de 50 mil pesos al mes) e incluso comentó que ellos podrían aportar parte de ese dinero, es decir, meterle dinero privado al fideicomiso con recursos públicos. Lo hizo en un intento de aminorar la animadversión que existe contra la propuesta del haber de retiro y para socializar el tema entre ciudadanos, diputados y gobierno. Pero no le ha salido bien.
A pesar que fue Rentería quien como presidente comenzó a reservar dinero para integrar el paquete económico del haber de retiro, y Vásquez pretendió lograrlo, donde no cuentan con apoyo los magistrados que quieren bien jubilarse es en los otros poderes. Ahora tampoco tienen el respaldo de sus colaboradores, quienes se ven discriminados y afectados en sus derechos laborales al ser excluidos del plan de jubilación.
Bueno, de discriminadores no los bajan. Ahora falta esperar la resolución sobre el amparo y ver la respuesta que darán en el Tribunal Superior de Justicia a la demanda de quienes tienen hasta 50 años trabajando en un Poder que los discrimina cuando se trata de dineros. Total que con el haber de retiro, no dan una. Ya deberían regresar el dinero.
Estemos pendientes.
