De acuerdo con el profesor Armando García Benavides, a la fecha han muerto 13 personas que se quedaron esperando a que la caja de ahorros Camac A.C., les devolviera el dinero que depositaron en ese mecanismo creado para maestros jubilados de Baja California.
Según expuso el docente retirado, el último de sus colegas que se sumó a la lista luctuosa fue Abelardo Alcaraz, de Tijuana, quien falleció este 2018 no sin dejar un documento notariado a su esposa e hija para que pudieran reclamar el recurso retenido por el organismo que preside Consuelo Dalila Carrillo Tirado.
Desde hace dos años, la caja de ahorros dejó de funcionar y alrededor de tres mil 400 profesores en retiro no han podido recuperar su dinero e intereses generados, los cuales, a decir de García Benavides, asciende a dos mil millones de pesos, aproximadamente. El afectado añadió que muchas de esas personas, quienes son de la tercera edad, padecen enfermedades y solo cuentan con su pensión para subsistir.
Sobre los montos invertidos en Camac, sostuvo que provinieron de fondos de retiro pertenecientes a los maestros, así como de ganancias obtenidas por algunos depositarios a partir de que vendieron bienes diversos, en vista de los intereses que originalmente ofrecía la Caja Magisterial, los cuales “eran muy favorables”. Distintas cantidades, 200 mil, 800 mil, millón y medio, hasta dos millones de pesos destinados a ese sistema de ahorro, fueron a parar a manos de su administradora Consuelo Dalila Carrillo Tirado, de acuerdo con García Benavides.
“Todo nuestro dinero de retiro como jubilados se metió ahí”, manifestó. Por lo que a él respecta, sacó 400 mil pesos “de un retiro del Estado” y lo invirtió en Camac, “con la ilusión de sacar intereses”.
En entrevista con ZETA, García Benavides refirió que la Caja se desvirtuó una vez que Carrillo Tirado le dio otro uso, consistente en hacer préstamos a personas ajenas al esquema de ahorros y a quienes se les cobraba intereses de entre 18 y 20 por ciento; tasa que por su condición elevada, les impedía ponerse al corriente en sus pagos.
El defraudado acusó que por otro lado, la administradora se dedicó a comprar propiedades con el dinero de los maestros.
Tales factores concurrirían a que Camac entrara en crisis. Desde entonces, “todos los que han querido recoger sus intereses, no se los dan”.
Sobre las demandas interpuestas a nivel estatal por aproximadamente mil 400 maestros de Tijuana, Mexicali y Ensenada; García Benavides refirió que “están muertas” o estancadas en un ambiente donde predomina “la clásica salida de los juzgados”, relativa a que “hay mucho trabajo”, “es muy complejo el problema”. Reconoció el trabajo de los abogados que llevan el caso, Rosendo Cervantes y José Luis Huape, aunque lamentó que se tengan que topar “con la cerrazón de los juzgados, de los jueces, la señora Perla Ibarra (procuradora), el gobernador (‘Kiko’ Vega)”.
Aun así se pronunció esperanzado de recuperar ese capital, pues se trata de “todo nuestro patrimonio”, expresó.
Otros profesores afectados son Carlos Benavides Vázquez, Armando Ruiz Aguilar, Óscar Baltasar Rodríguez, Víctor García Rodríguez, Renato Pastrana Otamendi, quienes acudieron a ZETA a exponer sus casos.
En la primera semana de junio, después de que este Semanario publicara los irregulares cambios en los estatutos de los contratos de Camac con sus asociados, Ricardo García, apoderado del organismo, se comunicaron para “desmentir lo dicho por el abogado José Rodolfo Muñoz García”, quien da seguimiento a denuncias de los profesores que se dicen defraudados.
Este Semanario pidió escuchar la versión de Consuelo Dalila, comprometiéndose ambos (Carrillo Tirado y Ricardo García) a definir día, hora y lugar para una entrevista en los días posteriores, la cual no cumplieron. Aunque esporádicamente han respondido a los mensajes, a la fecha siguen evadiendo el proporcionar su versión sobre el caso.
