Con seis denuncias -una por violación y cinco por abuso sexual- en contra de José Carlos Lezama Montiel, chofer de la guardería Los Pitufos; la estancia infantil continuó operando por un mes más de forma irregular e impune.
Durante ese tiempo, la guardería siguió recibiendo recursos remitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Baja California (DIF BC) que preside Brenda Ruacho de Vega. El dinero es parte del programa de Apoyo a Familias en Situación o Riesgo de Vulnerabilidad, el cual se entrega como apoyo para el pago de guarderías a los beneficiados.
El establecimiento funcionaba y recibía recursos del DIF a pesar de que carecía de permiso de operación y anuencia de impacto ambiental; además de incumplir con otro tipo de licencias y certificaciones exigidas por el municipio, sin que autoridad alguna lo supervisará.
Las irregularidades y delitos se detectaron desde el mes de junio, pero fue hasta después del 2 de julio cuando José Carlos Lezama fue aprehendido por delitos sexuales, y después de que tres familias solicitaron al DIF, que el “apoyo” fuera redireccionado, cuando la institución lo destinó para pagar otra guardería.
En el proceso no hubo otra medida por parte de DIF, ya que la estancia infantil no se encontraba dentro del programa de subsidios y porque el Sistema tampoco había intentado supervisar las guarderías por las que paga la estancia de menores.
Además, “DIF no regula ni da los permisos”, expuso Mirna Ortiz, vocera de DIF Estatal.
ZETA solicitó una entrevista con las autoridades del Sistema para tratar el caso de Los Pitufos, pero: “No nos queremos meter en el tema porque no es del DIF”, fue la respuesta de Ortiz que posteriormente justificó que DIF no supervisa guarderías porque ahí se cuidan a niños que tienen papá y mamá, pero sí supervisan las casas hogar en donde se protegen a menores de edad huérfanos.
Foto: Cortesía.- José Carlos Lezama Montiel / Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art. 13, CNPP
Por su parte, las autoridades municipales tampoco actuaron, a pesar de haber recibido denuncias telefónicas en contra del establecimiento desde junio y que el Ministerio Público notificó el 21 de junio, a las que les daba seguimiento. La clausura de la guardería por parte del municipio se efectuó hasta el 6 de julio.
José Vicente Jiménez Oceguera, director de Inspección y Verificación, reconoció que el 19 de junio de 2018 se recibieron llamadas telefónicas para denunciar la situación de la guardería, de modo que comisionaron a personal de inspección para que verificaran el lugar.
Pero los inspectores llegaron en el momento en que se desarrollaba una junta de padres de familia, “mismos que con agresividad se manifestaron en total oposición a las intenciones de clausurar la negociación; por lo que, ante la situación, se giraron instrucciones al personal para que solo levantaran un acta administrativa y se retiraran del lugar”, anotó el funcionario.
El 21 de junio, la dependencia a su cargo recibió petición escrita por parte de Administración Urbana (DAU) para efectos de que se inspeccionara la guardería, en virtud de que se había recibido denuncia ante el Ministerio Público por la probable comisión de delitos de naturaleza sexual en contra de algunos menores que se atienden en dicho lugar.
Fue hasta el viernes 6 de julio cuando la Dirección de Inspección y Verificación acudió de nuevo a la estancia infantil, procediendo a su clausura. Hasta entonces se dieron cuenta que carecía de permiso de operación, anuencia de impacto ambiental, licencia de anuncios, certificado de fumigación y trampa de grasa.
Además de problemas de higiene, así como presentar instalaciones eléctricas y un aparato de aire acondicionado en malas condiciones, esto de acuerdo al Acta Administrativa DIV/1265/2018.
En cuanto al proceso judicial, José Carlos Lezama Montiel, chofer de la guardería Los Pitufos y esposo de María Esmeralda Padilla, propietaria de esta guardería asentada en el Fraccionamiento El Refugio, fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada y violación impropia en contra de una niña de siete años.
El Juez Daniel Aguilar Patiño estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, para lo que decretó, el imputado permanecerá en prisión preventiva durante ese proceso judicial.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) da seguimiento a cinco denuncias más en contra de Lezama Montiel, por abuso sexual en contra de niñas y niños cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 7 años de edad.
