El gobierno local no solo mantuvo activos a agentes señalados por nexos con bandas criminales. Según documentación en poder de ZETA, el XI Ayuntamiento de Los Cabos (2011-2015) contrató diversos asesores jurídicos que llevaron casos de mandos acusados por “abuso de poder” en la comunidad de La Ribera en San José del Cabo y otro caso de cinco elementos que también fueron protegidos
“Mucho ha criticado el ex alcalde ‘Tony’ Agúndez la inseguridad, la corrupción de las policías y que con él no había tanta corrupción, es sabido que desde que estaba en su gobierno los policías recibían ‘moches’ por proteger a delincuentes, muchos de ellos eran miembros activos de células delictivas de Jalisco y Sinaloa. Está documentado que policías de un grupo criminal detenían a ‘contras’ por cualquier cosa, los mandos de contrarios les pedían que los soltaran y luego los acusaban entre ellos de abuso de poder, todo está documentado”, reveló a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, adscrito al área de Investigaciones Especiales.
La administración de Antonio Agúndez Montaño no solo mantuvo en las líneas municipales a policías señalados por tener nexos con bandas criminales, sino que, de acuerdo con documentación en poder de este Semanario, el XI Ayuntamiento de Los Cabos (2011-2015) contrató diversos asesores jurídicos que llevaron casos de mandos acusados por “abuso de poder” en la comunidad de La Ribera en San José del Cabo y otro caso de cinco elementos que también fueron protegidos, en los cuales se invirtieron alrededor de 330 mil pesos.
Según el expediente y la declaración de los elementos, en el caso ocurrido el 15 de julio de 2011, el comandante delegacional José Ricardo Castro Rosas recibió el reporte del comisariado ejidal de Santa Cruz, Javier Ricardo Aguilar Soto, anotando que “iba siguiendo a cuatro personas que se estaban robando el cerco de un predio, los cuales huyeron a bordo de un vehículo y solicité apoyo para detenerlos”.
El comandante pudo detener a cuatro personas que se identificaron como Luis Alberto Corazón Acevedo, Ignacio Ojeda Carballo, Héctor Manuel López Esparza y Aldo Geovani Almanza López.
En el informe DGSPYTM/DRV/103/2011, del 22 de julio de 2011, el elemento explica lo siguiente:
“Las dejé en libertad a las personas antes mencionadas por órdenes superiores, siendo estas de parte del Mayor Marín y del director de Seguridad Pública”.
Tanto el Mayor Román Martínez Marín como el entonces titular de Seguridad Pública y Policía Preventiva de Los Cabos, Lenin Giovani Rodríguez Aguilar, fueron señalados por un oficial por liberar delincuentes, presuntamente por “contar con nexos con delincuentes, y no solo estos, sino otros más graves, pero obviamente ellos recibían órdenes de células criminales de más arriba para obedecer”, señaló el agente de Investigaciones Especiales.
Declaraciones de Policías Municipales en la administración de Antonio “El Tony” Agúndez, demuestran que los mandos nombrados por el entonces edil estaban coludidos con el crimen, ordenaron liberar a delincuentes.
Los oficiales recibieron la instrucción de dejar libres a los cuatro detenidos supuestamente por robo, pero acorde con los expedientes en poder de ZETA, más oficiales involucrados por abuso de autoridad y nexos con criminales.
De esa manera se pudo comprobar que Antonio Agúndez Montaño protegió a agentes señalados como corruptos en caso de los mandos superiores, los cuales ordenaban a los oficiales de menor rango proteger a ciertos delincuentes, generando impunidad y un mayor número de criminales.
CÓMO SOLAPÓ A LOS AGENTES
El 22 de julio de 2011, el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal en Los Cabos liberó orden de aprehensión en contra de cinco agentes municipales de Los Cabos por el cargo de abuso de autoridad, a lo que los oficiales solicitaron el amparo 688/2011.
Los involucrados fueron Paul Portal Manríquez, Jorge Alfredo García de la Peña, Martín Barajas Valencia, José Hermenegildo Chávez González y Luis Enrique Castro Talamantes. Este último permanece en la corporación, el resto causó baja por fuertes señalamientos y vínculos con la delincuencia organizada.
“Para los oficiales era muy sencillo operar con grupos delincuenciales, de hecho en el cambio de administración algunos se fueron con los ex directivos, los cuales estaban amarrados con diversas bandas criminales de diferentes rubros, pero principalmente de narcomenudeo”, informó el miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública con operaciones en Los Cabos.
Para la “defensa” de los cinco oficiales municipales, se contrató al licenciado Rafael Homero Arvizu Alvarado, socio del despacho Respaldo Jurídico, SC y ex subprocurador de Investigaciones Especiales en la administración gubernamental de Narciso Agúndez Montaño, el cual recibió 308 mil pesos con un comprobante de honorarios por la elaboración de amparos de cinco elementos pertenecientes a Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Los documentos fueron:
* Original de factura número 0031, con fecha 17 de marzo de 2012, por 166 mil 500 pesos; se incluye copia de la declaración preparatoria
* Un supuesto pago por 75 mil pesos como primer pago del 50% por ciento
* Pago de 50 mil pesos, esto es, un 25%, pero al vencer la póliza al 28 de marzo de 2012, el total fue de 308 mil pesos.
Queda claro que hubo favoritismo por parte del alcalde del XI Ayuntamiento de Los Cabos al contratar a un allegado de su hermano Narciso Agúndez, aunado a que cuatro de los cinco oficiales fueron acusados de corrupción y operadores del narcotráfico, sin embargo, se les protegió.
El ex funcionario del Gobierno de Narciso Agúndez en 2005 a 2011, Rafael Homero Arvizu Alvarado, fungía ahora como proveedor en la administración de “El Tony” Agúndez, casualmente elaboró facturas y las cobró en diciembre, justo días después de que el ex gobernador fue liberado del CERESO de La Paz por peculado.
Incluso en su primer informe de gobierno, “Tony” Agúndez da cuenta que en el primer año de gobierno se dieron 22 bajas de la Policía Municipal, pero fue en la anterior administración, para colocar a los compromisos de campaña: once agentes suspendidos, 13 amonestaciones y 17 recomendaciones. Pero en la corporación se mantuvieron cerca de 200 elementos señalados por proteger a narcomenudistas, liberar delincuentes y ser omisos en el cumplimiento de la Ley.
Antonio Agúndez gastó más de 19 millones de pesos en asesoría, estudios e investigaciones, en gran parte de los documentos que sostienen la prueba contable se encuentran proveedores amigos, operadores y allegados, y, en diciembre de 2012, la documentación desapareció.
Casualidad o corrupción, es algo de lo que auditoría y las denuncias formales tienen que dar cuenta, lo cierto es que policías corruptos estuvieron operando a la vista del alcalde del XI Ayuntamiento de Los Cabos y se les protegió por “órdenes superiores”.
Actualmente Agúndez aspira a un puesto de elección popular y pretenden regresar al gobierno municipal a través del Partido del Trabajo con Ernesto Ibarra Montoya, generando incertidumbre.
UTILIZÓ RECURSOS PARA FINES PARTICULARES
La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos fue una de las áreas sensibles de las cuales “Tony” Agúndez pudo extraer gran cantidad de recursos públicos, como “honorarios referentes a la Averiguación Previa LRV/20/2011 por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte en contra del Mayor Román Martínez Marín y otros”, incluyendo a su entonces titular de Seguridad Pública.
El orquestador principal fue Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal de Los Cabos, la transa se originaba cuando el documento legal refería “… a efectos de dar a conocer los resultados de esta defensa”, pero no eran resultados, sino el inicio del procedimiento. Complementaba el siguiente texto: “Tiene un costo por los avances realizados por 20 mil pesos como pago inicial, más impuestos que se generen y un pago final que su importe quedará supeditado a las gestiones que deban realizarse a fin de demostrar ante las autoridades administrativas, sobre la inocencia de los policías en referencia”.
Los asuntos estaban simplemente abiertos, no eran resueltos y el importe podía variar según la necesidad a comprobar del Ayuntamiento de Antonio Agúndez.
Por ejemplo, la solicitud de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales bajo el oficio CP/ITAIBCS 838-2015, responde a que en el ejercicio fiscal 2012 se gastaron más de 19 millones 670 mil 533 pesos en servicios de asesorías, estudios e investigaciones”. La duda es que posiblemente Agúndez Montaño pagó del propio municipio los servicios jurídicos que recibió su hermano el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.
Precisamente en una “revisión exhaustiva” que realizó el propio XI Ayuntamiento de Los Cabos al sustento legal de la documentación que comprobara los gastos de diciembre de 2012 por el concepto de asesorías, la institución respondió:
“Cabe mencionar que el Tomo número 40 de Diario, correspondiente a la Cuenta Pública de Diciembre de 2012, NO se encontró en el Almacén de Glosa donde se resguarda la información contable a cargo de la Dirección Municipal de Contabilidad de Los Cabos”.
Pareciera que los soportes contables de cada uno de los gastos por “asesorías” desaparecieron, incluso desde mayo de 2012, en los libros contables aparecieron extrañas asesorías y pagos de honorarios a diversos abogados, como Manuel de Jesús Encinas Olea, quien recibió 19 mil pesos mensuales por parte del XI Ayuntamiento de Los Cabos.
El concepto de cada uno de los pagos se desarrolló como “asesoría jurídica por diversos asuntos en el mes”, como seguimientos a juicios, asesoría y trámite de juicio, rectificación de documentos y testamentos.
Los conceptos varían, no hay soporte en cada uno de los trabajos realizados ni documentación o expedientes, menos aún números de averiguaciones, lo que hace pensar que ese recurso fue bajado y utilizado en otras acciones, o simplemente fueron justificaciones para acceder a recursos.
De igual manera, aparecen nuevos recursos que fueron operados para apoyar al proceso de Narciso Agúndez Montaño, mientras este se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social de La Paz. Algunos pagos a terceras personas quedaron registrados de la siguiente manera:
El 6 de junio de 2012, en un avalúo de área de donación Ventanas de Cabo San Lucas por 15 mil 500 pesos a nombre de Castro Guluarte Vicente Albino y, el 31 de julio del mismo año y a la misma persona, por el avalúo de una fracción del Panteón de Cabo San Lucas por 37 mil 740 pesos.
Fuentes revelaron a ZETA que Albino Castro Guluarte ha sido reconocido y vinculado como operador económico y político de los hermanos Agúndez Montaño, favoreciéndolo con la entrega de recursos para poderlos justificar en la administración pública y así cubrir los gastos jurídicos de Narciso Agúndez.
CIFRAS DE SEGURIDAD EN LOS CABOS
A la par de la impunidad con que fueron creciendo las bandas delincuenciales en Los Cabos, aumentó la criminalidad y en cierta manera la facilidad y libertad para operar de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Grupos delincuenciales iniciaron una guerra por el control de la venta y distribución de estupefacientes, la tarea fue complicada, pero la Federación bajó recursos para que estados y municipios accedieran a recursos para liquidar a policías corruptos.
Los Cabos inició con una serie de capacitaciones y aplicación de Exámenes de Control y Confianza, desde 2016 arrancó la campaña para limpiar la corporación municipal, en la cual 48 elementos fueron notificados de su baja por no acreditar; de esa cifra, solo cuatro siguieron su procedimiento administrativo.
En 2017, se notificó a 92 agentes municipales, de los cuales 53 fueron dados de baja y 39 continúan el proceso administrativo.
En total, 97 elementos fueron despedidos con motivo de la depuración policial, la mayoría contaban con nexos criminales, otros simplemente reprobaron Control y Confianza, al haber elementos favoritos para la anterior administración, los cuales fueron defendidos con recursos públicos para permanecer en la corporación a través de amparos promovidos desde las arcas municipales. En lugar de deshacerse de policías vinculados con el crimen, se les arropó para seguir operando y hacerse de recursos de dudosa procedencia.
Actualmente el Ayuntamiento de Los Cabos ha lanzado la convocatoria para reclutar oficiales municipales, bajo el mando del Capitán Juan José Zamorano, buscan traer sangre nueva y capacitarlos para evitar que se amañen y posteriormente coludirse.
El sueldo que se ofrece por policía es de 16 mil pesos, solo deben cumplir con requisitos como cartilla militar liberada, bachillerato terminado, contar con entre 19 y 30 años de edad, ser mexicano; incluso acaban de dar a conocer la graduación de una generación más de oficiales que cumplen con capacitaciones y los perfiles requeridos para reducir la impunidad y criminalidad que por años ha prevalecido.
